Las causas son conocidas: una profunda injusticia en la distribución de las riquezas, un acaparamiento de las tierras por una reducida minoría de grandes terratenientes. Según la FAO,[1] 963 millones de personas padecían hambre en 2008. Situación paradójica: estas personas pertenecen estructuralmente a la población rural. En su mayoría son productores agrícolas que no poseen propiedades o tiene muy pocas tierras, ni tampoco nada que las valorice.
¿Cuál es el origen de la crisis alimentaria 2007-2008?
Se debe señalar que en 2007-2008, la cantidad de personas que padecían hambre aumentó en 140 millones. Este aumento neto se debió a la fuerte subida del precio de los productos alimentarios.[2] En muchos países, este aumento de los precios de la venta de alimentos al por menor llega a ser, a veces, del 50 %.
¿Por qué se produjo este aumento? Es importante comprender qué es lo que pasa desde hace tres años para responder a esta pregunta y, luego se podrá poner en práctica políticas alternativas adecuadas.
Por una parte, los poderes públicos del Norte han aumentado sus ayudas y sus subvenciones a los agrocombustibles (llamados erróneamente biocombustibles, cuando no tienen nada de bio, «de ecológico»). De pronto se volvió rentable reemplazar los cultivos para la alimentación humana por cultivos de forrajes y de oleaginosas, o desviar una parte de la cosecha de granos (maíz, trigo…) hacia la producción de agrocombustibles.
Por otra parte, después del estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, y luego, de rebote, en el resto del mundo, la especulación de los grandes inversores (fondos de pensión, bancos de inversiones, hedge funds…) se desplazó hacia los mercados donde se negocian los contratos de los productos primarios alimentarios —principalmente en tres bolsas de Estados Unidos especializadas en el mercado a término de granos: Chicago, Kansas City y Minneapolis—. Por lo tanto, es urgente que los ciudadanos actúen para impedir por vía legal la especulación sobre los alimentos… Aunque la especulación a la alza terminó a mediados de 2008 y que el precio en los mercados a término se desplomó, los precios al por menor no siguieron el mismo descenso. Una aplastante mayoría de la población mundial dispone de unos ingresos muy bajos y sufre todavía hoy las consecuencias dramáticas del aumento del precio de los alimentos de 2007-2008. Las decenas de millones de empleos perdidos anunciados para 2009-2010 a escala mundial agravarán más la situación. Para contrarrestar esta situación, es necesario que las autoridades públicas ejerzan un control sobre los precios de los alimentos con el fin de hacerlos bajar.
El aumento del hambre en el mundo no es debido, por el momento, al cambio climático. Pero este factor tendrá consecuencias muy negativas en el futuro en la producción agrícola de algunas regiones del mundo, en particular en las zonas tropicales y subtropicales. La producción agrícola en la zona templada se vería menos afectada. La solución consiste en una acción radical para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (el GIEC3 recomienda una disminución del 80% de las emisiones para los países más industrializados y un 20 % para los demás).
¿Es posible erradicar el hambre?
Sí, es posible. Las soluciones fundamentales para alcanzar este objetivo vital pasan por una política de soberanía alimentaria y una reforma agraria. Por lo tanto, se debe alimentar la población a partir del esfuerzo de los productores locales, y limitar, al mismo tiempo, las importaciones y exportaciones.
Es necesario que la soberanía alimentaria esté en el seno de las decisiones políticas de los gobiernos. La base deben ser las explotaciones agrícolas familiares que utilizan técnicas destinadas a producir los alimentos ecológicos. Esto permitiría de disponer de una alimentación de calidad: sin OGM, sin plaguicidas, sin herbicidas, sin abonos químicos. Pero para alcanzar este objetivo, es necesario que más de 3.000 millones de campesinos puedan acceder a la tierra en cantidad suficiente y que la puedan trabajar por su cuenta en vez de enriquecer a los grandes propietarios, a las transnacionales de la agroindustria y a los comerciantes. También deben disponer, gracias a la ayuda pública, de medios para cultivar la tierra (sin agotarla).
Y, por consiguiente, es necesaria una reforma agraria, reforma que falta de forma cruel, ya sea en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en Asia o en algunos países de África. Una reforma agraria de este tipo debe organizar la distribución de las tierras y prohibir las grandes propiedades privadas por un lado, y por otro debe proveer un apoyo público al trabajo de los agricultores.
Es importante señalar que el FMI y sobre todo el Banco Mundial tienen una enorme responsabilidad en la crisis alimentaria, ya que son los que recomendaron a los gobiernos del Sur suprimir los organismos de crédito público para los campesinos y colocaron a los pequeños productores agrícolas entre las garras de los prestamistas privados (a menudo, grandes comerciantes), o de bancos privados que aplican tipos de interés usureros. Esto provocó el endeudamiento masivo de los campesinos, ya sea en la India, en Nicaragua, en México, en Egipto o en numerosos países del África subsahariana. Según las encuestas oficiales, el sobre endeudamiento que afecta a los campesinos indios es la principal causa de suicidio de 150.000 campesinos en la India en el curso de los últimos 10 años. Es un país donde precisamente el Banco Mundial tuvo éxito en convencer a las autoridades para que suprimieran las agencias públicas de crédito a los agricultores. Y esto no es todo: durante los últimos cuarenta años, el Banco Mundial y el FMI alentaron a los países tropicales a disminuir su producción de trigo, de arroz o de maíz para reemplazarla por cultivos para la exportación (cacao, café, té, bananas, cacahuetes, flores…). Finalmente, para redondear su trabajo en favor de las grandes sociedades del agrobusiness y de los grandes países exportadores de cereales (comenzando por Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental), lograron que los gobiernos abrieran las fronteras de par en par a la importación de alimentos, que se beneficia de las subvenciones masivas de los gobiernos del Norte, lo que ha provocado la quiebra de muchos productores del Sur y una fuerte reducción de la producción de alimentos para el consumo local.
En resumen, es necesario poner en marcha la soberanía alimentaria y la reforma agraria. Hay que abandonar la producción de agrocombustibles y desterrar las subvenciones públicas a los que los producen. También, se debe volver a crear en el Sur los stocks públicos de reserva de alimentos (en particular de granos: arroz, trigo, maíz…) y los organismos públicos de crédito a los agricultores y restablecer una regulación de los precios de los alimentos. Es necesario garantizar que las poblaciones de bajos ingresos puedan beneficiarse de precios bajos para alimentos de calidad. El Estado debe asegurar a los pequeños productores agrícolas precios de venta suficientemente elevados con el fin de permitirles mejorar en forma neta sus condiciones de vida. El Estado debe también desarrollar los servicios públicos en los medios rurales (salud, educación, comunicaciones, cultura, «bancos» de semillas, etc.). Los poderes públicos pueden perfectamente garantizar a la vez unos precios subvencionados a los consumidores de alimentos y un precio de venta suficientemente elevado para que los pequeños productores dispongan de los ingresos necesarios.
¿Acaso, este combate contra el hambre no es parte de un combate más amplio?
No se puede pretender luchar seriamente contra el hambre sin atacar las causas fundamentales que han llevado a la situación actual. Y la deuda es una de estas causas. Los golpes publicitarios sobre el tema, frecuentes durantes estos últimos años, en particular durante las cumbres del G8 o del G20, no pueden ocultar que el problema sigue sin solución. La crisis global que actualmente afecta al mundo agrava la situación de los países en desarrollo frente al costo del endeudamiento y de las nuevas crisis de deuda que se están preparando en el Sur. Esta deuda condujo a los pueblos del Sur, provistos con frecuencia de riquezas humanas y naturales considerables, a un empobrecimiento general. La deuda es un saqueo organizado al que es urgente ponerle fin.
Efectivamente, el mecanismo infernal de la deuda pública es el principal obstáculo para asegurar la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, y entre las cuales está una alimentación decente. Sin ninguna duda, la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales debe primar sobre cualquier otra consideración, geopolítica o financiera. En el plano moral, los derechos de los acreedores, rentistas y especuladores no pueden pesar lo mismo que los derechos fundamentales de 6.000 millones de ciudadanos, pisoteados por el mecanismo implacable que representa la deuda.
Es inmoral pedir a los países empobrecidos por una crisis global, de la que no son en absoluto responsables, que dediquen una parte de sus recursos a reembolsar a sus acreedores adinerados (ya sean del Norte o del Sur), en lugar de destinarlos a la satisfacción de esas necesidades fundamentales. La inmoralidad de la deuda proviene también del hecho de que con frecuencia fue contraída por regímenes no democráticos, que no utilizaron las sumas recibidas en interés de sus poblaciones y que a menudo organizaron desvíos masivos del dinero, con el acuerdo tácito o activo, de los gobiernos del Norte, del Banco Mundial y del FMI. Los acreedores de los países más industrializados prestaron el dinero con conocimiento de causa a regímenes a menudo corruptos. Por lo tanto, no tienen derecho a exigir a los pueblos que paguen esas deudas inmorales e ilegítimas.
En resumen; la deuda es uno de los principales mecanismos por los que una nueva forma de colonización se opera en detrimento de los pueblos. Se añade a los atentados históricos llevados a cabo también por los países ricos: esclavismo, exterminio de las poblaciones indígenas, yugo colonial, saqueo de las materias primas, de la biodiversidad, de la sabiduría de los campesinos (mediante las patentes en provecho de las transnacionales del agrobusiness del Norte de productos agrícolas del Sur, como el arroz basmati indio) y de los bienes culturales, la fuga de cerebros, etc. Ha llegado la hora de reemplazar la lógica de la dominación por una lógica de redistribución de las riquezas en nombre de la justicia.
El G8, el FMI, el Banco Mundial y el Club de París imponen su propia verdad, su propia justicia, de la que son juez y parte. Frente a la crisis, el G20 tomó el relevo y busca recolocar a un FMI desacreditado y deslegitimado en el centro del juego político y económico. Hay que acabar con esta injusticia que beneficia a los opresores, tanto sean del Norte como del Sur.
Eric Toussaint, doctor en Ciencias Políticas, es presidente de CADTM Bélgica (Comité para la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo, www.cadtm.org), autor de El Banco del Sur y la nueva crisis internacional, El Viejo Topo, 2008, 230 páginas (también publicado en 2008 en Ecuador por Abya Yala y en Bolivia por el Observatorio DESC).
Damien Millet, matemático, es portavoz de CADTM Francia, autor de Africa sin Deuda, Icaria, Barcelona, 2007.
En forma conjunta, escribieron 60 preguntas, 60 respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial, próxima edición Icaria/Intermón Oxfam.
Traducido por Griselda Pionero y Raul Quiroz.
