El oficial diario Granma aseguró este viernes que el Consejo de Ministros, presidido por Castro, aprobó en su reunión de junio la política diseñada para la flexibilización y eliminación de trámites asociados a la transmisión de la propiedad de viviendas y vehículos de motor entre personas naturales, tanto de nacionalidad cubana como extranjeros con residencia permanente.
En ambos casos existe un enmarañado conjunto de prohibiciones y regulaciones que debe ser previamente desmontado para hacer efectiva la reforma, que devuelve a las personas el derecho individual sobre esos bienes. Según la fuente, se espera tener listas las nuevas normativas jurídicas antes de que finalice el año en curso.
Hasta ahora, las personas dueñas de una casa solo pueden venderla al Estado, único comprador legal también en el caso de los automóviles fabricados después de 1959.
Varios decretos y unas 188 disposiciones en el caso de la vivienda y unas 40 prohibiciones o limitaciones en el de la propiedad de equipos motorizados impiden la transacción entre personas naturales de estos bienes.
Una vez aplicada, la reforma permitirá la donación y compraventa de vehículos de propiedad personal, lo mismo a las personas naturales con domicilio en el país, que a extranjeros residentes permanentes en Cuba, con independencia del año de su fabricación, previo el pago del Impuesto sobre la Transmisión de Bienes y Herencias.
Asimismo, se suprime la restricción de que las personas naturales que recibieran autorización para comprar un vehículo y fueran propietarias de otro debían traspasar este último al Estado o darle baja, mediante su entrega como materia prima. También se asegurará el derecho de legar este bien a familiares hasta cuarto grado de consanguinidad.
A su vez, los extranjeros que tengan residencia temporal en el país podrán traspasar la propiedad de sus vehículos a su cónyuge e hijos, aunque si lo desean, también se mantiene la posibilidad de venta o donación al Estado, así como la reexportación.
Las autoridades esperan que la flexibilización de los trámites relacionados con la pertenencia de las viviendas contribuya a aliviar el agudo déficit habitacional que se arrastra desde hace años, estimado en unas 600.000 unidades y considerado uno de los problemas sociales graves que impacta sobre la población cubana de 11,2 millones de personas.
Según Granma, fue “indispensable llevar adelante una profunda labor de revisión del complejo entramado de normas jurídicas en vigor y trabajar por presentar una disposición para que las gestiones de los ciudadanos no sean entorpecidas por regulaciones burocráticas que propicien la repetición de las manifestaciones de ilegalidades y corrupción”.
El régimen de propiedad de los bienes inmuebles particulares está sometido a una excesiva cantidad de normas legales que incluyen, además de la Ley General de Vivienda, cinco Decretos-Leyes, dos Decretos y otras 180 disposiciones de rango inferior entre resoluciones, instrucciones y circulares del Instituto Nacional de la Vivienda, el Ministerio de Justicia y otros organismos.
La reforma facilitará los trámites para la compraventa, permuta, donación y adjudicación de casas entre personas naturales cubanas con domicilio en el país y extranjeros residentes permanentes en Cuba. Entre otros requisitos, se establece que una persona no puede poseer más de una vivienda.
“Ahora si me siento dueño de verdad de mi casa”, comentó una mujer que dijo llamarse Ana y acababa de leer la noticia en Granma cuando fue abordada por IPS. Otra persona dijo esperar que los precios de las viviendas fueran razonables. “Llevo tiempo ahorrando para comprar aunque sea un cuarto. vamos a ver si ahora puedo hacerlo”, comentó.
Investigadores consideran que estos cambios significan un paso importante en la restitución del derecho sobre la propiedad individual, aunque en otros sectores sigue siendo uno de los problemas pendientes de solución. La economía cubana alcanzó un alto grado de concentración estatal a partir de las medidas de expropiación adoptadas en la década de los 60.
Después de 1968 y una vez transcurrido el llamado proceso de ofensiva revolucionaria, pasaron a manos del Estado todas las micro, pequeñas, medianas empresas y actividades de comercio y servicios privadas de todo tipo.
Datos aportados por el economista Armando Nova en un artículo aún inédito, al que tuvo acceso IPS, indican que por ese entonces, el 100 por ciento de la Banca, Comercio Exterior Comercio Mayorista, Comercio Minorista, Transporte, Construcción e Industria, así como el 70 por ciento de la tierra agrícola formó parte del sector estatal.
A comienzos de los años 90 el Estado llegó a poseer 82 por ciento de la tierra del país. Pero, entre otras fórmulas para reactivar el alicaído sector agropecuario, el gobierno comenzó en 2008 a entregar tierras en usufructo a personas individuales y cooperativas con capacidad para hacer producir las áreas cultivables.
Según con la versión periodística, en la reunión con sus ministros Castro insistió en la necesidad de elevar la producción de alimentos, pues su importación cuesta más de 1.000 millones de dólares a la economía nacional, debido al continuado incremento de los precios en el mercado internacional.
