El origen del proceso (que lleva más de ocho meses) fue la negativa de esas autoridades a reconocer y posesionar como asambleísta a una mujer indígena, representante del pueblo yuracaré-mojeño, contraviniendo una expresa instrucción del Tribunal Supremo Electoral.
El insólito argumento de los “Verdes” es que el pueblo yuracaré-mojeño no existe, y que se trata de dos pueblos distintos. Sobre esto, hay que decir que aunque el dato es una verdad objetiva, no es menos cierto que ambos pueblos cohabitan en varias comunidades mixtas, como resultado de un proceso histórico lógico y normal que lleva largo tiempo. De esa manera se han constituido como entidad, reconocida y afiliada a la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia), respaldados en su propio derecho a la autodeterminación y “a definir sus organizaciones, según sus normas y leyes ancestrales” tal como observa el antropólogo alemán-boliviano Jürgen Riester y afirma taxativamente el Convenio 169 de la OIT.
Como se puede advertir, la cuestión de fondo es la soberbia de élites que se arrogan la potestad de decidir, aprobar o vetar la identidad y existencia de otros seres humanos, y su derecho a la organización y autoidentificación. Pretenden sostener estructuras y modos patronales y racistas que funcionaron durante siglos en la región oriental de Bolivia.
La desesperación de la derecha cruceña ante su progresiva pérdida de control y poder (en ocasiones simbólica pero también material) le ha llevado a desatar una airada campaña mediática, que incluyó espectáculos diversos como la quema pública de ejemplares de la Constitución Política del Estado, reaparición de grupos juveniles de choque –energúmenos especializados en humillar y golpear a indígenas-, y anuncios apocalípticos sobre supuestos intentos de golpe contra las instituciones de Santa Cruz. Hito relevante de la estrategia fue un acto en plena plaza principal de la ciudad, decorado con una gigantografía que muestra las fotos de numerosos estafadores, mercenarios, terroristas, separatistas y criminales, presentados como “perseguidos políticos” y poco menos que héroes.
El conjunto de escenificaciones, al cual los grupos de poder recurren infatigablemente, pretende ocultar la dramática realidad de su incapacidad de gestión pública en Santa Cruz, donde lo único que ha avanzado notablemente es la frontera agrícola soyera, depredando bosques y tierra. Como ejemplo, la actual administración departamental cuenta con el deplorable récord de una bajísima ejecución en el rubro inversión del presupuesto 2010 (apenas un 21%), que se sumó a más de 15.000.000 usd sin tocar, provenientes de créditos del Fondo Nórdico, BID, UE y CAF. Ineficiencia, improvisación, falta de planes e incapacidad para usar el dinero se disimulan con el recurso al “enemigo que viene de afuera” (migrantes de otros departamentos, indígenas, gobierno central). Un truco que aún da resultado entre algunos sectores enajenados por la intoxicación y embustes mediáticos.
