Según los acuerdos firmados el viernes último entre el gobierno constitucional y el régimen de facto, corresponde al organismo legislativo decidir el retorno del mandatario, previa consulta a la Corte Suprema de Justicia.
“Nos apostaremos allí hasta lograr nuestro objetivo”, dijo a la prensa Juan Barahona, líder del Frente de resistencia, que aglutina a decenas de agrupaciones sindicales, indígenas, campesinas, de intelectuales y otros sectores.
Las organizaciones populares denunciaron la posibilidad de que el Parlamento, que apoyó el cuartelazo del pasado 28 de junio, recurra ahora a tácticas dilatorias para extender la presencia de los golpistas en el poder.
José Alfredo Saavedra, quien funge como presidente del Congreso, afirmó que “nadie le puede poner plazos al organismo legislativo”.
Por su parte, el vicepresidente del Parlamento, Ramón Velásquez Nazar, declaró que la mayoría de los diputados están muy ocupados con la campaña por la reelección y tienen programadas reuniones con sus simpatizantes en las comunidades.
“Será hasta el martes que se discutirá el acuerdo porque tenemos muchos compromisos”, dijo Velásquez Nazar y añadió que “el lunes es muy especial para la campaña porque es el Día de los Difuntos y hay que acompañar a la gente a los panteones”.
Hasta ahora se desconoce cual será el resultado de la votación en el Congreso, pero se sabe que la posición del Partido Nacional resulta decisiva porque tiene 54 curules, de un total de 128, y podrían pronunciarse en bloque.
El Partido Liberal, al cual pertenecen Zelaya y el jefe del régimen Roberto Micheletti, tiene 62 legisladores, pero sus posiciones están divididas, mientras que el resto de los escaños se lo reparten tres partidos minoritarios.
Zelaya afirmó que moralmente el Congreso tiene la obligación de restituir el orden democrático existente antes del 28 de junio, aunque siempre existe la posibilidad de que intenten burlar el acuerdo.
“Si el Congreso vota contra mi restitución, eso significaría que fracasaron las negociaciones, que fracasó todo”, advirtió el mandatario constitucional, quien permanece en la embajada de Brasil desde su regreso al país el pasado 21 de septiembre.
