El 26 de junio se conmemora el día internacional en apoyo a las víctimas de la tortura y sus familiares, por lo que el CPTRT1 realiza durante la semana del 20 al 26 una serie de actividades para concientizar sobre el tema, y para denunciar que a partir del golpe de Estado de 2009 los casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes han venido empeorando en el país, particularmente en la región del Aguán.
Entre el 2007 y el primer semestre de 2009, CPTRT había atendido un promedio mensual de 2.5 casos de tortura. Esta cifra se elevó a 118.75 casos mensuales desde el golpe de Estado en la cantidad de casos de tortura y TCID (tratos crueles, inhumanos y degradantes) atendidos por la institución.
Si en 2009 se argumentaba que existía un “estado excepcional” para explicar (nunca justificar) la tortura, la tendencia alta de los casos en 2010 y 2011 revela que esta práctica existe en Honduras debido a la debilidad y el resquebrajamiento institucional de la pobre institucionalidad democrática del país como el hecho que las fuerzas de seguridad del Estado han recuperado la práctica masiva de la tortura y TCID como herramienta fundamental de su doctrina.
En 2009 se dieron cientos de casos a partir del 28 de junio, con algunos puntos particulares en el tiempo (septiembre, noviembre) en los que se intensificaron. Durante las elecciones, por ejemplo el espíritu democrático del momento incluyó: allanamientos ilegales, hostigamientos y atentados contra la integridad psíquica y moral, militarización de comunidades enteras (Zacate Grande, en el sur; Guadalupe Carney, en Trujillo), asesinatos, detenciones ilegales, violaciones al derecho de locomoción; violación al derecho de libre expresión.
Sin embargo, la práctica de la tortura en Honduras no es una respuesta coyuntural de pánico de algunos agentes del Estado ante una situación de crisis. La situación de militarización del Aguán no respondía a la coyuntura electoral, sino al uso de la hegemonía obtenida a través del golpe por parte de los grupos de poder para lanzar un asalto militar contra las comunidades campesinas más y mejor organizadas del país, a través de la militarización y represión que sólo en el caso del CPTRT ha implicado la atención de más de 600 casos durante el 2010 y 2011 y que continúa hasta el día de hoy.
La situación de militarización del Aguán no respondía a la coyuntura electoral, sino al uso de la hegemonía obtenida a través del golpe por parte de los grupos de poder para lanzar un asalto militar contra las comunidades campesinas más y mejor organizadas del país, a través de la militarización y represión que sólo en el caso del CPTRT ha implicado la atención demás de 600 casos durante el 2010 y 2011 y que continúa hasta el día de hoy.
La destrucción de la institucionalidad empeora la práctica de la tortura y TCID
La militarización y violaciones de derechos humanos en el Aguán remarcan la pérdida de legitimidad –frágil- del sistema de justicia hondureño. La Corte Suprema, fiscalías, ejército, policías e incluso instancias como el Instituto Nacional de la Mujer y el Ministerio de Cultura se convierten bajo la administración producto del golpe en instancias politizadas en lugar de instancias de derecho, que contribuyen a la persecución de la disensión política y la protesta social.
Particularmente grave es la situación del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, en algún optimista momento considerada una institución fundamental que desde el Estado, permitía espacios de incidencia, diálogo, negociación y acercamientos entre Estado y sociedad civil en cuando a derechos humanos, y convertido actualmente en una broma de mal gusto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2010) reporta: “Durante su visita la CIDH pudo constatar que en Honduras a partir del golpe de Estado se han producido graves violaciones a los derechos humanos de sus habitantes, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, la militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la liberad de expresión y graves vulneraciones de los derechos políticos, La CIDH también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos”.
De acuerdo al subcomité para la prevención de la tortura: “Ninguno de los detenidos entrevistados por el SPT denunció la tortura o los malos tratos relatados, aún cuando algunos pudieron haberlo hecho durante la audiencia ante el Ministerio Público o el juez, argumentando temor a represalias o ineficacia de los recursos disponibles. Algunos detenidos manifestaron al SPT que los propios defensores les habían aconsejado no denunciar ante el juez el mal trato que habían sufrido. En este sentido, el SPT recuerda que se deberán tomar medidas para asegurar que quienes presenten una queja por tortura o malos tratos estén protegidos contra posibles represalias”.
La fiscal especial de DDHH señalaba en septiembre de 2009 que “la policía omitía la observancia de las reglas en materia de detención previstas en el artículo 282 del Código Procesal Penal… manifestando además que el Decreto mediante el que se restringía el derecho a la libre circulación no cumplía con los requisitos previstos en la Constitución, por lo que las detenciones efectuadas en base al mismo eran ilegales”.
En términos de políticas públicas, la Ley Plan de País, que en teoría orientara las políticas de desarrollo de Honduras durante los próximos 24 años, bajo la que se basa la actuación del gobierno nacionalista y apoyada con entusiasmo por la cooperación internacional no hace mención de políticas específicas de protección a los derechos humanos.
Esta es una omisión grave y reveladora en la estrategia de poder. En los últimos años hemos presenciado enormes aumentos en la violencia contra niños, niñas y adolescentes, contra las mujeres, contra la comunidad LGTB, hemos presenciado y documentado aumento de la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes, todo ello en un Estado que en teoría cuenta con mecanismos legales e instituciones para proteger a la población, pero que se vuelven inútiles ante el aumento de la represión como política estatal y el desinterés de las y los operadores de justicia.
por: Sergio Fernando Bahr Caballero
CPTRT (Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familiares)
