EL 16 de septiembre la Gaceta Oficial publicó la ley 39.511 que aprueba el acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y China sobre cooperación para financiamiento a largo plazo. Se trata de un crédito de 20.000 millones de dólares para financiar 19 proyectos de desarrollo. El pago de la línea de crédito se efectuará mediante la venta de petróleo crudo: para el año 2010, no menos de 200.000 barriles diarios; para el año 2011, no menos de 250.000 barriles diarios; para el 2012 no menos de 300.000 barriles diarios.
El acuerdo fue anunciado por el presidente Hugo Chávez en abril pasado, remarcando que el volumen de la inversión china no tiene parangón en los 60 años de existencia de la República Popular. No se trata solamente del monto, dijo en su momento, “hay que darle una lectura política, geopolítica, de confianza”.
Venezuela ya envía a China cerca de 500.000 barriles diarios de petróleo, a los que deben sumarse 400.000 barriles que producirá una empresa mixta binacional que operará en la Faja del Orinoco. Y, finalmente, los 300.000 barriles del último acuerdo. En total, las exportaciones de petróleo venezolano a China superarán el millón de barriles diarios. La misma cantidad que Venezuela exporta a Estados Unidos.
Geoestrategia China
“Todo el petróleo que China pueda necesitar para consolidarse como una gran potencia está aquí”, dijo Chávez el 18 de setiembre al recibir los primeros cuatro mil millones de dólares del acuerdo. Para evaluar el acuerdo firmado, así como el volumen total de la inversión china en Venezuela, debe considerarse que la potencia asiática registró una inversión directa en el exterior de 56.500 millones de dólares en 2009. La mayor de su historia. O sea, el acuerdo con Venezuela representa casi el 36 por ciento del total anual en su mejor año. Y en un solo país.
Es evidente que nadie suelta 20 mil millones de dólares de un saque sin estar muy seguro de lo que está haciendo. Una cifra que equivale al PIB de Bolivia y Paraguay juntos, o a dos tercios del PIB uruguayo. Y no lo hace en cualquier país, sino en aquel que hasta ahora tenía el grueso de sus exportaciones focalizadas hacia Estados Unidos. En 2007 Venezuela exportó 1,3 millones de barriles diarios de petróleo hacia ese país, con lo que desplazó a México como tercer proveedor de Washington. Esas cifras señalan que cerca de un 85 por ciento del crudo exportado de Venezuela va hacia los mercados de Estados Unidos.
China realizó además otras inversiones en Venezuela vinculadas a la explotación minera que incluyen 50 proyectos para explotación de aluminio, bauxita, carbón, hierro y oro y otro acuerdo para ingresar en la Faja Petrolera del Orinoco por 16 mil millones de dólares que permitirá a PDVSA elevar la producción en casi un millón de barriles diarios. El último acuerdo al que se refiere Chávez, incluye planes hasta el año 2030 para el desarrollo integral de ocho sectores: electricidad, transporte, minería, viviendas, finanzas, petróleo, gas y petroquímica. Y supone la construcción conjunto de taladros petroleros, plataformas, ferrocarriles que van a cruzar al faja del Orinoco y 20 mil viviendas en el sureste venezolano.
La inversión china en Venezuela asciende a 44 mil millones de dólares, toda vez que ya había un compromiso para un “fondo pesado binacional” de 8 mil millones de dólares. Es evidente que nadie arriesga ese dinero sin tener la seguridad de que no lo va a perder. Dicho de otro modo, China puede contar con que sus inversiones en Venezuela son seguras, mucho más allá de lo que suceda en las urnas. Así razonan todas las potencias del planeta.
Réplicas de Washington
En los últimos doce años la antigua clase dominante ha perdido gran parte de su poder en Venezuela, al punto que un sector significativo de sus miembros emigró a Estados Unidos, Colombia y Perú, entre otros. Algunas de las mayores empresas del país, entre ellas PDVSA, CANTV, la principal empresa de comunicaciones, la mayor parte de los bancos así como empresas agropecuarias y millones de hectáreas de tierras improductivas, pasaron a manos del Estado.
Los principales riesgos para la continuidad del proceso bolivariano no radican en una burguesía declinante sino en la nueva “boliburguesía” nacida del control de las empresas estatales y de cargos políticos, integrada por burócratas oportunistas que han hecho fortunas al subirse al proceso. Una parte de esos personajes fungen como cuadros del PSUV (Partido Socialista Unificado de Venezuela). En las elecciones del domingo 26 no está en juego el proceso de cambios sino algo más sutil, pero no menos importante.
La Asamblea Nacional cuenta con 165 diputados que serán renovados en su totalidad. El 60 por ciento de los escaños se obtienen de modo nominal y el resto en forma proporcional. Tres pertenecen a circunscripciones indígenas. La lista que obtenga la mitad más uno de los votos en cada circunscripción, obtendrá el 75 por ciento de los escaños del escrutinio proporcional. El asunto es que la Constitución establece que las leyes orgánicas necesitan dos tercios de los diputados para ser aprobadas y las leyes habilitantes, las que facultan al presidente a gobernar por decreto, requieren las tres quintas partes de los legisladores.
Como señala Ignacio Ramonet, “le bastaría a la oposición obtener 56 votos sobre 165, para impedir la adopción de leyes orgánicas, y 67 votos para imposibilitar la aprobación de leyes habilitantes. Hasta ahora las principales reformas han podido realizarse gracias precisamente a leyes habilitantes” (Le Monde Diplomatique, setiembre 2010).
Es muy probable que la oposición alcance alguna de esas cifras, por varias razones: la inseguridad que hace que Venezuela sea el país con mayor índice de homicidios del continente junto a Honduras y El Salvador; una inflación galopante que alcanza el 30 por ciento anual; la corrupción incrustada en todas las esferas del aparato estatal. Además, la oposición viene avanzando en los últimos años: en las elecciones de 2008 ganó los tres estados más poblados (Miranda, Zulia y Nueva Esparta) y la alcaldía de Caracas.
Es posible que el chavismo no consiga los dos tercios, o sea 110 escaños. Los adversarios del proceso, los think tank estadounidenses, comprendieron que pueden bloquear el proceso bolivariano “desde adentro”, ya que atacándolo “desde afuera” (golpe de Estado, paros patronales y petrolero) no consiguieron más que blindar a la población de los cerros con el presidente Chávez. Ahora parecen apostar a una implosión del proceso o, en su defecto, a un cierre autoritario y defensivo.
El torbellino geopolítico
En el marco del centenario de la Universidad Autónoma Nacional de México, Noam Chomsky expuso su visión del momento que atraviesa su país, Estados Unidos. Dijo que el control del mundo “no es cosa sencilla, ni siquiera para un Estado con un poder sin precedentes”. Fue muy precioso al argumentar que ”ese poder se erosiona por todos lados, y hasta en el patio trasero de Washington los súbditos se vuelven cada vez más desobedientes” (La Jornada, 22 de setiembre).
Sostuvo que el gran desafío proviene de China, pero alertó sobre un hecho poco comentado en los medios de comunicación occidentales, que revela el cambio hegemónico en curso, consistente en que “por un raro accidente geológico, China posee 97 por ciento de tierras preciosas, ricas en componentes indispensables para el desarrollo de la electrónica y la industria verde”. Dijo que ahí está el futuro y que las inversiones destinadas a la industria verde en China superan las que logran atraer los países europeos, Estados Unidos y Canadá juntos.
Una inteligencia fina y profunda no podía dejar pasar ese dato. Pero agregó otro elemento, para completar su visión del mundo: “Si Estados Unidos no es capaz de controlar a América Latina, no podrá imponer el orden en el resto del mundo”. Uno de los varios ojos del huracán geopolítico está focalizado en Venezuela, cuya alianza estratégica con China parece irreversible.
– Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales.
