Clara López Obregón no sólo se desempeña desde abril pasado como presidenta nacional del Polo Democrático Alternativo (PDA), sino también es la candidata de su partido a la vicepresidencia de la República, acompañando en la fórmula a Gustavo Petro para las elecciones del próximo domingo 30 de mayo. Economista y profesora universitaria, es cofundadora del Comité Permanente de Derechos Humanos y ex secretaria de Gobierno de la actual intendencia de Bogotá. Fue, además, la personalidad política que destapó el escándalo de los falsos positivos, uno de los principales fiascos de la administración de Álvaro Uribe y pesada carga que desgastó el perfil de su candidato Juan Manuel Santos. Entrevista exclusiva.
Los resultados de las legislativas de marzo pasado no fueron tan positivos como su fuerza política lo esperaba. Y si bien es cierto que la abstención – un 55 % del electorado potencial- fue la nota especial de ese escrutinio, para Clara López, no se trató de una derrota mortuoria para su partido. “Ninguna debacle”, enfatiza. “Se mantuvo la misma votación para el Senado que 4 años antes y en Bogotá, donde somos Gobierno, avanzamos significativamente”, subraya.
Otro concepto de seguridad
Sobre la filosofía política del “Polo” en un país atravesado por más de cincuenta años de guerra, López habla de la “seguridad ciudadana fundamentada en los derechos y cimentada en un plan de desarrollo que busca que la población tenga acceso a lo esencial en lo social”.
Principio que se opone claramente a las hipótesis de “seguridad solamente fundamentada en el uso de la fuerza”, que pregonara el uribismo en los últimos diez años tras el eslogan de “seguridad democrática”, explica.
De lo teórico al ejemplo concreto: la candidata a vicepresidenta recuerda la forma en que la Alcaldía de Bogotá de cuya jefatura hacía parte asumió el conflicto a partir de la ocupación del Parque del Tercer Milenio en el 2009 por parte de 7 mil desplazados para defender un gran pliego de reivindicaciones ante un gobierno nacional insensible.
Fueron tres meses de tensas negociaciones pero sin un solo acto de fuerza ni de violencia pública, recuerda López.
Los sectores conservadores, los políticos tradicionales, “pedían mano dura”. “Como Gobierno municipal, nos opusimos al uso de la fuerza pública. Llamamos a ACNUR (Organización de Naciones Unidas para los Refugiados) como mediadora; convocamos como testigo moral a la Comisión de Conciliación de la Iglesia Católica y promovimos representantes de la Procuraduría como garantes del cumplimiento de los acuerdos”.
“Y se logró una negociación. Primero con el Gobierno central para que aceptara este procedimiento, y luego con los implicados”. La resolución, insiste con cierto orgullo, fue positiva. Desde el Polo, “nos permitió demostrar que los conflictos sociales deben manejarse con negociación, diálogo y concertación y que el uso de la fuerza en un país con enormes diferencias sociales, debe servir sólo para combatir el delito”.
Si en Bogotá fue posible, esa metodología es posible y viable en toda Colombia, enfatiza Clara López. Quien advierte sobre una “confusión” histórica en su país. La protesta social en muchos casos es estigmatizada, perseguida y considerada desde el poder como delito grave.
Espacio pequeño para la negociación
Prácticamente ningún candidato a la presidencia arriesgó hablar durante la campaña sobre la negociación con las guerrillas particularmente con las FARC.
Realidad que corrobora Clara López quien acepta que “el espacio para una negociación política es hoy muy pequeño… Incluso hay sectores de izquierda que tienen miedo de pronunciarse sobre lo que nosotros incluimos como ideario: la necesidad de promover la construcción de la paz y la reconciliación a través de soluciones políticas negociadas al conflicto armado”.
Y si de conflicto se habla, también de responsabilidades del mismo. Y la crítica es directa para unos y otros. “Las FARC no contribuyen en nada a la ampliación de los espacios democráticos en el país”. Ya se ha demostrado en América Latina, en Bogotá (la Alcaldía en poder del Polo), en Nariño, en Calí, “que haciendo uso de las armas de la democracia se puede acceder a espacios de poder así sea con grandes dificultades”.
Sin embargo, no se puede achacarle toda la culpa al “grupo armado ilegal”, acepta. “La culpa proviene un déficit real de democracia, de tolerancia desde las mismas instancias oficiales”. Y el ejemplo no falta a la candidata a vicepresidente: “la injuria del Gobierno de estigmatizar al Polo Democrático Alternativo como un nido de guerrilleros, le hace un flaco servicio a la democracia”.
El Estado, el poder, debe asumir sus responsabilidades esenciales, insiste. “La para-política es la peor vivencia de este país”. Con realidades tremendas como la de los “falsos positivos”.
“Siendo secretaria de Gobierno fui la persona que hizo visible y denunció el tema de los falsos positivos, mejor dicho de las desapariciones forzadas. Primero me trataron de “irresponsable” y me atacaron. Poco tiempo después el mismo presidente Uribe “me dio la razón, tuvo que separarse del servicio a 29 oficiales y debió aceptar la solicitud de baja del comandante del ejército”.
Ese tema constituye un terrible saldo de estos 8 años de Gobierno a punto de terminar, enfatiza Clara López. “1.300 casos que abarcan a unos 3 mil jóvenes asesinados por mercenarios e integrantes de las fuerzas públicas”.
Y las estadísticas, en este caso, concluye López, no mienten. “El 96% de estos casos de desapariciones forzadas se dieron entre 2002 y el presente presidencia de Álvaro Uribe y el 69 % bajo la gestión del ex-Ministro de Defensa y actual candidato presidencial oficialista Juan Manuel Santos”.
[*Sergio Ferrari, de retorno de Colombia. Entrevista realizada en abril 2010, en el marco de una delegación suiza organizada por la ONG E-CHANGER].
