Estados Unidos y sus aliados han decidido demoler al Estado Venezolano violando su Constitución en medio de una campaña basada en amenazas de intervención militar y una intensificación del bloqueo económico estadounidense desde el 23 de enero de este año.
Fue para ello que declararon a Juan Guaidó como «Presidente Encargado de la República», desestimando a los más de 6 millones de venezolanos que le dieron la victoria a Nicolás Maduro en las elecciones del 20 de mayo de 2018.
Venezuela ha vencido en batallas íntimas, internas y externas en las que el triunfo ha consistido en ahuyentar la muerte y el caos total que estos actores han querido imponer a través de los preparativos para una confrontación bélica.
Golpe virtual: 2019 inicia con eventos precipitados
Ha habido disputas importantes en la Organización de Estados Americanos (OEA), en donde su Secretario General, Luis Almagro, ha violado repetidas veces los principios de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Este organismo internacional aprobó una resolución el 10 de enero de 2019 «para no reconocer la legitimidad del nuevo mandato de Nicolás Maduro» y el 23 de enero Almagro reconoció a Guaidó como presidente venezolano.
En una sesión extraordinaria de la OEA convocada para el 24 de enero, 16 países, entre ellos Estados Unidos, reconocieron a Guaidó como presidente, pero no lograron la mayoría necesaria para una resolución. La reacción de Almagro fue responsabilizar a los países que se mantuvieron neutrales por el sufrimiento y las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Con apoyo de países aliados se han obtenido victorias no desestimables en el Consejo de Seguridad, órgano clave de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el pasado 26 de enero se celebró una sesión especial de dicho órgano para examinar la situación en Venezuela; no se llegó a un consenso. El Secretario General, António Guterres, hizo un llamado al diálogo para aliviar las tensiones mientras que los funcionarios legítimamente designados continuaron representando a Venezuela en la ONU.
El 14 de febrero un grupo de delegados a la ONU por China, Rusia y la propia Venezuela, declararon que lucharían contra el «esfuerzo ilícito liderado por Estados Unidos» para cambiar el gobierno venezolano, asimismo acusaron al país del norte de «utilizar las sanciones y la ayuda de emergencia como armas políticas contra los venezolanos».
El 28 de febrero, el Consejo de Seguridad votó dos proyectos de resolución: uno de Estados Unidos en el que se pedía la celebración de nuevas elecciones en Venezuela, la entrada de la ayuda humanitaria y el reconocimiento de los derechos humanos de Guaidó como presidente interino; el otro de Rusia llamando al diálogo entre el gobierno de Maduro y el de la oposición en línea con la iniciativa de Montevideo de México y Uruguay.
Ninguna de las dos propuestas fue adoptada por el uso del poder de veto.
Venezuela pone la multipolaridad a prueba
El 9 de abril el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) decidió «aceptar el nombramiento del señor Gustavo Tarre como representante permanente designado de la Asamblea Nacional, hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo» con el voto de 18 países de los 34 que lo conforman.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, consideró que la resolución claramente reconoce a Tarre como embajador de Venezuela mientras queel embajador de México, Jorge Lomónaco, cuestionó la capacidad del Consejo Permanente de la OEA para reconocer a un enviado del Legislativo como embajador ante el organismo, puesto que los representantes siempre son nombrados por el Ejecutivo. México, Uruguay y El Salvador, pidieron que se agregase una nota a pie de página en la resolución para dejar claro que ellos no obedecerán esa decisión.
El gobierno venezolano calificó de ilegítima la aceptación de Gustavo Tarre como representante permanente «designado» por la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, la cual se encuentra en desacato desde 2016 y cuyos actos son nulos, asimismo manifestó mediante un comunicado que «Se trata de una de las más infelices decisiones tomadas en la larga historia de desafueros jurídicos y políticos de esta Organización, una vulgar instrumentalización del chantaje y la presión contra los Estados miembros para satisfacer los deseos de la política neo monroísta de Washington».
Para Mifraflores, esta resolución aprobada por Estados Unidos y sus gobiernos satélites en América Latina demuestra que «nunca contaron con la mayoría necesaria de los Estados miembros para agredir a Venezuela y, al final, se vieron forzados a vaciar la organización de todos sus principios».
Al día siguiente, el 10 de abril, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, hizo presencia en el Consejo de Seguridad, este hecho extraordinario dejaba claro los pocos logros de su plan. Planteó que «Este órgano debe revocar las credenciales del representante de Venezuela ante las Naciones Unidas, reconocer al Presidente interino Juan Guaidó y sentar al representante del gobierno venezolano en este órgano sin demora». Se dirigió al embajador venezolano, Samuel Moncada, diciéndole «usted no debería estar aquí. Debería regresar a Venezuela y decirle a Nicolás Maduro que su tiempo se ha terminado. Es hora de que se vaya».
Por su parte el representante de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, denunció ante el Consejo de Seguridad que Estados Unidos ha creado de manera artificial una crisis en Venezuela para propiciar un cambio de régimen, que el daño de Estados Unidos a la economía venezolana se calcula en cientos de miles de millones de dólares y al mismo tiempo pide ayuda urgente para el pueblo venezolano.
Agregó Nebenzia que en su mismo país el gobierno estadounidense no actúa con tanta celeridad en situaciones humanitarias, en referencia a los estragos del huracán María en Puerto Rico, territorio colonizado por el país norteamericano. Su colega chino, Ma Zhaoxu, también rechazó las sanciones impuestas a Venezuelay ambos sostuvieron que la solución a la crisis venezolana debe ser mediante el diálogo.
El representante de Venezuela, quien sigue en la ONU, denunció la pretensión de Estados Unidos de convertir al Consejo de Seguridad en un centro de encuentro para los amigos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en pro de la Doctrina Monroe.
Exigió detener la guerra que tiene contra Venezuela y aclaró la situación que el vicepresidente estadounidense creó sobre el supuesto rechazo de la región ante la presencia de Venezuela en la OEA, informando que sacrificaron la carta fundamental de la organización y torcieron la ley en su afán por desestabilizar al país.
Dicho encuentro, aun con la presencia de Pence, no tuvo consecuencia alguna contra Venezuela, más allá de las medidas unilaterales de Estados Unidos y sus aliados.
«Vamos ahora por el colapso de tu economía»
El pasado miércoles 24 de abril, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, sostuvo una reunión con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, con el propósito de hablar sobre Venezuela en el marco de la visita que lleva a cabo el canciller venezolano en la sede de la ONU por celebrarse el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, además Arreaza intervino en una reunión plenaria de la Asamblea General en nombre del Movimiento de los No Alineados.
En su discurso, recalcó la necesidad de defender el multilateralismo y de combatir los «dobles raseros» en las relaciones internacionales, expresó la oposición de los No Alineados a «la creciente tendencia de recurrir al unilateralismo, a la arbitrariedad y a las medidas impuestas unilateralmente».
Además llamó a «poner freno a las amenazas de quienes pretenden hoy socavar aquí los derechos y privilegios de un Estado miembro pleno de la organización como lo es Venezuela» e instó a la Asamblea General a no aceptar que se sustituya a los representantes del gobierno por otros elegidos por Guaidó, tal y como pretenden Estados Unidos y el Grupo de Lima.
Agregó Arreaza que «Esta Asamblea General no debe permitir que las Naciones Unidas sea utilizada para abordar temas bilaterales, ni mucho menos su instrumentalización en una herramienta para intervenir en los asuntos internos de otro Estado y pretender así designar, de manera ilegal, sus autoridades nacionales y representantes diplomáticos». La respuesta de la administración Trump fue bloquear sus bienes en ese país y prohibir a ciudadanos estadounidenses hacer negocios con el canciller venezolano.
Un momento crítico: el montaje humanitario del 23F
La confrontación más reciente y significativa ocurrió el pasado 23 de febrero en la frontera con Colombia, cuando se confrontó una estrategia de provocación disfrazada de ayuda humanitaria al estilo de la Plaza Verde de Trípoli. Ese fue el día marcado por el antichavismo venezolano como ultimátum para el ingreso al país de una supuesta «ayuda humanitaria» traída desde Estados Unidos, se evidenciaron diversas operaciones de falsos positivos en las fronteras con Colombia y Brasil.
El montaje comenzó con un concierto multimillonario el 22 de febrero cuyo supuesto propósito era recolectar fondos para el plan “humanitario”, sin embargo se desconocen tanto el monto de las ganancias como su destino, lo que sí se conoce es que su intención era concentrar atención en el dispositivo mediático confeccionado para forzar consecuencias violentas que justificaran una escalada bélica.
La mañana del día anunciado tres uniformados que condujeron dos vehículos blindados de la FANB sobre el puente Simón Bolívar y, atropellando a varias personas, llegaron hasta el cerco de seguridad colombiano, llevándose por delante algunas vallas.
El transcurso del día fue de excesiva cobertura mediática y tensión extrema en las redes sociales, mientras en el fondo del puente binacional Tienditas (aun no inaugurado) algunos jóvenes jugaban ping pong y fútbol, integrados en un campamento juvenil instalado desde el viernes anterior por movimientos sociales venezolanos.
En la tarde dos camiones con supuesta «ayuda humanitaria» de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) que intentaban ingresar ilegalmente a Venezuela por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, fueron quemados del lado colombiano de la frontera entre ambos países. Se supo que grupos violentos del antichavismo venezolano incendiaron los camiones con bombas molotov y luego intentaron inculpar a la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana.
Más tarde otros grupos del antichavismo intentaban ingresar a la fuerza a Tienditas desde las localidades venezolanas más cercanas a Ureña, particularmente desde San Cristóbal, la capital del fronterizo estado Táchira, hubo enfrentamientos entre grupos de encapuchados y cuerpos de seguridad con un saldo de 42 heridos, según detallaron voceros del gobierno venezolano mientras el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, declaró que hubo 285 lesionados más. También hubo un conato de incendiar la aduana de San Antonio del Táchira.
Los resultados son evidentes:
El pronosticado «quiebre militar» quedó resumido en tres deserciones militares, dos falsos positivos y un número no confirmado de heridos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad en la frontera colombo-venezolana. Ni siquiera las amenazas directas lograron doblegar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un número de militares desertores que se pronunciaron contra el gobierno venezolano están por ser deportados por el gobierno colombiano luego de participar en el mencionado plan conspirativo.
El anunciado cargamento nunca pasó a Venezuela, ni siquiera hubo amagos de los camiones para llegar al punto límite de los puentes Simón Bolívar y Tienditas, ambos fronterizos con Venezuela
Las protestas posteriores al cierre de frontera por parte de comerciantes locales evidenciaron cuánto depende económicamente la ciudad de Cúcuta (Colombia) de la clientela venezolana, a la que declaran en crisis humanitaria los medios transnacionales.
Resistencia popular en medio del asedio
Ante la continua desarticulación de empresas estratégicas del Estado a causa del bloqueo financiero e indolencia por parte de algunos funcionarios, un sector de trabajadores se ha organizado mediante batallas productivas obreras (BPO) en las que se ha aportado a la recuperación de la producción petrolera, gasífera, metalúrgica, alimentaria, entre otras. Tan solo en 2018 hubo más de 10 eventos de este tipo en los que la organización política y la capacidad técnica de colectivos de trabajadores permitieron que eventos como el reciente ataque eléctrico no causaran peor impacto en esas entidades.
Sobran otros ejemplos de trabajadores movilizados recuperando equipos e instalaciones pero no aparecen en la mediática privada nacional ni en la transnacional.
En medio del ataque eléctrico, cuyo momento cumbre comenzó el pasado 7 de marzo, y enfrentando al miedo que se quiso infundir, la mayoría de la población optó por trascender la angustia y resolver de manera conjunta las necesidades primarias como agua, alimentos, comunicación y traslado, mientras los llamados a protestas violentas fueron aislados tanto como las respuestas de los ciudadanos que no simpatizan con el gobierno nacional.
No fueron pocos los trabajadores de los sectores eléctrico y agua que desarrollaron acciones claves para la recuperación y estabilización de ambos servicios.
Debido a su presencia territorial los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) pudieron apoyar para disminuir los efectos del sabotaje, por otro lado cultores llevaron música y alegría a hospitales, en muchas comunidades los vecinos se apoyaron saliendo a la calle para socializar modos de conservar los alimentos, elaborar mecheros para la iluminación artesanal o sencillamente cantar y contar para espantar el desconcierto.
En contraste con esta dimensión social de colaboración y resistencia popular predominante en el discurso chavista estuvo, lamentablemente, el modelo «emprendedor» de Dolar Today que consistió en vender insumos necesarios como hielo, velas, agua y baterías eléctricas a precios dolarizados, abusivos y especulativos.
La misma mañana del pasado sábado 9 de marzo el chavismo marchaba por las calles de Caracas con buena parte del país a oscuras y, en medio del segundo ataque eléctrico, las consignas no dejaban colar miedo alguno sino la fuerza de una conciencia clara en que vencer es desconcertar al agresor.
Las batallas que vienen
El gobierno venezolano ha asumido la estabilización del sistema eléctrico con medidas multiformes que no solo pretenden superar la coyuntura sino activar elementos fundantes del chavismo como la organización del poder popular en función de superar las dificultades provocadas por la guerra impuesta desde el poder transnacional y sus gobiernos cooptados.
Voceros del gobierno estadounidense han evidenciado con determinación la voluntad que tienen de desalojar al chavismo del poder. El ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, William Brownfield, ha aseverado que la opción militar contra Venezuela está orientada a métodos no convencionales, por lo que no se trata de desembarcos y bombardeos sino que el «Cibercomando de Estados Unidos», perteneciente al Comando de Defensa de ese país y que trabaja en conjunto con la Agencia de Seguridad Nacional, está «preparado para hacer quiebres en el mundo cibernético».
Las opciones de Venezuela y sus aliados para la defensa ante estos ataques privilegian el diálogo y la participación popular mediante la unión cívico militar, además ha sido clave la movilización social que las fuerzas del chavismo han convocado. También serán fundamentales los esfuerzos del gobierno por esquivar las sanciones financieras con alianzas geopolíticas y la profundización de la producción nacional.
Misión Verdad
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