Represión militar
Con el fin de contener a las fuerzas populares que han tomado los espacios públicos en protesta por el golpe de estado del pasado domingo 28 de junio, francotiradores apostados en los edificios han disparado contra los manifestantes. Al menos dos de estos últimos fueron heridos por las balas criminales. Las bombas lacrimógenas y los garrotes se han ensañado contra una población desarmada y pacifica.
Además se reportó un muerto, 7 detenidos y desaparecidos, entre ellos el alcalde de San Pedro Sulá. El documentalista venezolano Ángel Palacios, a través de las cámaras de TeleSUR y VTV, confirmó que un trabajador de una empresa llamada Unitel, identificado como Rosel Ulises, de 30 años, resultó muerto luego que un vehículo militar lo atropellara y le pasara por encima, siendo abandonado en la calle en un sector cercano al palacio presidencial en Tegucigalpa.
Palacios, informó además que 7 personas integrantes del sindicato de taxistas de la ciudad, que participaban en el paro general convocado como protesta al golpe, fueron detenidas arbitrariamente y uno de ellos, identificado como Ronnie Javier Figueroa fue herido de bala. Además, el alcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla fue detenido en la madrugada y se desconoce su paradero.
También se supo que la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha emitido una orden de captura para los principales dirigentes popular, entre ellos Rafael Alegría, Carlos H. Reyes, Berta Oliva, Andrés Pavón, Juan Barahona, entre otros ya que son 25 en total y asimismo se dice que serán enjuiciados e investigados por estar al frente de la
defensa de la democracia de esa nación.
Mientras tanto se estrechaba el cerco internacional al nuevo mandatario, Roberto Micheletti, cuya legitimidad aún no ha sido reconocida, dijo que emprenderá una campaña para “demostrar (…) que esto no ha sido un golpe de Estado”, sino “una sucesión constitucional”.
Pero sus argumentos no convencen a organismos como la ONU, la OEA, la Unión Europea, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Grupo de Río, la Alianza Bolivariana de las América (ALBA) o el Mercosur, y Gobiernos como los de Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Cuba o España, que han solicitado la restitución de Zelaya en la Presidencia de su país. Lo mismo han hecho los movimientos y organizaciones sociales.
Declaración de miembros del gabinete de Zelaya
Ante los sucesos de esta última semana en Honduras el gobierno legítimo de ese país hizo saber en un mensaje su respaldo al presidente José Manuel Zelaya Rosales y su disposición a luchar y resistir, organizados y de forma pacífica, junto a miembros de la sociedad civil, obreros, trabajadores, partidos políticos y sociedad en general.
Reiteraron que se mantendrán “atentos para defender la democracia y estamos seguros de que gracias al contundente apoyo del noble pueblo hondureños y de la comunidad internacional restableceremos el Estado de Derecho y se reinstalará el Gobierno de José Manuel Zelaya Rosales electo por el pueblo, para que cumpla su periodo constitucional y continúe su incansable labor en favor del pueblo hondureño.”
Zelaya en la ONU
La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución de condena al golpe de Estado en Honduras y la deposición del Presidente Manuel Zelaya. En el texto se hace un llamamiento firme y categórico a todos los Estados a no reconocer a ninguna otra autoridad en el país centroamericano que no sea la del Presidente Zelaya.
Igualmente respalda los esfuerzos regionales para resolver la crisis política en Honduras. El documento contó con el auspicio de todo las Américas, incluyendo el de Estados Unidos y de Canadá.
La aprobación, considerada histórica por observadores, tuvo lugar antes de que el depuesto presidente Zelaya se dirigiera a la sesión especial de la Asamblea General sobre el quebrantamiento de la democracia en la nación centroamericana.
Zelaya viajó a Estados Unidos este martes para expresar su repudio a los hechos ante la ONU y la Organización de Estados Americanos. Para el jueves venidero ha anunciado su regreso a Tegucigalpa, de donde fue expulsado el domingo. Llegará tras participar en las sesiones de la ONU y de la OEA. Al titular de este organismo, José Miguel Insulza, le hizo extensiva la invitación para que lo acompañe, al igual que a los presidentes que así lo estimen.
“Que me espere el pueblo, que me espere el Ejército y los que quieren sacrificar este sistema” democrático en Honduras, aseguró Zelaya en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) celebrada en Managua.
Equipo periodístico de Telesur fue liberado
Militares golpistas en Honduras liberaron al equipo de Telesur, apresado mientras cubría la represión del Ejército y la Policía contra una manifestación pacífica en las inmediaciones del Palacio Presidencial. La enviada especial de la televisora, Adriana Sívori, reportó al ser liberada que los militares los apuntaron con armas y fueron violentos.
Tras su liberación, Sivorí denunció que fue secuestrada y agredida por autoridades militares de esta nación, asimismo dijo que fue “traslada violentamente y apuntada con fusiles hacia migración.
“Lo que hicimos fue informar al pueblo de lo que está pasando en este país centromericano y por esa razón sin darnos explicaciones fuimos agredidos”, dijo. Informó que fue detenida junto con un equipo de reporteros de AP, una agencia de noticias internacional.
La periodista sostuvo que “cualquier cosa que le pase a los periodistas extranjeros que cumplen con su trabajo en Honduras es responsabilidad del gobierno de facto”.
La corresponsal Madelein García, informó que el General Romeo Vásquez se comunicó con el embajador de Venezuela para pedir disculpas por la detención del equipo y los periodistas de Telesur.
Los periodistas detenidos por los militares golpistas para evitar que se transmitiera al mundo lo que está ocurriendo en Honduras fueron: Adriana Sívori, María José Díaz y Larry Sánchez.
A la enviada especial de Telesur, los militares intentaron quitarle su teléfono celular, para impedir que se comunicara con la sede principal de esta planta televisiva ubicada en Caracas, Venezuela, y poder así informar las acciones represivas contra periodistas y la población en general.
Las razones que alegaron los militares para detener a este grupo de periodistas fue “por razones de seguridad”. “Esto es un atentado a la libertad de prensa, ustedes nos están reprimiendo”, exclamaba Sívori.
La nueva televisora del sur es el único canal internacional que ha transmitido en vivo, y minuto a minuto las incidencias del golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Zelaya. Los medios de comunicación locales privados se han plegado a las acciones subversivas y están transmitiendo programación regular.
Los pocos medios independientes que estaban reportando, fueron clausurados.
