Que en la madrugada del sábado 30 de abril y la noche del lunes 2 de mayo del presente año, las amenazas de muerte fueron deslizadas bajo la puerta de la radio comunitaria Radio Victoria a pesar de la supuesta presencia de la Policía Nacional Civil en un horario comprendido entre las 4:00 pm a 8:00 am como parte de las medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Que los sujetos operativos de estas acciones siempre se identifican como un “grupo de extermi-nio”, quienes en las últimas amenazas llegan al punto de dar plazos, poniendo como fecha límite hasta el miércoles 4 de mayo para que los jóvenes periodistas, Pablo Ayala, Oscar Beltrán y Ma-nuel Navarrete abandonen el departamento de Cabañas señalándolos de bocones y de estorbos y que de no acatar los tiempos serán asesinados.
Que estos hechos se suman a las anteriores amenazas de muerte al personal de Radio Victoria, ASIC, MUFRAS 32 y ADES, organizaciones que brindan acompañamiento a líderes y comunida-des afectadas por la minería. Los jóvenes periodistas de Radio Victoria vienen siendo amenaza-dos desde el 2006 y hasta la fecha no se ha dado con los actores materiales mucho menos con los intelectuales de esta campaña de terror a muerte que se mantiene contra la Radio.
Que es preocupante e indignante como las defensoras y defensores de Derechos Humanos del Departamento de Cabañas, parece ser que tienen que acostumbrase a vivir con la angustia que pueden ser desaparecidos, asesinados, torturados y/o amenazados permanentemente; escenario que se ha vuelto pan de todos los días en el Departamento de Cabañas, sin que la Fiscalía Gene-ral de la República y la Policía Nacional Civil y el Estado salvadoreño de una respuesta efectiva a las víctimas, explicando que es lo que sucede y quien lo está generando.
Esta campaña de terror contra los periodistas de Radio Victoria y ambientalistas de Cabañas tiene el propósito de amedrentar y silenciar las denuncias que se han realizado frente a la amenaza que significa la explotación de la minería en el país y las denuncias de los actos de corrupción por parte de alcaldes y diputados.
Antes estos hechos expresamos, nuestra más alta preocupación que la institucionalidad del Esta-do sea cómplice de la impunidad cuando no ejerce su responsabilidad de investigar a los impul-sores de este tipo de campañas de terror y muerte.
ADES demanda a la Fiscalía General de la República, la investigación de estos hechos, que aten-tan contra la vida, la libertad y la seguridad de los defensores de Derechos Humanos en Cabañas.
Sensuntepeque, Cabañas 3 de mayo 2011
ASOCIACION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, SANTA MARTA ADES.
