El acto donde el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,
sancionará el Estatuto, programado para el 20 de este mes, no tendrá el
brillo esperado por la gubernamental Secretaría Especial de Políticas de
Promoción de la Igualdad Racial (Seppir).
Después de casi dos décadas de discusión, el Estatuto aprobado por el
Congreso el 16 de junio no dejó a todos conformes.
Es un “texto pálido”, que “además de no contemplar algunas de las
reivindicaciones más importantes de los movimientos sociales, vinculados a
la causa negra”, también “empalidece el aspecto político”, señala en una
declaración el Colectivo de Entidades Negras (CEN).
El CEN se refiere a la supresión de aspectos que “apuntan al
reconocimiento del racismo”, paso que consideran decisivo “para
enfrentarlo de la manera debida”.
Según el gubernamental Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
(IBGE), 50,6 por ciento de la población brasileña se reconoce como negra.
Pese a ello, el término “raza” fue retirado de la mayor parte del texto,
dijo a IPS coordinador general del CEN, Marcos Rezende.
El relator del proceso, el senador Demóstenes Torres, del derechista
Partido Demócratas, sustituyó términos como “racismo” y “desigualdad
racial” por otros como “diferencia o discriminación de origen étnica”.
El senador justificó ese cambio en la concepción genética de que no
existen grandes diferencias entre grupos étnicos.
Asimismo, el activista se refirió a la eliminación de las partes que
establecían cuotas raciales en universidades y partidos políticos e
incentivos fiscales para empresas con más de 20 por ciento de empleados
negros.
“Quieren negar que el color de la piel condiciona el acceso a determinadas
posiciones”, rebatió Rezende.
En 2004 había apenas dos por ciento de estudiantes negros en las
universidades, mientras que en 2006, con la adopción de cuotas en algunas
instituciones, ese porcentaje aumentó a 12,5 por ciento, afirmó.
A su juicio, otros datos relativos a educación y salud pública también
“demuestran que los negros reciben una atención diferenciada y peor”. En
el estatal Sistema Único de Salud (SUS), las mujeres negras y mulatas
reciben menos anestesia que las blancas en los partos normales, afirmó.
Al SUS pueden acceder gratuitamente los 190 millones de brasileños y
brasileñas, pero es utilizado por 80 por ciento de la población.
En el mercado de trabajo la situación se repite. Personas negras con la
misma escolaridad y ejerciendo las mismas funciones obtienen menos salario
que sus colegas blancos.
En términos políticos, la representación de los negros en el poder es
también insuficiente, según Rezende.
La Cámara de los Diputados, por ejemplo, tiene 513 legisladores, de los
cuales 10 por ciento se declaran negros y 33 por ciento mulatos. De 81
senadores, apenas uno se declara negro, recordó.
“La discriminación sufrida por los negros en Brasil es fruto de una
estructura racial existente dentro de nuestra sociedad, que mantiene el
privilegio de unos y la exclusión de los otros”, apuntó el activista.
“Nosotros los negros tenemos mayores dificultades para acceder a bienes y
servicios públicos, al mercado de trabajo, a la enseñanza superior, a la
tierra, y para usufructuar derechos, aunque estén determinados
constitucionalmente”, lamentó.
Según el IBGE, dos tercios de los pobres en Brasil son negros, la mitad de
la población afrodescendiente vive debajo de la línea de pobreza, y un
joven blanco tiene tres veces más oportunidades de llegar a la universidad
que uno negro.
“Esta es la forma de racismo cordial brasileño… nadie es racista, pero
los datos están ahí para comprobar lo que decimos”, concluyó.
Para Ivanir dos Santos, director del no gubernamental Centro de
Articulación de Poblaciones Marginalizadas, aunque el estatuto no tuvo en
cuenta muchas reivindicaciones del movimiento negro, sí contempla temas
“importantes”.
Al reafirmar la libertad religiosa prevista constitucionalmente, el
instrumento asegura el derecho a practicar cultos de matriz africana, dijo
a IPS. Santos destacó que es la primera vez que se hace ese reconocimiento
en un documento oficial.
Otras críticas se refieren a la eliminación de la necesidad de reparación
histórica de la esclavitud y el tráfico de esclavos como crimen
imprescriptible contra la humanidad.
En cambio, el no gubernamental Congreso Nacional Afrobrasileño, que
trabaja en la concientización del movimiento negro, considera que el
estatuto es “el hecho más significativo en términos políticos de estos
últimos siglos”.
Entre otros avances, subrayan la reafirmación de la obligatoriedad de la
enseñanza de la historia de la población de África y negra, como ya está
previsto por la ley.
También celebran que el documento reafirme que los derechos de salud,
vivienda, cultura y otros de la población negra deben ser garantizados por
el poder público federal, provincial o municipal en políticas sociales y
económicas.
El titular de la Seppir, Eloi Ferreira de Araujo, opina que el estatuto es
un “diploma en sí mismo, una ley de acción afirmativa”.
“Después de 122 años desde la abolición de la esclavitud, tuvimos una
victoria extraordinaria”, destacó.
Para el ministro, la crítica sobre la eliminación de las cuotas raciales
no tiene base. El estatuto establece que el poder público adoptará
programas de acción afirmativa para reducir las desigualdades étnicas,
entre los que se cuentan, aseguró, las cuotas.
Ferreira de Araujo minimizó también la eliminación de la palabra “racismo”
o “discriminación racial”, por cuanto el concepto de raza y racismo está
definido en varias partes del texto e inclusive en su nombre.
Algunos sectores del movimiento negro también alegan que el texto no
define exactamente qué son los “remanescentes de quilombos”, como se
conoce a las tierras ocupadas por antiguos esclavos.
El gobierno reconoció 1.345 comunidades de ese tipo y ahora se iniciará el
proceso de demarcación y registro de tierras, y de estudio de iniciativas
para integrar esas comunidades y que tengan acceso a crédito, salud y
vivienda, respondió el ministro.
Por: Fabiana Frayssinet
