Pese al acuerdo alcanzado, el Ministro de Comercio e Industria hizo
modificaciones al texto acordado y la Asamblea Nacional eliminó el
artículo 5 del Código de Minería que regulaba estos aspectos,
desencadenando la reacción de las comunidades indígenas y el inicio de
varias acciones de protestas y tomas de carreteras.
La Comarca Ngäbe-Buglé ha estado en la mira de varias empresas
transnacionales ¹ y del gobierno, de manera particular, por el
yacimiento cuprífero del Cerro Colorado -una reserva de cobre estimada
en 17.5 millones de kilogramos valorizado en casi 150 mil millones de
dólares- y por la construcción de importantes proyectos hidroeléctricos.
La falta de voluntad del gobierno de alcanzar un acuerdo definitivo
quedó finalmente demostrada el pasado 5 de febrero cuando, en lugar de
reunirse con las comunidades indígenas para buscar una salida negociada
al conflicto, prefirió lanzar los cuerpos especiales de la Policía
contra los manifestantes en San Félix, Chiriquí.
Igual que en 2010, cuando el gobierno de Martinelli reprimió sin piedad
a los trabajadores bananeros en Changuinola, Bocas del Toro, las fuerzas
policiales atacaron con perdigones, balas vivas y gas lacrimógena,
dejando un saldo de dos muertos -Jerónimo Rodríguez Tugri y Francisco
Miranda- y decenas de heridos y detenidos.
“La represión fue preparada muy bien por el gobierno. Dos días antes
cortaron las comunicaciones en la zona de la protesta, cercaron a los
manifestantes y no se permitió la entrada de alimentos y agua.
Hasta se lanzó una campaña mediática para criminalizar la protesta,
aduciendo que habían secuestrado a algunos turistas. Finalmente atacaron
y asesinaron”, dijo a Sirel, Alejandro John, secretario general del
Sindicato Industrial de Trabajadores de la Fabricación y
Comercialización de Bebidas Gaseosas (SITRAFCOREBGASCELIS).
El dirigente informó que su Sindicato respalda la protesta de la
comunidad Ngäbe-Buglé frente a la Asamblea Nacional y que va a
participar a las movilizaciones previstas para los próximos días.
“Condenamos ese nuevo ataque contra el pueblo, apoyamos la lucha contra
la explotación minera, exigimos que se reincorpore el artículo 5 en el
Código Minero y el cese inmediato de la represión.
Parece que la trágica experiencia de Changuinola no les ha enseñado
nada. Sigue siendo un gobierno de empresarios sin escrúpulos, que sólo
piensan en acumular capitales y que no escuchan al pueblo”, afirmó John.
También para Genaro Benett, secretario general del Sindicato de
Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuario y Empresas Afines
(SITRAIBANA), la situación es grave y merece de toda la atención y la
denuncia internacional.
“Vivimos en carne propia lo que está ocurriendo. El 95 por ciento de
nuestros afiliados son indígenas y ya hemos iniciado un paro de brazos
caídos en respaldo a la lucha de la Comarca Ngäbe-Buglé.
Ha sido una represión salvaje sin mostrar interés alguno por la vida de
las personas. Vamos a sumarnos a la gran movilización nacional de
mañana, 8 de febrero.
Ahí continuó el dirigente bananero vamos a decidir de qué manera
continuamos con nuestro respaldo a una lucha que se ha extendido por
todo el país, y que debe darse a conocer a nivel internacional” aseguró
Benett.
Mientras la noticia de la represión recorre el mundo, una amplia
coalición de organizaciones panameñas exigió al gobierno de Martinelli
cumplir con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, la Ley 41 sobre tierras comarcales y el Convenio
169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.
¹ La empresa canadiense Inmet Mining y el consorcio coreano Korea
Resources, LS-Nikko Copper y Korea Export Insurance (KEIC). La empresa estadounidense de energía AES.
