En Santiago de Chile, el día 2 de mayo, reunidas las mujeres campesinas,
rurales, pescadoras, pastoras, asalariadas agrícolas e indígenas en la
Conferencia Especial de Soberanía Alimentaria de América Latina y el
Caribe declaramos que:
Ratificamos los aportes políticos de la soberanía alimentaria como un
principio. Valoramos y reconocemos los esfuerzos anteriores realizados a
esta Conferencia, en cuyo proceso y desde la realización de la
Conferencia Mundial sobre la alimentación realizada en Mali bajo el
nombre de mujer Nyeleni, donde nuestras propuestas inciden en el
reconocimiento de derechos para construir y socializar con un enfoque de
género.
Como asimismo, consideramos un avance en este procesos de más de 20 años
de construcción ,de agendas para la defensa de la soberanía alimentaria
de los pueblos, la constitución de esta Alianza y su documento
fundacional, debe seguir avanzando para que este y otros documentos se
transformen en políticas públicas.
Destacamos el trabajo de las mujeres del campo y la pesca artesanal de
la acuicultura, maricultura en todos los ámbitos: productivo,
reproductivo, del cuidado de las personas, los bienes comunes y la
naturaleza, Las mujeres somos históricamente trasmisoras de la cultura,
a través de los valores, las resistencias culturales, la defensa del
idioma, lenguas, vestuario, costumbres ancestrales y comunitarias.
Ratificamos la importancia de la movilización social como herramienta de
acción y posicionamiento político de incidencias y resistencias porque
los pueblos tenemos el derecho a decidir libremente sobre los modos de
vida producción comercialización e intercambio que queremos en oposición
al modelo agroindustrial, extractivista y de concentración que afecta
principalmente a las mujeres en sus condiciones de trabajo, de vida y su
impacto en las labores productivas, reproductivas y en las condiciones
para el cuidado de la vida y la naturaleza. El trabajo flexible y
precario impacta con mayor intensidad a las mujeres.
Denunciamos que existiendo convenios internacionales que prohíben el
trabajo de los niños, se sigue vulnerando este derecho de los niños y
niñas en la agroindustria, privándolos de vivir una infancia plena y
feliz con educación y salud garantizada por los Estados.
Exigimos a los gobiernos de América Latina y el Caribe y la FAO: que
adopten el enfoque de bienes colectivos para referirse a nuestros
territorios: tierra, agua ecosistemas y biodiversidad.
Los gobiernos deben asegurar a todos los pueblos el acceso a los bienes
colectivos y garantizar su protección. Respetar las normas definidas por
los instrumentos internacionales y convenios internacionales, como la
CEDAW (Convención internacional contra todo tipo de discriminación
contra las mujeres). En este sentido nos declaramos en campaña
permanente en contra de la violencia hacia las mujeres en todas sus
formas (sexual, psicológica, económica, intrafamiliar e institucional)
Exigimos a los Estados y a los organismos internacionales que garanticen
el cumplimiento de los derechos legítimos de las mujeres.
Exigimos cumplimiento efectivo del Convenio de 169 de la OIT y La
Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos
indígenas y el respeto a los derechos consuetudinarios. Hacer efectivo
el mecanismo de la consulta previa libre e informada sobre todo lo que
afecta a nuestros territorios. Fomentar la certeza jurídica para la
tenencia de la tierra para las mujeres defender el derecho inalienable e
inembargable.
Reconocer la cosmovisión de los pueblos indígenas, la solidaridad,
reciprocidad y complementariedad.
Valorar, reconocer y respetar los saberes de las mujeres y hombres
productores garantes de la soberanía alimentaria de los pueblos, a
través de la Reforma Agraria integral.
Incorporar en las políticas públicas la economía solidaria que fomenta
la asociatividad, fortaleciendo el abastecimiento, acopio y
comercialización, bajo otras formas de intercambio propias de los
territorios.
No permitir la privatización de los bienes comunes, ni el patentamiento
de toda forma de vida. Nos oponemos a la ley de obtentores vegetales, la
propiedad intelectual sobre las semillas, las hierbas medicinales y la
intervención genética que rompe con el ciclo ecológico de la naturaleza.
Incluir mecanismos de reparación integral para las mujeres víctimas de
violación de los derechos humanos y en América Latina y el Caribe.
Fortalecer el papel fiscalizador de los parlamentos para hacer avanzar
las políticas de soberanía alimentaria.
Reconocer a la Alianza por la Soberanía Alimentaria como contraparte en
la discusión y las decisiones ante los países y la FAO.
Las mujeres representantes instamos a nuestras organizaciones a
comprometernos a:
Valorizar el papel de las mujeres en la preservación, conservación y
desarrollo de nuestras culturas.
Fortalecer la formación política de las mujeres para la soberanía
alimentaria y avanzar en la creación de un programa regional de la
formación.
Socializar la información acerca del año de la Agricultura Familiar
Campesina e Indígena, y su importancia para alimentar el mundo y cuidar
el planeta.
Fortalecer y ampliar nuestras organizaciones articulándonos en acciones
comunes.
Realizar el seguimiento y evaluación de los gobiernos de América Latina
y el Caribe y de la FAO, para la implementación de los acuerdos y
compromisos alcanzados. Estaremos atentas a los diversos procesos
políticos y trabajaremos juntas para que los movimientos sociales en su
conjunto realicemos ese seguimiento.
No permitiremos la manipulación e instrumentalización de la soberanía
alimentaria.
Seguiremos construyendo alianzas con las mujeres urbanas, sus
organizaciones y otros sectores para mantener relaciones equilibradas
entre la producción y la comercialización de los alimentos.
“Resistencia y rebeldía, las semillas por la vida”
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