En las últimas semanas han aumentado significativamente las detenciones de personas extranjeras; en particular, de nicaragüenses que se han visto afectados de manera desproporcionada. Sólo durante esta semana se han registrado allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias de, al menos, veinte nicaragüenses.
Durante los días 20 y 21 de julio, miembros de la Misión constataron las violaciones de derechos humanos que sufrieron los jóvenes Jarlen Manuel Torres Torres, Noe Emilio Avellan Ruiz, Tulio Rafael Bendaña Mejía, Alejandro José García Obregón, Pablo Yase Benoaria, Jorge Danilo Flores, Francisco Israel Connor, Carlos David Bendaña Mejía, Jose Gonzáles, Darwin Antonio Reyes Lazo, Miguel Ángel Aguilar Fernández, Henry Geovany Martínez López, David Jirón. Ellos fueron detenidos arbitrariamente, víctimas de malos tratos. No se les ofreció asistencia consular, ni se les brindó condiciones de detención adecuadas: en algunos casos se les mantuvo detenidos en celdas policiales con otras personas acusadas de la comisión de delitos comunes y no tuvieron acceso a un juez ni a un defensor. Estas acciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Policía Nacional Civil.
Las autoridades responsables justifican estas detenciones con la supuesta existencia de amenazas externas al régimen de facto. Hasta el momento, las detenciones no han arrojado evidencia alguna sobre la participación de las más de cien personas afectadas en acciones que comprometan la seguridad nacional. Por el contrario, muchas de ellas son comerciantes o trabajadoras; algunas con vínculos familiares en Honduras.
Numerosos medios de comunicación locales contribuyen con esta práctica y política xenofóbica, otorgando una cobertura sensacionalista de las detenciones de nicaragüenses e invitando a la población a denunciar la presencia de personas de otras nacionalidades no hondureñas en actitudes sospechosas.
Esta Misión exige el cese inmediato de las detenciones arbitrarias en contra de personas de otras nacionalidades, en particular nicaragüenses, y el acatamiento por parte del régimen de facto de las normas constitucionales y el respeto de los compromisos internacionales estatales relativos a la protección contra la discriminación y la xenofobia, los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, y de los derechos y las garantías judiciales que asisten a toda persona privada de libertad.
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)
FIAN Internacional
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia)
Südwind-Austria
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El Salvador)
Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH)
Alianza Social Continental
Red Birregional Enlazando Alternativas
Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay)
Centro de Estudios Tricontinental