El Movimiento Revolución Ciudadana de Ecuador convocó para el próximo jueves una marcha nacional en contra de la persecución política que consideran pesa sobre el expresidente Rafael Correa, acusado de ser el presunto autor intelectual del secuestro del exdiputado opositor Fernando Balda en 2012.
“Es evidente que buscan implicarlo injustamente, buscan destruirlo políticamente”, afirmó el lunes en rueda de prensa la asambleista Doris Soliz, quien calificó de “infame” la acción judicial que se desarrolla en contra del líder de la Revolución Ciudadana, recoge este martes Telesur.
Correa ha rechazado cualquier vinculación en el caso, por no existir pruebas sobre su presunta implicación en los hechos y ser objeto de una persecución política como la que sufre el ex jefe de Estado brasileño Lula da Silva.
Este lunes Correa se presentó ante el consulado de Ecuador en Bélgica para cumplir con la medida cautelar “impuesta por la ilegal e ilegítima vinculación al llamado “Caso Balda”, así lo informó en su cuenta Twitter.
Para el expresidente el proceso en su contra “es una vulgar persecución política, que nunca hubiera podido ocurrir en un verdadero Estado de Derecho, y que, por burda y absurda, jamás prosperará a nivel internacional”, escribió en esa oportunidad en otro mensaje.
El fiscal encargado, Paúl Pérez Reina, solicitó su presentación periódica en la embajada o en el consulado en Bélgica; donde Correa reside desde 2017. Sin embargo, la jueza Daniella Camacho resolvió que debía presentarse ante la Corte Nacional de Justicia en el país meridional.
Para la asambleista Doris Soliz, es “increíble” la petición de la jueza “sabiendo que va a hacer imposible que se presente en Ecuador cada 15 días”, por tratarse de “una persona que desde que dejó el ejercicio de Gobierno reside en Bélgica”.
El Movimiento Revolución Ciudadana respaldó las medidas tomadas por el exdignatario y le exigió que no regrese al país, “sin ninguna garantía del Estado de Derecho, del debido proceso, de una justicia imparcial”.
La Fiscalía de Ecuador pidió este martes a la jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Daniella Camacho, prisión preventiva contra el exmandatario Rafael Correa, en la investigación que se le adelanta por su presunta implicación en el caso del secuestro del exasambleísta Fernando Balda.
La solicitud la presentó el fiscal General Paúl Pérez, luego que el exmandatario no acudiera este lunes a la sede de la Corte Nacional de Justicia en Quito, capital de Ecuador, a iniciar su ciclo de presentaciones quincenales, como indicaba la medida cautelar de Camacho establecida el 18 de junio.
En su lugar, Correa se presentó en la sede del Consulado de Ecuador en Bélgica, país donde reside desde el año pasado. Según el exmandatario, lo amparan la Convención de Viena de Relaciones Consulares, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y la Constitución y leyes de la República de Ecuador.
El fiscal Pérez pidió, además, que se notifique a Interpol mediante difusión de alerta roja para su captura y extradición. El pedido es respaldado por la defensa de Balda.
La defensa del expresidente, por su parte, ha solicitado que se establezca la medida cautelar de presentación en el Consulado de Ecuador en Bélgica.
Correa fue vinculado por Camacho a la investigación del secuestro de Balda el pasado 18 de junio. El exmandatario ha señalado que lo han hecho “sin ninguna prueba” en su contra. Además, catalogó de “imposible de cumplir” la medida cautelar en su contra.
“Fiscal puesto a dedo, vinculación sin ninguna prueba, jueza que se allana al desacato de la Asamblea Nacional, medida cautelar imposible de cumplir, etc. ¿Saben cuánto éxito va a tener esta farsa a nivel internacional? No se preocupen, todo es cuestión de tiempo. ¡Venceremos!”, tuiteó.
El ‘caso Balda’
Según Balda, los raptores eran integrantes de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), que obedecían órdenes de Correa. Pero otra versión señala que eran oficiales de la Dirección General de Inteligencia de la Policía de Ecuador (DGI); de hecho, el principal implicado es Luis Raúl Chicaiza, quien al momento del suceso era miembro activo de la DGI.
Chicaiza es quien ha implicado a Correa en sus testimonios. Dijo que habló dos veces con el exmandatario sobre el secuestro. Sin embargo, su abogado reveló, en entrevista con Ecuador Inmediato, que “no tiene pruebas de presuntas llamadas de Rafael Correa”.
El expresidente Correa ya dio su versión de este caso el pasado 24 de mayo, cuando rindió una declaración libre desde el Consulado de Ecuador en Bélgica. Además, ha denunciado que en este proceso están mezclando elementos de ese secuestro con el proceso de deportación, que se realizó posteriormente contra Balda, quien había recibido una condena de dos años de prisión por el delito común de injuria no calumniosa grave.
