Quedó claro que estas bases son parte de un objetivo de alcance continental y mundial del ejército norteamericano, que todos los países desconfían de ellas y las consideran una amenaza, y que el gobierno colombiano es renuente tanto a que sean inspeccionadas como a hacer público el acuerdo.
A Uribe le toco sentarse en el banquillo de los acusados y oír una fuerte reprimenda en la cual participaron hasta los que consideraba sus aliados como Alan García y Michel Bachelet. Se le expusieron diversos argumentos, desde la ineficacia de las mismas en la lucha contra el narcotráfico, hasta la necesidad de elaborar una política suramericana para la lucha contra este flagelo y contra el terrorismo, pero sin interferencia de Estados Unidos. Se le explicó que el tipo de armamento que se tendría allí era inútil para los objetivos que se proclamaban y era más apropiado para una guerra convencional que para la lucha contra bandas irregulares y que evidentemente EEUU buscaban influencia más allá de las fronteras de Colombia, incluyendo Venezuela, la amazonía y todo el territorio continental. La presidenta de Argentina acotó que “El narcotráfico no se combate con aviones C-17, ni con el emplazamiento de radares; nunca he visto bombardear cargamentos de droga transportados por mulas”.
Uribe había dicho en forma arrogante que no debatiría el acuerdo, sino una agenda más amplia, pero los mandatarios de Suramérica no se dejaron cambiar el tema. Uribe no llevaba nada sobre bases militares de otras potencias en la región e incluso Lugo le espetó que sino había nada que ocultar porque se negaba a las inspecciones.
La defensa de Uribe, afirmando que era un acuerdo que databa de la década de los cincuenta, fue cuestionada en el sentido de que este tipo de cooperación había demostrado largamente su ineficacia y que había que buscar nuevas alternativas. Correa habló del completo fracaso del Plan Colombia, que pese a un desembolso multimillonario desde 2000 “no logró cumplir ninguno de los tres objetivos que se propuso. Los cultivos de coca en Colombia se redujeron sólo en 10 mil hectáreas cuando el plan estipulaba una disminución de 50 mil, y aún así ese país produce el 51 por ciento de toda la droga de la región. Además, la experiencia demuestra que mejoran los niveles de captura de estupefacientes en aquellos lugares de donde fue expulsada la Agencia Norteamericana de Lucha Antidroga”
Aunque se habló de desconfianza mutua quedó claro que la desconfianza es hacia Estados Unidos y hacia Uribe y que las demás controversias son asuntos son menores. Pero incluso el “amigo” de Uribe Alan García, planteó la duda de que de pronto las bases fueran para “el despliegue internacional de una superpotencia dentro de nuestra región”.
Los llamados de García y Uribe a que la OEA tomara carta en el asunto, y a disminuir el papel de UNASUR, quedaron simplemente como un intento de involucrar a Estados Unidos en las definiciones, pero nadie da mayor importancia a la desacreditada organización.
Así como fue de ilustrativo el debate, fue de insulsa la resolución final. Lógicamente en una reunión en la cual se decide por consenso, el gobierno colombiano tenía capacidad de vetar cualquier cosa que reflejara el sentimiento general y una parte sustancial de las definiciones se postergó.
La resolución aprobada plantea que “la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede, con sus medios y recursos vinculados a objetivos propios, amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación sudamericana y en consecuencia la paz y seguridad de la región”. Pero la afirmación de “con sus medios y recursos vinculados a objetivos propios” muestra que el debate apenas está empezando y que vendrán nuevos episodios.
La postergación del análisis de la estrategia de EEUU, dejándola en mano de cancilleres y ministros de defensa y la elaboración de un plan de acción contra el narcotráfico, dejado en manos del Consejo de Defensa, aplaza la discusión. Las aclaraciones posteriores del Departamento de Estado de EEUU son reveladoras pues no desmiente la veracidad de la estrategia planteada en el “libro blanco” sino simplemente dices que se refiere a la labor humanitaria y a desastres naturales.
La supuesta victoria de Colombia en la reunión no fue tal, pues el Consejo de Defensa de UNASUR, creado el 10 de marzo de 2009 ya había definido en su acta constitutiva que “rechazan la presencia o acción de grupos armados al margen de la Ley que ejerzan o propicien la violencia cualquiera que sea su origen”. Colombia por lo demás se había opuesto a la creación de esa instancia en UNASUR diciendo que “no puede hacer parte del Consejo de Seguridad Conjunta de Sudamérica, dadas las amenazas del terrorismo”.
Lo definido en Bariloche ratifica los acuerdos anteriores. Los mandatarios prefirieron mantener la unidad de UNASUR, que tiene unas bases institucionales muy frágiles, y preservar el consenso en torno a una resolución, ambigua, general e imprecisa. La lógica de los gobiernos es mantener la existencia y unidad de UNASUR, cuya sola existencia es un desafío a la hegemonía norteamericana. La de los pueblos es presionar para que los procesos de integración impliquen un cambio en el modelo de desarrollo y que en este caso concreto aumenten la autonomía regional y condenen la interferencia de los EEUU.
Aunque la resolución no rechaza la existencia en Colombia de bases extranjeras, de todas maneras la afirmación de que hay que mantener un irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial y no injerencia en los asuntos internos de los Estados” contradice la afirmación de Uribe de que “no estamos hablando de un tema liviano de soberanía”.
Mientras que la mayoría de los asistentes habló de interpelar a Obama sobre por que quería instalar bases militares en Colombia, Uribe afirmó que “no es necesario que Obama dé cuentas por los problemas de la región”, y recalcó que el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos ya está “cerrado” y no es sujeto a modificación alguna.
El nuevo presidente de UNASUR, Rafael Correa registro que la reunión fue un éxito porque en la resolución final se establece que el Consejo de Defensa de UNASUR puede inspeccionar y supervisar las bases”,
Positivo el debate abierto a la opinión, positivo el hecho de que se expresa el sentimiento popular de hacer avanzar este proceso de integración en forma autónoma. De todas maneras UNASUR reitera que se encuentra en una agenda política defensiva, todas sus reuniones son extraordinarias y de urgencia, la mayor parte para debatir temas políticos relacionados con la interferencia de EEUU en los asuntos de la región, como fue el caso de Bolivia. La definición de una arquitectura institucional estable y de acuerdos más profundos sigue en suspenso pues las diferencias en materia de modelo de desarrollo no solo no se han abordado sino que pueden ser objeto de controversias aun mayores.
La interpelación de los pueblos, al mismo tiempo que registrar los avances, debe hacerse hacia la necesidad de profundizar un proceso de integración realmente en beneficio de la mayoría de la población.
