Colombia vive un conflicto social, político y armado hace más de 60 años. Intelectuales, artistas, activistas de organizaciones sociales, líderes religiosos, eclesiales y ecuménicos, hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo, hemos escuchado el clamor de su pueblo. Conocemos los altísimos costos humanos, sociales y ambientales de la guerra. Las causas históricas de este conflicto siguen vigentes, y quizás han sido profundizadas: la miseria, la desigualdad, la discriminación, la falta de oportunidades para la participación política de los sectores populares, la violencia y la criminalización de la protesta social.
Conscientes que la paz con justicia social, dignidad y soberanía para el pueblo colombiano es imprescindible para la construcción de la Patria Grande, nos sumamos al reclamo por una solución política al conflicto.
Recibimos con alegría y esperanza las noticias de las conversaciones que tienen lugar en La Habana, Cuba, entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo –FARC-EP, con la certeza que la construcción de la paz necesita de la participación de toda la
sociedad y todas las fuerzas insurgentes colombianas. En este sentido, instamos con vehemencia al Gobierno Colombiano a concretar un escenario de diálogo con el Ejercito de Liberación Nacional – ELN que se sume a este caudal por la construcción de la Paz en Colombia.
Para generar un ambiente que facilite los diálogos, juntamos nuestras voces a las que demandan el cese bilateral de las hostilidades.Apoyamos la exigencia del movimiento social colombiano a las partes de no levantarse de la mesa de diálogos hasta tanto se logren los objetivos.
Respaldamos solidariamente los esfuerzos unitarios de los sectores populares de Colombia que convergen en la Ruta Social Común para la Paz, reconociendo en ese espacio la expresión soberana de las mayorías que luchan por la paz con justicia social, democracia plena, vida y trabajos dignos; por salud y educación pública y
gratuita; por el derecho a la tierra y al territorio de las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas; el respeto y soberanía de los bienes comunes; por los derechos de las mujeres; la autonomía y el respeto por la identidad y la cultura; los derechos a la memoria, verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición; por la soberanía y la autodeterminación.
Reconociendo que es en la sociedad donde se asienta la paz, la legitimidad y la validez de los resultados de los diálogos en La Habana, reiteramos el llamado a la ampliación de los mecanismos de participación propositiva de la misma en este proceso. Son las voces, los cuerpos y los ríos de gente los que demuestran la determinación del pueblo colombiano para exigir y construir caminos de justicia social hacia la verdadera paz y la vida digna de todos los colombianos y colombianas.
Por ello, saludamos y apoyamos enérgicamente las expresiones populares y masivas como la Marcha por la Paz, la Justicia y en Defensa de lo Público el día 9 de abril, el Congreso para la Paz que se llevará a cabo entre el 19 y el 22 de abril, los Congresos Regionales para la Paz, las Asambleas Constituyentes por la Paz, y los Consejos territoriales por la paz: dinámicas todas que cuentan con amplia participación popular.
Expresamos nuestra solidaridad con el clamor de paz del pueblo colombiano y sus organizaciones. Nos comprometemos a difundir en todos los espacios este llamamiento y nos ponemos a su disposición para acompañar todas las iniciativas que sirvan al proceso de construcción de la paz en Colombia.
Caracas, Túnez, marzo, 2013
