“La época de inestabilidad de los años 70 y 80 con regímenes militares parece no haber sido superada como pensamos, al ser nuevamente una alianza cívico-militar la responsable de este retroceso democrático con la salida del presidente Zelaya”, dijo a IPS el analista e historiador Rolando Sierra, de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
La historia de los golpes militares en Honduras ha estado marcada por la connivencia de sectores políticos vinculados a los históricos partidos Liberal y Nacional, con más de un siglo de existencia.
Zelaya, quien asumió el gobierno en 2006 como líder del Partido Liberal pero a poco de andar se enemistó con sus correligionarios y quedó apoyado por izquierdistas y organizaciones sociales y de derechos humanos, fue sacado de su casa en la madrugada del domingo por un centenar de efectivos militares y puesto en un avión rumbo a Costa Rica.
El golpe se ejecutó el mismo día en que se debía realizar una consulta popular informal para que la ciudadanía hondureña respondiera si estaba a favor o en contra de instalar una Asamblea Constituyente para reformar la ley fundamental y que, en caso de ganar, su integración se elegiría en simultáneo con las elecciones generales que estaban previstas para noviembre.
El Congreso legislativo, opositor en casi su totalidad, declaró que la convocatoria violaba la Constitución y sostuvo que Zelaya quería la reforma para poder aspirar a la reelección, hoy vedada. También la justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía del Estado y la Procuraduría General de la República habían dictaminado en igual sentido.
Tras la expulsión de Zelaya del país, el Poder Legislativo lo sustituyó por quien hasta ese momento era el presidente del cuerpo y por tal el siguiente en el orden de reemplazos, Roberto Micheletti, también liberal pero enfrentado al mandatario derrocado.
“Parece que no fuimos capaces de llegar a otros estadios de mayor democracia, se tuvo que llegar al golpe de Estado y ello demuestra que seguimos siendo una democracia frágil y lo que estamos viendo es que estamos volviendo al pasado”, apuntó Sierra.
A su vez, la socióloga Mirna Flores, comentó a IPS que “no se le puede dar salida a un conflicto político con las armas, esas eran las salidas del autoritarismo”. “Estamos frente a una crisis del sistema de partidos políticos, donde los dirigentes no aceptan la más mínima apertura a la ampliación de espacios democráticos”, añadió.
Honduras es visto hoy como la “antidemocracia de la región, porque lo acontecido revive la historia de los tristemente golpes militares en América Latina”, acotó Flores.
Así el golpe fue condenado por todos los gobiernos de América, incluido Estados Unidos, y por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien convocó una reunión urgente del Consejo Permanente del foro hemisférico en Washington para analizar la situación. Se reclama la restitución inmediata de Zelaya al cargo.
Además, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) analiza la situación este lunes en Nicaragua, con la presencia de Insulza y de representantes de México.
También desde el mismo país, los gobiernos integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América rechazaron el golpe en el marco de una reunión convocada de urgencia y en la cual participó el propio Zelaya. Honduras es miembro de estos dos bloques, al igual que, por supuesto, de la OEA, cuya Asamblea General se reúne este martes.
Las calles de Tegucigalpa estaban este lunes desiertas, tras las protestas protagonizadas por centenares de simpatizantes de Zelaya, especialmente del izquierdista partido de Unificación Democrática (UD), quienes quemaron llantas y montaron una vigilia en los alrededores de la sede del gobierno.
Bertha Oliva, del no estatal Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), dijo que como parte de las secuelas del golpe al menos 14 dirigentes populares están siendo amenazados y que existen órdenes de captura en su contra.
“Se han producido detenciones ilegales de varias personas entre ellas de funcionarios del gobierno de Zelaya, y en materia de libertad de expresión, el estatal Canal 8 fue clausurado, en tanto se mantiene al resto de medios de comunicación, especialmente electrónicos, sujetos a la censura de las cadenas de radio y televisión”, detalló Oliva a IPS.
La canciller Patricia Rodas fue una de las detenidas y en la noche del domingo expulsada hacia México. Fue retenida por varias horas en la base militar aérea Hernán Acosta Mejía, aseguró el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, desde Managua, donde finalmente recaló la funcionaria.
A su vez, el Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” hizo sentir su voz de protesta ante cualquier “confabulación que se realice entre los grupos o clases sociales para romper el estado de derecho que hemos venido construyendo durante largos años; bien o mal, pero es un esfuerzo del pueblo”, destacó a IPS, Gladys Lanza, coordinadora de esa organización de la sociedad civil.
Trascendió que al menos ocho ex ministros del gobierno de Zelaya se encuentran ocultos en lugares estratégicos, y desde uno de esos sitios, Enrique Flores Lanza, ex ministro de la Presidencia, llamó a conformar un frente cívico de resistencia pacífica para invocar el retorno de Zelaya.
Para los analistas consultados por IPS es factible entender el rol de los militares en estas crisis en Honduras, pero no así el de los partidos políticos. “Si jugaron a un golpe cívico-militar, de qué partidos democráticos hablamos. Parece entonces que carecemos de actores sociopolíticos democráticos y eso es preocupante para la sociedad y el país en general”, dijo Sierra.
Todo indica, prosiguió, que falló toda la institucionalidad creada en los últimos 27 años. Honduras instaló a mediados de los años 90 el Foro Nacional de Convergencia, para dar espacio al diálogo político, que reúne a los más representativos sectores sociales, políticos y económicos. Pero ante el enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, “esta instancia nunca funcionó, no se pronunció, se invisibilizó y esa es una crítica fuerte que debemos hacer”.
El diputado Toribio Aguilera, del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU/SD), dijo a IPS que “ha sucedido un hecho lamentable, fue algo doloroso para la democracia, pero necesario”.
“El ex presidente no dejó opción porque se trataron y plantearon todas las salidas, pero él quiso seguir violando la ley, y nadie está por encima de la ley ni de la Constitución”, justificó.
Según el mandato legislativo del domingo, Micheletti ejercerá la presidencia de Honduras por seis meses y deberá garantizar los comicios generales para noviembre.
Mientras el Congreso procedía a instalar el nuevo gobierno, Zelaya negó rotundamente desde Costa Rica que hubiera renunciado a la presidencia del país por “problemas de salud” como indicaba una supuesta carta leída en la reunión plenaria.
De esta suerte, los analistas consultados por IPS coinciden que vienen tiempos de inestabilidad y mayor incertidumbre, donde el nuevo gobierno deberá no sólo lograr su consolidación interna promover cambios reales de apertura, sino que también resistir la presión internacional que ha condenado el uso militar de la fuera para derrocar a Zelaya. (FIN/2009)
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