A partir de la crisis económica, pero principalmente de la caída del sistema financiero mundial, las tasas de desempleo en los países desarrollados (pero también de los países subdesarrollados) han alcanzado niveles muy altos, afectando a miles de inmigrantes latinoamericanos y latinoamericanas. Los efectos se han manifestado con más contundencia en Estados Unidos, donde la pérdida de empleos fue un tema central del debate electoral. Por su parte, la crisis ha situado a España, el mayor receptor de inmigrantes latinoamericanos-as, con el peor índice de desempleo en 12 años, al tener cerca de 3 millones de personas sin empleo en noviembre, y el gobierno augura que la situación empeorará en 2009.
En este contexto, el propósito de los países ricos frente a las y los migrantes es cada vez más clara: la gestión de los flujos migratorios para adecuarlos al mercado laboral mundial y utilizarlos de manera que les ayuden a salir de la crisis. El factor esencial que mueve el llamado proceso de globalización es la expansión del mercado, lo que lleva a una profundización de la mercantilización a través de tres procesos interrelacionados: la transnacionalización de la producción, la globalización de los mercados financieros, y el surgimiento tendencial de un mercado laboral global. Y esta tendencia surge, principalmente, por la ofensiva neoliberal de desregulación, liberalización y flexibilización. Mientras que socava el poder negociador de las y los trabajadores organizados y ayuda a depreciar las demandas salariales, simultáneamente crea y/o refuerza la demanda de diversas formas de trabajadoras-es descalificados o semicalificados, empleadas-os bajo crecientes condiciones de precariedad. La inmigración indocumentada es bastante funcional desde esta perspectiva.
Pero con la conformación tendencial de un mercado laboral global y la creciente movilidad laboral que ello implica, se ha vuelto imperativo un régimen efectivo de regulación para la migración internacional. Los gobiernos de los países ricos han venido intentando establecer diversos mecanismos en la tendencia a la regionalización del control de la migración, por vías de consenso, pero también por vías coercitivas. Y es que, debido a que la migración laboral internacional es sólo una manera en la cual el capital global puede acceder al mercado laboral global emergente, el régimen global emergente para el trabajo implica el disciplinamiento del trabajo y la liberación selectiva de la movilidad del trabajo.
Entre estos mecanismos, encontramos la intensificación del control fronterizo y de flujos migratorios entre Estados Unidos, México y Canadá, tras la firma de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), así como los operativos de “Cero Tolerancia” (Streamline Operative), a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Estas operaciones tienen como objetivo someter a los migrantes indocumentados a un juzgado federal para ser procesados por el “delito federal” de “ingresar ilegalmente” a ese país. Multas de 50 a 250 dólares y penas de hasta 6 meses en cárceles lejanas cuando se trate de la primera vez y mayores en reincidentes. No hay oportunidad alguna de obtener libertad condicional o de ser solamente deportado, como anteriormente se hacía.
Por otro lado, después de varios intentos por establecer un mecanismo mayor para regular los flujos migratorios hacia la Unión Europea, el 18 de junio de 2008 fue aprobada por el Parlamento Europeo la llamada Directiva de Retorno mediante la cual se busca criminalizar aún más a ocho millones de inmigrantes en situación irregular al pretender darle más poder a los Estados miembros para repatriar a los “sin papeles”, después de que éstos podrían estar detenidos por un período de entre 6 y hasta 18 meses. Entre los aspectos más polémicos están la posibilidad de detención de los menores no acompañados y la prohibición durante cinco años a los expulsados para volver a entrar en la UE.
Lo cierto es que los gobiernos de Estados Unidos y de varias naciones de la Unión Europea, en particular España e Italia, están aprovechando la crisis económica y el desempleo que ésta produce para endurecer sus políticas de inmigración con el fin de establecer mecanismos de mayor control y regulación de los flujos migratorios, para adecuarlos a un mercado laboral flexible, donde los migrantes entren a laborar a los países que requieren de esta mano de obra y salgan cuando no se les requiere. Estos programas, aunque contienen provisiones que supuestamente garantizan algunos derechos de las y los trabajadores, en la realidad no funcionan pues dichas provisiones son frecuentemente violadas. Y aún no existen otras provisiones que garanticen el derecho de organización de los trabajadores.
La criminalización de las y los trabajadores migrantes mediante leyes o normativas está creando una mayor vulnerabilidad de aquellas-os en situación irregular ,las y los cuales, además de tener que aceptar trabajos pesados, sucios, peligrosos y con bajos salarios; tienen que soportar la discriminación, el hostigamiento y el rechazo de diversos sectores sociales de los países de recepción. Frente a esta situación, los propios migrantes han venido organizándose y movilizándose en contra de su criminalización y en defensa de sus derechos plenos. Las grandes marchas que llenaron las calles de decenas de ciudades estadounidenses con cinco millones de inmigrantes entre marzo y el 1 de mayo de 2006 han sido las manifestaciones más grandes de la historia social y laboral de Estados Unidos.
Frente a esta situación, la Alianza Social Continental, el Grito de los Excluidos y otras organizaciones levantan la bandera de la Ciudadanía Universal y de una integración de los pueblos asentada sobre nuevos principios de solidaridad, respeto a la dignidad humana y responsabilidad con la naturaleza, entre otros.
Definimos la Ciudadanía Universal que reconoce a todo ser humano (y grupo de humanos) en función de su humanidad misma y no de su origen nacional, el ser titular/es de derechos económicos, sociales, políticos y culturales, con respeto a la diversidad, ahí donde estén. La Ciudadanía Universal comprende:
Acceso y pleno disfrute de los derechos humanos y políticos consagrados por los derechos internacionales y nacionales sobre estas materias, incluso el derecho al voto. Es imprescindible que todos los gobiernos firmen, ratifiquen y pongan en práctica la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de los Trabajadores Inmigrantes y de sus Familias.
No criminalización de las personas migrantes por la situación administrativa en la que se encuentren, pues no hay ser humano ilegal.
Libre circulación de las personas migrantes en nuestra región, así como en Estados Unidos y Europa (los principales destinos de las y los migrantes latinoamericanos).
Regularización General, pues para poder llegar a una verdadera integración de los pueblos es necesario que todas las personas tengan aseguradas las mismas condiciones de acceso a una vida digna.
Desde esta perspectiva condenamos la “Directiva de Retorno”, la “Tolerancia Cero” y los “Muros de la Vergüenza” que La Unión Europea y Estados Unidos erigen como muros visibles e invisibles a la dignificación de las personas migrantes.
La Ciudadanía Universal es una urgencia actual en el mundo en el que se desenvuelven las migraciones en el mundo entero, pues la dignificación de las personas no puede esperar más y debemos seguir la lucha por la misma con más compromiso, cuando los gobiernos de las grandes potencias y de muchos otros países imponen legislaciones punitivas, persecutorias y racistas en contra de las personas que salen de sus países buscando la forma de sobrevivir, dentro de un sistema económico y social que las obligó a dejar sus países y que, al llegar a otro las castiga como si las personas fuesen responsables o culpables de haber tenido que emigrar.
Que la migración sea una elección libre de las personas y no una imposición, una opción forzosa.
