Este evento, donde participan delegados y delegadas pertenecientes a movimientos campesinos, indígenas, ambientalistas, de mujeres, de jóvenes y de otras organizaciones populares, tiene como fin dar continuidad al esfuerzo de articulación de iniciativas y resistencias que, frente al embate de los grandes capitales interesados en el control lucrativo del agua y en su conversión en mercancía, iniciaron desde el año 1997 diversos movimientos afectados por el avance incontrolado de los proyectos hidroeléctricos en toda la región.
Durante las ponencias inaugurales, se apuntaron elementos importantes para comprender la realidad mesoamericana en materia de recurso hídrico. En ese sentido, Ana Ella Gómez, de El Salvador, resalto que Mesoamérica tiene una situación privilegiada en cuanto a disponibilidad de recurso hídrico, con 1064 metros cúbicos anuales per. capita; no obstante, señalo que ese recurso es pésima y desigualmente distribuido puesto que solo el 50% de la población mesoamericana tiene acceso efectivo a agua potable (aunque existen diferencias de acuerdo con cada país). En América Central, unas 12 millones de personas no tienen del todo acceso al agua, lo que las obliga a proveerse dicho liquido, exclusivamente, pagando a corporaciones privadas que cobran precios elevados por el recurso, esto en el mejor de los casos porque muchas personas ni siquiera tienen los medios para pagar.
Actualmente, el agua se usa en su mayor parte para abastecer las necesidades de la agricultura, pero el agronegocio extensivo es el que consume la mayor parte del recurso. Otros usos del agua en la región son: generación de energía hidroeléctrica, uso industrial, turismo y consumo domestico. La mayoría de usos del agua atienden a las necesidades de acumulación de capital a costa del derecho de la población a contar con provisión de un recurso fundamental para la vida humana.
Otro dato relevante es que la disponibilidad de agua se reduce a muy pocas horas por día en toda la región, pues con la excepción de Costa Rica, en otros países como El Salvador y Honduras, el agua esta disponible para amplias capas de la población solo unas 4 horas por día.
Todo esto produce secuelas sociales de enorme impacto negativo, entre ellas la proliferación de enfermedades asociadas a la mala calidad o a la ausencia completa del agua. Enfermedades gastrointestinales e incluso muerte infantil tienen una alta incidencia y están asociadas a la carencia de agua limpia y suficiente.
En este marco, desde los años 90, bajo presión de los organismos financieros internacionales, se vienen produciendo en nuestros países reformas legales tendientes a la mercantilización y privatización del recurso hídrico. Asimismo, la proliferación por toda la geografía mesoamericana, de decenas de proyectos de generación hidroeléctrica, muchos ellos de gran escala como El Tigre (Honduras-El Salvador), Dikís (Costa Rica) y La Parota (México). Estos proyectos desplazan de sus territorios a decenas de comunidades indígenas y campesinas y tienen un enorme impacto ambiental cuyos daños son negados, ridiculizados y/o ocultados por empresarios y gobiernos.
Por otra parte, los acuerdos de libre comercio abren portillos legales para que el agua se privatice y sea tratada como una mercancía y no como un derecho inalienable de los pueblos; es el caso de los TLC con los Estados Unidos pero también de los mal llamados Acuerdos de Asociación con la Unión Europea, que tienen como una de sus prioridades garantizar el acceso para las transnacionales europeas al recurso hídrico abundante en nuestra región; al respecto, cabe recordar que 10 de las más grandes transnacionales del agua son europeas, entre ellas Iberdrola, Unión Fenosa y Endesa.
Toda esta problemática esta siendo analizada con profundidad por parte de los movimientos populares que resisten frente a la recolonización que viven nuestros países frente al gran capital, desesperado en el marco de una crisis global de gran alcance por garantizar la preeminencia de los negocios por sobre los derechos humanos. Mediante talleres, charlas y actividades culturales, las delegaciones participantes esperan consolidar el movimiento regional de resistencia frente a las hidroeléctricas, yendo mas allá al construir espacios que permitan defender el recurso hídrico amenazado por actividades tan diversas como la minería a cielo abierto, el turismo transnacionalizado y el agronegocio contaminante y depredador.
Bajo el lema ¡Aguas para la Vida, no para la Muerte!, estos serán cuatro días de profundizar las estrategias regionales y nacionales para resistir al neoliberalismo y construir alternativas populares que garanticen un acceso libre, soberano, democrático y respetuoso de la vida, al recurso hídrico y a las riquezas que nuestros pueblos tienen pero que son tratadas como mercancías por sobre cualquier otra consideración humana y cultural por parte de las transnacionales y los gobiernos del área que han controlado el aparato estatal a favor de los negocios, no de la población.
