Internet se ha convertido en una infraestructura social de vital importancia que tiene un profundo impacto en nuestras sociedades. Somos todos ciudadanos y ciudadanas de un mundo mediado por Internet, ya seamos la minoría que lo utiliza o la mayoría que no lo hace. Internet debe contribuir al avance de los derechos humanos y la justicia social. La gobernanza de Internet debe ser verdaderamente democrática.
Con Internet, se están reorganizando las instituciones públicas, en particular las relacionadas con la gobernanza, el bienestar, la salud y la educación, así como sectores clave como los medios de comunicación, las comunicaciones, el transporte y las finanzas. Se ha transformado la forma en que hacemos muchas cosas, mas los beneficios prometidos para todo el mundo no se han realizado de manera adecuada. Por lo contrario: somos testigos de la vigilancia masiva, del abuso de los datos personales y su uso como medio de control social y político, de la monopolización, mercantilización y monetización de la información y el conocimiento; de flujos inequitativos de las finanzas entre países pobres y ricos, y de la erosión de la diversidad cultural. Muchas decisiones técnicas, supuestamente “neutrales”, en la práctica han fomentado la injusticia social, puesto que las arquitecturas tecnológicas, desarrolladas a menudo para promover intereses creados, determinan cada vez más las relaciones y los procesos sociales, económicos, culturales y políticos.
Las oportunidades para que las mayorías puedan participar en los beneficios reales de Internet y materializar plenamente su enorme potencial, se frustran debido al creciente control de Internet por quienes tienen poder: las grandes corporaciones y algunos gobiernos nacionales. Ellos usan sus posiciones centrales de influencia para consolidar el poder y establecer un nuevo régimen global de control y explotación; y bajo el pretexto de favorecer la liberalización, en realidad refuerzan el dominio y la rentabilidad de las grandes empresas en detrimento del interés público, e imponen la posición predominante de ciertos intereses nacionales en detrimento de los intereses y bienestar globales.
El orden existente de gobernanza global de Internet es inadecuado. Carece de democracia; se caracteriza por la ausencia de legitimidad, de rendición de cuentas y transparencia; por una excesiva influencia de las corporaciones que se traduce en subordinar las instancias regulatorias; y da muy pocas oportunidades para la participación efectiva de las personas, especialmente de los países en desarrollo. Esta situación sólo puede remediarse a través de cambios fundamentales en los mecanismos actuales de gobernanza.
La gobernanza de Internet debe partir del entendimiento de que la interconectividad solo podrá estar al servicio de los derechos humanos y la justicia social, en la medida en que favorezca y apoye el poder distribuido, sobre todo hacia las bases, pero también atravesando las distintas brechas digitales sociales, económicas, políticas. Por lo tanto, para garantizar que Internet no conduzca, en la práctica, a una mayor centralización del poder, se requiere de intervenciones apropiadas en todos los niveles de gobernanza de Internet. La construcción de un marco eficaz para lograr estos objetivos es el mayor reto hoy en día en términos de la gobernanza global de Internet.
En este espíritu, planteamos los siguientes principios. Estos deben ser la base del desarrollo de una Internet que contribuya al avance en todo el mundo de los derechos humanos y la justicia social, y de la reconfiguración de la gobernanza de Internet hacia un espacio auténticamente democrático.
El Internet como Bien Común Global para los Derechos Humanos y la Justicia Social
1. Internet es un medio social clave y, en aspectos cruciales, un bien común global: es un sitio para el intercambio de conocimiento e información globales, un espacio para la libre expresión y asociación, un medio para la deliberación y la participación democrática, un canal para la entrega de servicios sociales y públicos esenciales, y un andamio para nuevos modelos de actividad económica. Por lo tanto, todas las personas del mundo, incluyendo las que no están conectadas actualmente a Internet, deben tener la posibilidad de dar forma colaborativamente a la evolución de Internet a través de procesos apropiados de gobernanza que sean transparentes, democráticos y participativos.
2. Internet debe ser utilizada sólo para fines pacíficos y esto debe ser reconocido por los Estados en un instrumento vinculante y ejecutable.
3. La economía de Internet, al igual que otras áreas de la economía global, debe ser objeto de una recaudación y distribución justa y equitativa de los ingresos fiscales en todo el mundo, reconociendo que la concentración del comercio electrónico internacional basado en el Norte global es una amenaza para los ingresos fiscales del Sur global.
4. Internet debe mantenerse como un espacio público. Cuando surge una divergencia entre la utilidad de Internet para fines de interés público y los intereses particulares de servicios en Internet o de empresas de tecnología, el interés público debe primar, y el servicio debe estar sometido a la regulación como un servicio público.
5. La neutralidad de la Red, y otra formas similares de ‘neutralidad de plataformas’ en las capas superiores de Internet, deben garantizarse con el fin de preservar la diversidad en línea y para evitar los monopolios, ya sea en el contenido o en la prestación de servicios públicos esenciales, en las arquitecturas tanto móviles, como de redes fijas.
6. Para una Internet abierta y descentralizada se requiere la aplicación estricta de estándares abiertos y públicos. Los estándares abiertos permiten la implementación en forma totalmente interoperable por cualquier persona en cualquier tipo de software, incluyendo el Software Libre y de Código Abierto (SLCA). La tendencia a la privatización de los estándares digitales debe frenarse y se deben introducir medidas para garantizar que las normas sean de propiedad pública, y de libre acceso y aplicación.
7. La arquitectura de la computación en la nube debe mejorar la funcionalidad y la eficiencia digital, sin reducir el control y opciones del usuario. También debería permitir a los usuarios tener protecciones legales adecuadas, ya sea a través de las jurisdicciones nacionales o acuerdos internacionales efectivos.
8. Las funcionalidades y servicios básicos o esenciales de Internet, como el correo electrónico, servicios de búsqueda en la web y las plataformas de redes sociales, deben estar a disposición de todas las personas como bienes públicos.
9. Las personas deben ser capaces de disfrutar todos sus derechos y prerrogativas como ciudadanos/as, incluso si eligen no acceder a Internet. El acceso y uso de Internet no debería convertirse en un requisito para el acceso a los servicios públicos.
10. Se debe alentar y fomentar la propiedad comunitaria y sin fines de lucro de la infraestructura, las aplicaciones, los servicios y los contenidos, incluyendo mediante el acceso al financiamiento público y otros medios.
11. El derecho de acceso y de contribuir al desarrollo de Internet, incluyendo su contenido, en particular por parte de los sectores marginados y/o minoritarios, es esencial para el mantenimiento de la diversidad cultural y lingüística y debe ser garantizado mediante la discriminación positiva y la acción afirmativa.
12. Los datos personales y sociales deben pertenecer al individuo o al grupo social respectivo. Se deben establecer marcos de políticas públicas para hacer efectivo ese control y propiedad de los datos digitales.
Un marco de derechos para la gobernanza verdaderamente democrática de Internet
13. Internet debe ser gobernada bajo el reconocimiento de que, en aspectos cruciales, constituye un bien común global. Por consiguiente, todas las capas de la arquitectura de Internet deben estar diseñadas para prevenir la concentración de poder y el control centralizado.
14. Todas las personas tienen el derecho a la libertad de expresión en línea. Cualquier restricción, por motivo de preocupaciones de seguridad o de otro tipo, debe ser para fines estrictamente definidos y de acuerdo con los principios aceptados mundialmente de necesidad, proporcionalidad y supervisión judicial.
15. Todas las personas deben tener el derecho de usar Internet libres de vigilancia masiva. Cualquier vigilancia, por motivo de preocupaciones de seguridad o de otro tipo, debe ser para fines estrictamente definidos y de acuerdo con los principios aceptados mundialmente de necesidad, proporcionalidad y supervisión judicial.
16. A nivel mundial, existe un grave déficit democrático en la gobernanza de Internet. Es urgente establecer plataformas y mecanismos adecuados para la gobernanza global de Internet, que sean democráticos y participativos. Éstos deben estar anclados al sistema de las Naciones Unidas, e incluir disposiciones explícitas para diseñar y habilitar métodos innovadores para la participación continua y profunda de los actores no gubernamentales en los procesos de formulación de políticas. Los actores no gubernamentales participantes deben, a su vez, estar sujetos a requisitos adecuados de transparencia, en particular respecto a sus fuentes de financiamiento, su membresía y sus procesos de toma de decisiones.
17. El derecho a elaborar políticas públicas relacionadas con Internet debe estar únicamente en manos de quienes representan legítimamente y directamente a los pueblos. Si bien existe una necesidad urgente de profundizar la democracia a través de métodos innovadores de democracia participativa, éstos no deben incluir -en nombre de modelo de “múltiples interesados” (multi-stakeholder)- nuevos tipos de poder político formal de los intereses corporativos o particulares.
18. Los sistemas de gobernanza deben basarse en el reconocimiento de que Internet tiene un impacto en la sociedad que la comunidad técnica de Internet, con su singular enfoque en las cuestiones técnicas, no tiene la suficiente legitimidad para determinar.
19. Las leyes de un país o un grupo de países no pueden controlar ni constituir estructuras internacionales de gobernanza técnica ni de política pública. La gestión de los recursos fundamentales de Internet debe ser internacionalizada. Por lo mismo, el control actual por los EE.UU. de la DNS / zona raíz debe ser reemplazado por una nueva institución transparente, responsable y representativa internacionalmente, a cargo de la supervisión de las funciones fundamentales de administración de los recursos de Internet.
20. Cada país debe tener el derecho a conectarse a Internet. Ningún país puede tener la capacidad unilateral de desconectar a otro país o región de Internet.
21. Los derechos de los individuos y los Estados deben ser articulados y protegidos en lo que concierne a Internet, entre otros mediante la creación de mecanismos de aplicación adecuados. Tales mecanismos son necesarios, tanto a nivel nacional como internacional, y deben incluir mecanismos de resolución de conflictos.
Marzo de 2014.
– Coalición Just Net: Coalición por una Internet justa y equitativa
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