La Cumbre de los Pueblos es el momento simbólico de un nuevo ciclo en la trayectoria de luchas globales, que produce nuevas convergencias entre movimientos de mujeres, indígenas, negros, juventudes, agricultores/as familiares y campesinos, trabajadores/as, pueblos y comunidades tradicionales, quilombolas, luchadores por el derecho a la ciudad, y religiones de todo el mundo. Las asambleas, movilizaciones y la gran Marcha de los Pueblos fueron los momentos de expresión máxima de estas convergencias.
Las instituciones financieras multilaterales, las coaliciones al servicio del sistema financiero, como el G8/G20, la captura corporativa de la ONU y la mayoría de los gobiernos demostraron irresponsabilidad para con el futuro de la humanidad y del planeta y promovieron los intereses de las corporaciones en la conferencia oficial. En contraste con esto, la vitalidad y la fuerza de las movilizaciones y de los debates en la Cumbre de los Pueblos fortalecieron nuestra convicción de que sólo el pueblo organizado y movilizado puede liberar al mundo del control de las corporaciones y del capital financiero.
Hace veinte años el Forum Global, también realizado en el Aterro do Flamengo, denunció los riesgos que corrían la humanidad y la naturaleza con la privatización y el neoliberalismo. Hoy afirmamos que, además de confirmar nuestro análisis, ocurrieron retrocesos significativos en relación con los derechos humanos ya reconocidos. La Río+20 repite el fallido itinerario de falsas soluciones defendidas por los mismos actores que provocaron la crisis global. A medida que esa crisis se profundiza, más avanzan las corporaciones contra los derechos de los pueblos, la democracia y la naturaleza, secuestrando los bienes comunes de la humanidad para salvar al sistema económico-financiero.
Las múltiples voces y fuerzas que convergen en torno de la Cumbre de los Pueblos denuncian la verdadera causa estructural de la crisis global: el sistema capitalista patriarcal, racista y homofóbico.
Las corporaciones transnacionales continúan cometiendo delitos con la sistemática violación de los derechos de los pueblos y de la naturaleza con total impunidad. De la misma forma, avanzan sus intereses a través de la militarización, de la criminalización de los modos de vida de los pueblos y de los movimientos sociales promoviendo la desterritorialización en el campo y en la ciudad.
De la misma manera, denunciamos la deuda ambiental histórica que afecta mayormente a los pueblos oprimidos del mundo, y que debe ser asumida por los países altamente industrializados, los cuales, al fin y al cabo, fueron los que provocaron las múltiples crisis que vivimos en la actualidad.
El capitalismo también lleva a la pérdida del control social, democrático y comunitario sobre los recursos naturales y servicios estratégicos, que continúan siendo privatizados, convirtiendo derechos en mercaderías y limitando el acceso de los pueblos a los bienes y servicios necesarios para la supervivencia.
La llamada “economía verde” es una de las expresiones de la actual fase financiera del capitalismo que también utiliza viejos y nuevos mecanismos, tales como la profundización del endeudamiento público-privado, el estímulo excesivo al consumo, la apropiación y concentración de las nuevas tecnologías, los mercados de carbono y la biodiversidad, la apropiación ilegal y la extranjerización de tierras y las asociaciones público-privadas, entre otros.
Las alternativas están en nuestros pueblos, nuestra historia, nuestras costumbres, conocimientos, prácticas y sistemas productivos, que debemos mantener, revalorizar y ganar en escala como proyecto contrahegemónico y transformador.
La defensa de los espacios públicos en las ciudades, con gestión democrática y participación popular, la economía cooperativa y solidaria, la soberanía alimentaria, un nuevo paradigma de producción, distribución y consumo, el cambio de la matriz energética, son ejemplos de alternativas reales frente al actual sistema agro-urbano-industrial.
La defensa de los bienes comunes pasa por la garantía de una serie de derechos humanos y de la naturaleza, por la solidaridad y respeto a las cosmovisiones y creencias de los diferentes pueblos, como, por ejemplo, la defensa del “Buen Vivir” como forma de existir en armonía con la naturaleza, lo que presupone una transición justa, a ser construida con los/las trabajadores/as y los pueblos.
Exigimos una transición justa que supone la ampliación del concepto de trabajo, el reconocimiento del trabajo de las mujeres y un equilibrio entre la producción y reproducción, para que ésta no sea una atribución exclusiva de las mujeres. Esta transición pasa además por la libertad de organización y el derecho a la contratación colectiva, así como por el establecimiento de una amplia red de seguridad y protección social, entendida como un derecho humano, así como de políticas públicas que garanticen formas de trabajo decentes.
Afirmamos el feminismo como instrumento de la construcción de la igualdad, la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y sexualidad y el derecho a una vida libre de violencia. De la misma forma reafirmamos la urgencia de la distribución de la riqueza y del ingreso, del combate al racismo y al etnocidio, de la garantía del derecho a la tierra y al territorio, del derecho a la ciudad, al medio ambiente y al agua, a la educación, la cultura, la libertad de expresión y la democratización de los medios de comunicación.
El fortalecimiento de diversas economías locales y de los derechos territoriales garantiza la construcción comunitaria de economías más vibrantes. Estas economías locales proporcionan medios de vida sustentables locales, la solidaridad comunitaria, componentes vitales de la resiliencia de los ecosistemas. La diversidad de la naturaleza y su diversidad cultural asociada es fundamento para un nuevo paradigma de sociedad.
Los pueblos quieren determinar para qué y para quiénes se destinan los bienes comunes y energéticos, además de asumir el control popular y democrático de su producción. Un nuevo modelo enérgico que esté basado en energías renovables descentralizadas y que garantice energía a la población y no para las corporaciones.
La transformación social exige convergencias de acciones, articulaciones y agendas a partir de las resistencias y alternativas contrahegemónicas al sistema capitalista que están en curso en todos los rincones del planeta. Los procesos sociales acumulados por las organizaciones y movimientos sociales que convergieron en la Cumbre de los Pueblos indicaron los siguientes ejes de lucha:
·Contra la militarización de los Estados y territorios;
·Contra la criminalización de las organizaciones y movimientos sociales;
·Contra la violencia contra las mujeres;
·Contra la violencia a lésbicas, gays, bisexuales, transexuales y transgéneros;
·Contra las grandes corporaciones;
·Contra la imposición del pago de deudas económicas injustas y por auditorías populares de las mismas;
·Por la garantía del derecho de los pueblos a la tierra y al territorio urbano y rural;
·Por la consulta y consentimiento libre, previo e informado, basado en los principios de la buena fe y del efecto vinculante, según la Convención 169 de la OIT;
·Por la soberanía alimentaria y alimentos saludables, contra agrotóxicos y transgénicos;
·Por la garantía y conquista de derechos;
·Por la solidaridad con los pueblos y países, principalmente los amenazados por golpes militares o institucionales, como está ocurriendo ahora en Paraguay;
·Por la soberanía de los pueblos en el control de los bienes comunes, contra las tentativas de mercantilización;
·Por el cambio de la matriz y el modelo energético vigentes;
·Por la democratización de los medios de comunicación;
·Por el reconocimiento de la deuda histórica social y ecológica;
·Por la construcción del DÍA MUNDIAL DE HUELGA GENERAL.
Volvamos a nuestros territorios, regiones y países estimulados para construir las convergencias necesarias para seguir en lucha, resistiendo y avanzando contra el sistema capitalista y sus viejas y renovadas formas de reproducción.
¡De pié, continuamos en lucha!
Río de Janeiro, 15 al 22 de junio de 2012.
Cumbre de los Pueblos por Justicia social y ambiental en defensa de los bienes comunes, contra la mercantilización de la Vida.
[Traducción: Daniel Barrantes].
