Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, mientras se aproxima la fecha límite del 14 de septiembre para la renovación de sanciones en virtud de la Ley.
El llamamiento de Amnistía Internacional forma parte de un informe
publicado este 2 de septiembre que examina el impacto del embargo económico de Estados Unidos contra Cuba. El informe, titulado El embargo estadounidense contra Cuba: Su impacto en los derechos económicos y sociales, concluye que las sanciones, impuestas por Estados Unidos desde 1962, afectan en especial al acceso de la población cubana a las medicinas y las tecnologías médicas y pone en peligro la salud de millones de personas.
“Esta es la oportunidad perfecta para que el presidente Obama se
distancie de las políticas fallidas del pasado y transmita al Congreso
estadounidense un enérgico mensaje sobre la necesidad de terminar con
el embargo”, ha manifestado Irene Khan, secretaria general de Amnistía
Internacional.
“El embargo estadounidense contra Cuba es inmoral, y debe levantarse”,
ha manifestado Irene Khan. “Está impidiendo a millones de cubanos
beneficiarse de medicinas y equipo médico esenciales para su salud.”
A causa del embargo estadounidense, Cuba se enfrenta a severas
restricciones en la importación de medicinas y tecnología y equipo
médicos desde Estados Unidos o desde cualquier empresa estadounidense en el extranjero. Las sanciones limitan también otras importaciones a la isla, y restringen los viajes y las transferencias monetarias.
Los productos patentados en Estados Unidos o que contengan más de un
20 por ciento de piezas o componentes fabricados en Estados Unidos no
pueden exportarse a Cuba, aunque se fabriquen en terceros países.
Según datos de Naciones Unidas, la imposibilidad de Cuba de importar
productos nutricionales para su consumo en escuelas, hospitales y
centros de atención diaria contribuye a que se den unos altos índices
de anemia por deficiencia de hierro. Según UNICEF, en 2007 este
problema afectaba al 37,5 por ciento de los menores de tres años en Cuba.
La salud de niños y niñas peligra también por la decisión de unos
suministradores estadounidenses de jeringas de cancelar un pedido de
tres millones de jeringas desechables realizado en 2007 por la Alianza
Global por la Vacunación y la Inmunización (GAVI) uno de cuyos socios
es UNICEF cuando se supo que las unidades estaban destinadas a la
aplicación de un programa en Cuba.
Estas situaciones y otras similares han afectado a la puesta en
práctica de programas de la ONU para prevenir y combatir el VIH/sida
en la isla.
“Aunque la responsabilidad de proporcionar una atención médica
adecuada recae principalmente en las autoridades cubanas, los
gobiernos que imponen sanciones como, por ejemplo, el embargo deben
prestar especial atención a las repercusiones que esas sanciones
pueden tener en la población del país al que se imponen”, ha
manifestado Irene Khan.
Amnistía Internacional pide asimismo a los miembros del Congreso
estadounidense que deroguen la legislación que define el embargo.
