Hace 199 años, un 25 de mayo, en ese mismo lugar, se protagonizaba el primer grito libertario del continente y, en 2008, contradictoriamente se produjo un grito lleno de racismo, odio y discriminación contra representantes de las mayorías nacionales, justo contra quienes liberaron a esta patria del yugo español.
“Hay que matarlo a ese indio decían ellos, todo esto sucedió en presencia del presidente del Concejo Municipal de Sucre, Fidel Herrera, y la alcaldesa Aidée Nava; ellos aplaudían todo lo que nos hacían esos grupos violentos”, denunció el alcalde de Mojocoya, Ángel Vallejos, quien también fue golpeado brutalmente y obligado a andar de rodillas.
El 24 de mayo, el Presidente de la República, Evo Morales Ayma, debería arribar a Sucre para entregar una serie de proyectos y dos ambulancias a cada uno de los municipios del departamento de Chuquisaca; sin embargo, grupos de choque violentos frenaron esa actividad.
A pesar de la intervención policial y militar, cuyos componentes son también en su mayoría de raíz indígena, la fuerza y organización de los grupos de jóvenes que estaban armados no sólo de palos y piedras sino de gases lacrimógenos y dinamita, ocasionaron los atropellos a los derechos humanos.
Las imágenes de violencia registradas en diferentes barrios de Sucre sencillamente fueron desgarradoras: los jóvenes, varios en estado de ebriedad, arremetieron con palos y piedras, a la integridad de campesinos que caían al suelo. No se salvaron mujeres campesinas ni niños.
Reportes médicos aseguran que 35 personas resultaron heridas, pero además los campesinos sufrieron el robo de sus documentos, relojes y el poco dinero que tenían.
El que no salta es llama
De acuerdo a los datos del último censo de población y vivienda, en Bolivia el 63.3 por ciento es considerado como indígena.
Sin embargo, esta realidad no es aceptada por los pequeños grupos que detentaron el poder en los últimos gobiernos neoliberales y que se beneficiaron a través de la corrupción y los negociados.
Los vejámenes y humillaciones de los últimos días no son nuevos.
Durante las sesiones de la Asamblea Constituyente, los representantes indígenas que son el rostro de la Bolivia pluricultural y multilingüe fueron agredidos e insultados en varias oportunidades.
“El que no salta es llama”, “Fuera de aquí, collas de mierda”, “Cruce de llamas con adobes” y otros adjetivos acompañados de agresiones físicas son parte de la historia, pero también de la impunidad.
Así como quedó en la impunidad la muerte de tres chuquisaqueños, ocurrida en noviembre de 2007.
Lamentablemente, desde el año pasado a la fecha, ningún ciudadano o autoridad fue sancionada por la justicia boliviana, aunque de acuerdo a imágenes, testimonios y denuncias se puede identificar a los responsables directos pero también a los autores intelectuales.
Más allá del tradicional: “está en un proceso de investigación” o “actuaremos con la ley en la mano” de algunos representantes del gobierno, no se hizo nada concreto.
El enfrentamiento entre el campo y la ciudad, los blancos y los indios, los k’aras y los t’aras, los oligarcas y los indígenas se acrecienta cada día más, aunque tanto autoridades del gobierno como departamentales, niegan su autoría.
El presidente del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, Jaime Barrón, no descartó que hubiera infiltrados entre los sucrenses que tomaron como rehenes a los campesinos y los obligaron a despojarse de sus camisas y arrodillarse frente a la Casa de la Libertad.
“No debió haberse producido ese hecho. Los hermanos campesinos merecen todo nuestro respeto. Cuando los vi arrodillados los hice levantarse de inmediato, los llevé hasta la alcaldía y los llevé hasta la salida a Tarabuco, porque estaban completamente asustados”, dijo.
Según la candidata a prefecta de ACI-MPC (Alianza del Comité Interinstitucional-Movimiento Poder Ciudadano), Sabina Cuéllar, los indígenas fueron obligados a trasladarse a Sucre para recibir al Presidente de la República bajo amenaza de ser multados con 100 bolivianos.
La Federación de Campesinos de Chuquisaca, al tiempo de solicitar la expulsión de los representantes del Comité Interinstitucional, amenazó con cerrar las válvulas en la localidad de Turupampa y Villa Fernández que conecta con la ciudad capital.
Desde Cobija, el Jefe de Estado se refirió al tema pidiendo a “algunos jóvenes” de “algunas universidades” a recuperar el respeto, la ética y la moral para con los indígenas, campesinos y los más pobres. “Qué clase de universitarios tenemos, no son todos ni en todas las universidades. Es importante mejorar esa ética, esa moral de un joven solidario y respetuoso, que siempre esté atento a los problemas sociales”, manifestó.
Impunidad peligrosa
Más allá de las declaraciones no existe ninguna acción concreta para frenar esta serie de atropellos. El gobierno debe actual amparado en las leyes.
En enero de 2007, en Cochabamba se produjeron violentos enfrentamientos entre grupos de choque organizados por la Prefectura y el Comité Cívico contra campesinos e indígenas, pero no se castigó a ninguno.
Existen evidencias de la participación de ciudadanos y autoridades.
En Santa Cruz, el vicepresidente del Comité Cívico cruceño, Luis Núñez, pidió a los sectores contrarios a las autonomías a “abandonar Santa Cruz o, de lo contrario, atenerse a las consecuencias”.
Ese discurso racista además agregó: “Ellos (los bolivianos del occidente) han venido aquí. Adáptense a nuestra forma de vida que es paz, trabajo y tranquilidad, pero no nos sigan provocando, insultando, denigrando como lo han hecho ayer o aténganse a la consecuencias”, advirtió el cívico.
Miembros de la Unión Juvenil Cruceñista en reiteradas ocasiones agredieron a varias personas en Santa Cruz. La violencia física también estuvo acompañada de atentados dinamiteros, amenazas, persecuciones y otras acciones contrarias a los derechos humanos, pero nadie hizo nada.
En los últimos días en Sucre, el diputado Wilber Flores fue agredido, lo mismo ocurrió con los parlamentarios potosinos Carmen Flores y César Navarro o con la senadora cochabambina Leonilda Zurita.
Si en Sucre ocurren esos hechos de violencia, en poblaciones rurales de Santa Cruz la situación es igual o peor.
Días después del referéndum autonómico en San Ignacio de Velasco, representantes cívicos y el principal dirigente indígena chiquitano agredieron al sacerdote Adalid Vega Veizaga a quien acusaron de ser militante del MAS y contrario al proceso de las autonomías. Al religioso le exigieron que abandone la región y, ninguna autoridad, impuso la ley.
Las agresiones no sólo fueron para campesinos, indígenas o gente común, sino también para ministros y el propio Presidente y Vicepresidente de la República que virtualmente no tienen pisada en algunas regiones del país.
– Alex Contreras Baspineiro es periodista y escritor boliviano.
Documento relacionado:
El Presidente debe imponer orden – Peredo Leigue Antonio
http://alainet.org/active/24239
Más información: http://alainet.org
