El Tribunal Internacional de Justicia Climática (TIJC), tras dos días de trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cochabamba (Bolivia), finalizó su primera Audiencia Preliminar con una serie de observaciones y recomendaciones para las víctimas y las comunidades afectadas por el Cambio Climático o la minería, entre otras.
El tribunal de opinión, que tiene como objetivo «promover la judicialización y tipificación internacional de los crímenes ambientales», conoció la denuncia de siete casos sobre el impacto del Cambio Climático y la violación a los Derechos Humanos en comunidades de varios países latinoamericanos.
Los ocho miembros del Jurado, entre ellos Tom Kucharz de Ecologistas en Acción y de la Campaña ¿Quién debe a quién? (España), coincidieron en la «gran urgencia de dar respuesta a los problemas ocasionados por el Cambio Climático», porque «magnifica y profundiza injusticias existentes» y «amenaza los elementos básicos de la vida humana».
Así mismo el jurado evidenció que «el cambio climático es el mayor problema socio-ambiental al que se enfrenta la humanidad, en la medida en que agudizará otros problemas como la pobreza, el hambre, la guerra, las desigualdades de género, la soberanía alimentaria, el acceso al agua y saneamiento, entre otros». «Constatamos de primera mano que los grupos más vulnerables son los que están siendo más violentados en sus Derechos Fundamentales», explica Kucharz.
La iniciativa de este tribunal, según el representante de Ecologistas en Acción, «responde a la necesidad de dar respuesta a una ausencia de mecanismos e instituciones que sancionen los crímenes climáticos». Además, el Tribunal Internacional de Justicia Climática recomienda «juzgar los casos de violaciones de Derechos Humanos por los efectos del Cambio Climático, como Crímenes de Lesa Humanidad», porque el calentamiento global «afectará a miles de millones de personas, violando sistemáticamente los Derechos Humanos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales».
En su dictamen preliminar, el Jurado indicó que el tribunal «no tiene carácter estatal vinculante, pues su constitución y funcionamiento no se origina en el Poder Judicial ordinario y formal, sino en la sociedad civil organizada. Sus resoluciones buscan implicaciones morales, éticas y políticas y se proyectan para construir un sistema ético que interpele a los gobiernos, las corporaciones transnacionales y los organismos multilaterales con el fin de que asuman sus responsabilidades en el marco de la equidad, la jurisdicción universal y la justicia climática». Destacó que la “responsabilidad histórica de haber emitido la mayor parte, (el 80%,) de gases de efecto invernadero en los últimos 250 años es de los países industrializados es del Norte.
El Tribunal quiere contribuir a la construcción de una instancia internacional vinculante para sancionar crímenes ambientales y causantes del Cambio Climático.
Más información: http://www.cambioclimatico.org.bo
