El FNRP busca la verdad, la aplicación de la justicia y la reparación de las víctimas afectadas en sus derechos humanos durante los regímenes de facto que se impusieron por la fuerza luego del golpe de Estado militar del 28 de junio de 2009.
El FNRP califica el decreto del régimen actual, con el que se crea la ?Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR)?, como ilegal al promulgarse cuando el orden constitucional no ha sido restablecido e ilegítimo porque no cuenta con los estándares internacionales de buenas prácticas y principios establecidos mediante el ejercicio de más de 30 comisiones de la verdad en el mundo. Tampoco con la credibilidad del pueblo hondureño y de los organismos internacionales de derechos humanos, entre otros.
El decreto de esa CVR establece como objetivo ?esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio del 2009 a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de crisis y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro?, a todas luces para justificar el golpe de estado y convertirla en una fuente más de impunidad en aras de una ?reconciliación? que desesperadamente busca el régimen actual con el único propósito de lograr el reconocimiento internacional y la apertura de los organismos de financiamiento.
La CVR es parte de la estrategia de quienes promovieron y ejecutaron el golpe de estado en un intento por alcanzar el olvido y el perdón para los criminales. Y este no es un señalamiento antojadizo del FNRP; ya en febrero de este año el Centro para la Justicia y Ley Internacional (CEJIL) declaraba que las actuaciones de las autoridades hondureñas ?sugieren que una comisión de la verdad planificada por este gobierno podría ser una farsa?.
Y aún cuando hubiese sido creada en el seno de un estado de derecho no contaría con la legitimidad esperada de una comisión de esta naturaleza. Se excluye a las víctimas y a otros sectores de la sociedad hondureña de la participación en el proceso de esclarecimiento; se crea con un decreto presidencial que no vincula a los otros poderes del Estado y, bajo las circunstancias particulares en que viven Honduras, incluso implicándolos no puede garantizar la aplicación de la justicia cuando ?en algunos casos las instituciones brindaron apoyo activo a los cabecillas del golpe de Estado? señala CEJIL.
Esa misma institución apunta que luego del golpe de Estado la fiscalía general y el Tribunal Supremo de Justicia de Honduras desecharon las denuncias de asesinatos, torturas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias ?sin siquiera conducir investigaciones? y tal actitud persiste en esas instituciones.
¿Cómo puede creerse, además, en la buena voluntad de quienes controlan las tres instituciones del estado cuando hablan de reconciliación si son los mismos que participaron en el golpe de Estado, los mismos que se recetaron una amnistía para librarse de futuros requerimientos judiciales, los mismos que convirtieron en ?héroe? de Honduras a un criminal sin escrúpulos, los mismos que en fraude de ley exculparon a la Junta de Comandantes por la expatriación y exilio de un Presidente Constitucional, los mismos que premiaron a Romeo Vásquez Velásquez nombrándolo gerente de HONDUTEL, los mismos que siguen saqueando los bienes del Estado y reprimiendo al pueblo hondureño?
Una Comisión de Verdad debe esclarecer los hechos, conceder reconocimiento moral y ético de las víctimas de violaciones de derechos humanos para luego presentar recomendaciones políticas que garanticen la no repetición de las violaciones de derechos humanos.
Creemos firmemente en que la Comisión de Verdad promovida por la Plataforma de Derechos Humanos logrará esos objetivos porque cuenta con esa legitimidad expresada en su responsabilidad ética y reconocimiento del pueblo hondureño y de las instancias dedicadas a la defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional.
Expresamos nuestra alta valoración y agradecimiento a los comisionados nacionales e internacionales que integraran la Comisión de Verdad por su alto grado de credibilidad profesional y compromiso con la defensa de los derechos humanos.
¡Resistimos y Venceremos!
Tegucigalpa MDC, 22 de junio de 2010
