Amparado en esta normativa, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte Suprema de Justicia declaran ilegal la consulta del 28 de junio, y el abogado Germán Leitzelar amenaza con penas de entre 10 y 15 años de prisión para quienes la apoyen. Miércoles 24 de junio: Zelaya destituye al jefe del Estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, por negarse a distribuir el material para la encuesta.
Según indicó Zelaya en un mensaje a la nación, su decisión se debió a la crisis generada por algunos sectores que promovieron la desestabilización y el caos con el fin de causar problemas a la institucionalidad democrática. Jueves 25 junio: La Corte Suprema de Justicia desconoce la autoridad del presidente legítimamente electo de comandar las fuerzas armadas y restituye en el cargo al general Vásquez.
Entretanto el Congreso Nacional designó una comisión especial con el fin de declarar no apto para el cargo al mandatario después de que este destituyera a Vásquez. Zelaya calificó esta maniobra como un “golpe de Estado técnico” y llamó a los presidentes latinoamericanos a solidarizarse con su gobierno.
El presidente convocó al pueblo a acompañarlo a la base aérea Hernán Acosta Mejía para sacar de ahí el material electoral decomisado por magistrados del TSE y fiscales del Ministerio Público. Viernes 26 de junio: Zelaya considera conjurado el golpe de Estado técnico y llama al pueblo a participar en la consulta del domingo.
Aunque “ha cesado el peligro, siempre está latente la amenaza”, alertó, no obstante, el gobernante. Sábado 27 de junio: La directora ejecutiva del Proceso de Encuesta de Opinión, Fedra Tibot, informa que las 15 mil urnas instaladas en el país están listas para la consulta. La tarea se cumplió gracias a la participación voluntaria de unas 45 mil personas. Por disposición presidencial las urnas serán custodiadas por organizaciones populares y la policía y no por el ejército.
Domingo 28 de junio: Militares fuertemente armados penetran por la fuerza en la residencia del presidente en horas de la madrugada, lo llevan hacia una base militar y de ahí lo trasladan a Costa Rica. Los golpistas desatan una represión feroz contra miles de manifestantes en la capital e instalan en el poder a un gobierno de facto encabezado por el hasta entonces presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti.
El golpe recibe la repulsa de la comunidad internacional y de orgaismos como la OEA, la ONU, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el Sistema de Integración Centroamericana y el Grupo de Río. Lunes 29 de junio: Zelaya anuncia su disposición de regresar a Honduras el 2 de Julio, a pesar de que los golpistas amenazan con apresarlo.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, manifiestan su interés en acompañar a Zelaya en su retorno al país.
