“No solo ser líder es un delito, también lo es pensar distinto”, afirma Julián Gil quien fue detenido el 6 de junio de 2018 y se desempeñaba como Secretario Técnico y miembro de las comisiones de Formación, de Economía Propia e Internacional del Congreso de los Pueblos.
Juli como lo nombran familia, amigos y compañeros fue abordado por cinco sujetos de civil y dos uniformados (al parecer de la Policía Nacional) quienes lo introdujeron en un vehículo Sedán particular marca Renault. Lo condujeron al Comando de Policía de Cundinamarca. Desde aquel momento, está privado de su libertad.
El Juez de Garantía ante el cual se presentó el caso dictó el viernes 8 de junio medidas de aseguramiento como lo requirió la Fiscalía. Esta institución lo señala de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional ELN y presenta en su contra cargos de receptación, transporte y tráfico de explosivos y porte de armas; basándose exclusivamente en el testimonio de una persona quien recibe beneficios jurídicos por su declaración.
Julián estará privado de su libertad hasta que se revoquen las medidas de aseguramiento intramural o su inocencia sea comprobada en juicio. Desde el 19 de junio se encuentra en el Establecimiento Reclusión de Orden Nacional (ERON), pabellón de máxima seguridad de la Cárcel La Picota (Bogotá). Su traslado se demoró 11 días por el hacinamiento en el cual se encuentran los establecimientos carcelarios colombianos.
Centenares de personas y organizaciones de Colombia y del mundo están exigiendo su libertad. Julián tendrá que soportar la privación de su libertad sin que ninguna prueba material sea aportada al caso.
¿Por qué ser líder social se ha convertido en un delito en Colombia?
En tiempos donde el Gobierno Nacional habla de Paz, hay un creciente cierre de posibilidades de Participación Política de los sectores sociales que históricamente hemos sido marginalizados. Un ejemplo vivo de ello es la sistematicidad con la cual se ha venido atacando al movimiento social. A todas luces, no se trata de casos aislados o “líos de faldas”.
Primero, el asesinato de defensores de la naturaleza, de Derechos Humanos, de excombatientes y de líderes y lideresas sociales. Segundo, la persecución política caracterizada en montajes judiciales y falsos testimonios, entre otros métodos que estigmatizan y encarcelan a los líderes sociales y militantes que tenemos propuestas políticas alternativas en el país. Tercero, el seguimiento y señalamiento de todas las formas organizativas que la clase popular ha desarrollado para generar condiciones dignas de vida. Con todo esto se evidencia que hay una ofensiva desarrollada por el Gobierno, en sincronía con las disposiciones imperiales de Estados Unidos y el conglomerado financiero internacional, para cerrar todas las posibilidades organizativas, políticas, culturales o económicas que contradigan sus intereses.
Es claro que en Colombia la democracia que rige la vida de la sociedad no es más que una máscara que encubre a un Gobierno fascista que se reparte el poder entre la misma clase oligárquica desde hace un poco más de 200 años.
No solo ser líder es un delito, también lo es pensar distinto, defender los derechos humanos, cuidar la tierra y el agua, leer textos distintos, organizarse con los vecinos del barrio o de la vereda. Hasta tener sueños distintos hoy se hace prueba suficiente para configurar un delito.
Estamos ante un retroceso histórico de derechos, de luchas y de ganancias de los pueblos en el mundo. Por ello es posible decir que la guerra impuesta por el Estado no cesará hasta acabar con todas las expresiones de dignidad que los pueblos en todos los territorios del país vienen expresando.
Esta no es una ofensiva solamente contra la izquierda, las expresiones alternativas o progresistas. Es una ofensiva contra la vida en todas sus expresiones, en donde la clase en el poder sigue imponiéndose sobre los pueblos para usurpar sus territorios, el fruto de su trabajo y, en fin de cuentas, la vida misma.
¿Cuál es tu papel en el Congreso de los Pueblos?
Desde hace un tiempo estoy convencido que solo la organización y la lucha podrán acercarnos a la construcción de nuevas realidades que dignifiquen nuestras vidas. Por ello desde que estaba en el colegio haciendo Secundaria participé en procesos sociales desde procesos eclesiales de base, procesos comunitarios barriales, organizaciones de Derechos Humanos, procesos juveniles y estudiantiles, procesos educativos e investigaciones. He dedicado mi vida a la causa justa de la organización y movilización popular.
Recientemente trabajaba en la Secretaría Técnica del movimiento social y político Congreso de los Pueblos, desde donde aporté en la Comisión de Formación, en la Comisión de Economía Propia y en la Comisión Internacional.
En estos mismos días participaba en el en Pre-Icfes Popular1 “ Vamos por la U Pública”, en la área de Lectura Crítica y Filosofía. Asimismo, en el espacio de Análisis de Realidad, donde junto a otras personas y procesos de base se revisa el acontecer del país, la ciudad y la localidad.
De todas estas experiencias quiero resaltar el compromiso perseverancia y constancia de muchas mujeres y hombres, niños y niñas que se mantienen día a día forjando caminos de barrios y veredas que posibiliten mejores condiciones para la vida. De ellas y ellos he aprendido la necesidad de superar los individualismos y pasar al pensamiento y la acción colectiva.
¿Cuál es el objetivo de la Fiscalía?
Entiendo que la Fiscalía, junto con la Policía y otros entes, busca deslegitimar nuestras organizaciones sociales, populares y comunitarias. Señalar, perseguir y silenciar a todas aquellas voces que se resisten al saqueo de nuestros territorios y optan por la defensa de los Derechos Humanos y de la naturaleza. Es, claramente, una estrategia de muerte que se ensaña en contra de los que optan por la vida. Para esto se valen de asesinatos selectivos, persecuciones, montajes judiciales y estigmatización de las y los líderes a través de medios masivos de comunicación que desinforman y desfiguran la realidad, ajustando el injusto acontecer del país a intereses privados.
Este es un hecho de persecución política que atenta contra mi libertad como persona pero que, sobre todo, busca silenciar a los procesos sociales y organizaciones en las cuales participo.
¿Qué quieres decir a quienes siguen tu caso?
Agradecer a todas las personas y organizaciones nacionales e internacionales que se han solidarizado con mi caso y con todos compañeros y compañeras de Congreso de los Pueblos y otras organizaciones del movimiento popular que hoy somos víctimas de la persecución política.
En estos momentos en que me encuentro privado de la libertad, recuerdo claramente las palabras de una compañera campesina de Boyacá cuando decía: “en todo lugar en que se pare un revolucionario hay esperanza”. Eso he descubierto acá. En medio de tantas personas privadas de la libertad hay esperanza. Pero para mantenerla es preciso luchar todos los días. No basta con pronunciar palabras y grandes discursos, es necesario emprender acciones que transformen el estado de cosas que nos oprimen.
También quiero decir que la cárcel es solo una pieza más de la corrupción estructural del país. Como proyecto resocializador para los “infractores de la ley” ha fracasado y solo revela mucho más que lo que subyace a la ley es un castigo a los más pobres y marginalizados de la sociedad. Es otra forma de estigmatización y segregación de la pobreza.
Debemos seguir trabajando en la unidad de los pueblos, en la construcción de poder y autonomía en nuestros territorios. No podemos desfallecer en la búsqueda de verdaderas condiciones para la vida digna y jamás debemos renunciar a nuestros sueños de país y de humanidad.
Desde este espacio construido por y para el miedo, envío un saludo de compañero a todas las organizaciones hermanas, a todos los pueblos que con la dignidad en alto todos los días forjan nuevos amaneceres. Mando un abrazo grande, siempre adelante en la defensa de la alegría y la esperanza. #EnElBarrioNosVemos
*Fuente: Colombia Informa.
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