Convocada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), unos 500 indígenas iniciaron la movilización, desde Santa Cruz de la Sierra hasta la capital La Paz desde el pasado 31 de octubre de 2006. Según informaciones de la agencia Servindi a medida que se avanza en la marcha, también recrudecen las enfermedades, por lo que hace los organizadores invocan la solidaridad en víveres, ropa, plásticos y medicamentos.
Para CIDOB, el esfuerzo, la voluntad y la firmeza de los marchistas logra sus primeros resultados, como son los acercamientos de algunos representantes del gobierno y también empresarios para tratar de complacer la demanda indígena. Los que antes se burlaban de la propuesta y hacían a un lado despectivamente el documento propuesto por la CIDOB ahora corren a tratar de alcanzar a los marchistas para escucharles. En Portachuelo, un lugar que es dominado por empresarios terratenientes, fue el lugar donde los marchistas han recibido mayores aplausos.
Autoridades y empresarios buscan negociar y acercarse a los indígenas. Como informa el boletín del CIDOB el sábado 04 de noviembre se realizó una reunión en Buena Vista entre representantes de los sectores involucrados. Se han tratado siete puntos: la función económico social, la reversión, la expropiación, la distribución de tierras, la desconcentración del INRA, los interdictos y las transferencias.
De esta manera se lograron los primeros compromisos de las delegaciones que han visitado a los marchistas y han buscado a los dirigentes para negociar. Sin embargo, la marcha continúa, pues los compromisos deben hacerse realidad. Los representantes indígenas están prohibidos de negociar al margen de las bases.
CIDOB informa que en la reunión del día 04 de noviembre quedó decidido que la función económico social en materia agraria, establecida por el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así como en las de conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme su capacidad de uso mayo, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario.
Con relación a las servidumbres ecológicas, las organizaciones sociales consideran que no sean consideradas para justificar la FES, ni para la proyección de crecimiento, planteándose la siguiente redacción: “las servidumbres ecológicas son limitaciones legales a los derechos de uso y aprovechamiento establecidas sobre las propiedades agrarias de acuerdo a las normas legales y reglamentarias específicas. No constituyen Función Económico Social y por tanto no pueden ser tomadas en cuenta en el cálculo de la proyección de crecimiento para la regularización o conservación del derecho propietario.”
