La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, creada en julio de 2007, entregó al presidente de la República, Rafael Correa, su informe final, en el que concluye que el proceso de endeudamiento del Ecuador, durante el periodo comprendido entre 1976 y 2006, se desarrolló en beneficio del sector financiero y empresas transnacionales, afectando visiblemente los intereses de la Nación. El informe establece responsabilidades y corresponsabilidades de los prestamistas y de autoridades y funcionarios ecuatorianos.
De acuerdo con el informe, “el daño incalculable causado a la economía del país y al pueblo ecuatoriano por el endeudamiento público, omnipresente como sistema de presión-sumisión, y el consecuente compromiso de entregar recursos públicos para su servicio, existan o no disponibilidades, motivó al Gobierno Nacional, a que adopte la decisión primera y, hasta ahora, única en la Región Latinoamericana, de crear una Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), con la intervención de organizaciones sociales nacionales y extranjeras e instituciones de investigación y desarrollo.
La Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público (CAIC), creada mediante Decreto Presidencial No. 472 el 9 de julio de 2007, cumplió con el mandato de auditar la deuda externa e interna contraída por el país desde 1976 al 2006, con bancos internacionales, organismos multilaterales y con grandes potencias.
Durante estos meses, los miembros de la Comisión enfrentaron enormes dificultades para transparentar los entretelones que han existido en la contratación de convenios con el sistema financiero multilateral y el sector privado nacional y extranjero. En el trabajo diario se encontraron con archivos totalmente desordenados, en sitios inadecuados, húmedos, documentos incompletos y la negativa, con pocas excepciones, de funcionarios del Banco Central del Ecuador y del Ministerio de Finanzas de entregar documentos necesarios para el trabajo.
Evidencias de ilegitimidad e ilegalidad
En el proceso de auditoría, la Comisión ha encontrado importantes hallazgos que confirman los indicios de ilegitimidad e ilegalidad presentes en la deuda pública ecuatoriana, que demuestran que el país se convirtió en un instrumento utilizado por los acreedores internacionales para extraer nuestros recursos económicos y ambientales, lesionar nuestra soberanía e incidir en la desinstitucionalización del Estado.
A través de la deuda, los acreedores impusieron condiciones y en contubernio con los diferentes gobiernos de turno provocaron graves impactos económicos, sociales y ambientales. Desde el ochenta en adelante, se destinó altos porcentajes, casi el 70% del presupuesto nacional, para el servicio de la deuda pública, en detrimento del presupuesto destinado a educación, nutrición, salud y programas sociales. De todos los préstamos realizados, sólo el 14% se invirtió en proyectos sociales: agua potable, luz eléctrica, telecomunicaciones, carreteras. El 86% sirvió para pagar deudas.
Violación de Leyes nacionales e internacionales
La Auditoría establece que, en las últimas décadas el sistema de endeudamiento ha sido utilizado no precisamente de acuerdo con los intereses soberanos del país, sino bajo presiones y condicionalidades de los prestamistas. Se ha caracterizado por un manejo poco transparente, que ha derivado en el predominio del pago de amortizaciones, intereses y comisiones en el gasto presupuestario; en la necesidad creciente de nuevos créditos; y, consecuentemente, en la dependencia recurrente del Estado y la economía nacional de fondos provenientes de la deuda pública y privada.
El proceso de auditoría devela los mecanismos de contratación de préstamos, las presiones, la obsecuencia de los funcionarios con los acreedores externos, la renuncia, en los contratos, a toda defensa del país, la sumisión a cláusulas ilegales e ilícitas. Durante estos treinta años, la Procuraduría del Estado no defendió al Estado y apenas se limitó a firmar todo los que escribían los acreedores.
En el proceso de endeudamiento se violaron principios generales del Derecho (tales como el de la buena fe, libre determinación de los pueblos, prohibición de la usura, equilibrio contractual, rebus sic stantibus, derechos humanos, derecho ambiental, entre otros), los pactos internacionales y normas fundamentales del derecho interno.
El resultado práctico es mostrar, a partir de documentos reservados y secretos hasta ahora, cuáles fueron los mecanismos utilizados por los acreedores para endeudar al Ecuador, y probar como los procesos son similares en los demás países. Eso va a mostrar al mundo lo que hasta ahora permanecía ignorado. Ya, en lo que se refiere a la decisión de no pagar más la deuda, esa es una facultad exclusiva del presidente Correa, que decidirá lo que puede ser mejor, de acuerdo con las posibilidades de Ecuador, la oportunidad política y los apoyos que pueda obtener en el respaldo de las acciones que decida iniciar”, concluye el documento que fue entregado este miércoles al primer mandatario.
Para más información: www.auditoriaecuador.org.ec
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