Desde hace años corre la voz entre los activistas de que se modificará la ley que regula a las organizaciones no gubernamentales en Cuba, un soplo de esperanza para quienes se ven forzados a operar ilegalmente a la espera de reglas más flexibles.
Pero funcionarias del Ministerio de Justicia aseguraron en exclusiva a IPS que aún se desconoce cuándo vería la luz un anteproyecto para modernizar la Ley 54/85 de Asociaciones, de 1985, que se ha quedado muy desactualizada con la realidad actual del sector en este país insular caribeño.
La norma “tiene que adecuarse al momento histórico social que vive el país y a los cambios que están sucediendo”, valoró Miriam García, jefa de la Dirección de Asociaciones de ese ministerio, en referencia a las reformas económicas, políticas y sociales promovidas desde 2008 por el gobierno de Raúl Castro.
La funcionaria aseguró que la ley se revisa como parte de un programa nacional para actualizar “un número muy alto de normas”. Pero dijo no estar “autorizada a dar una información tan específica” sobre las propuestas de modificación que ya planteó su dirección.Desde hace años corre la voz entre los activistas de que se modificará la ley que regula a las organizaciones no gubernamentales en Cuba, un soplo de esperanza para quienes se ven forzados a operar ilegalmente a la espera de reglas más flexibles.
Pero funcionarias del Ministerio de Justicia aseguraron en exclusiva a IPS que aún se desconoce cuándo vería la luz un anteproyecto para modernizar la Ley 54/85 de Asociaciones, de 1985, que se ha quedado muy desactualizada con la realidad actual del sector en este país insular caribeño.
La norma “tiene que adecuarse al momento histórico social que vive el país y a los cambios que están sucediendo”, valoró Miriam García, jefa de la Dirección de Asociaciones de ese ministerio, en referencia a las reformas económicas, políticas y sociales promovidas desde 2008 por el gobierno de Raúl Castro.
La funcionaria aseguró que la ley se revisa como parte de un programa nacional para actualizar “un número muy alto de normas”. Pero dijo no estar “autorizada a dar una información tan específica” sobre las propuestas de modificación que ya planteó su dirección.
En 2013, el equipo de García reiteró a las autoridades pertinentes la necesidad de modificar la ley, un problema que asegura que ese despacho ya señaló por primera vez a los 20 años de su puesta en práctica.
Entonces, aconsejaron a las asociaciones inscritas con dificultades específicas a esperar que con los cambios del texto llegasen las soluciones que dificultaban su actividad.
“Sin embargo, luego nos dimos cuenta de que no era el momento porque había otras prioridades” en la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral), que sesionó del 4 al 8 de este mes, reveló la funcionaria.
En el intento por salir de una pertinaz depresión económica de dos décadas, Cuba se transforma con la entrega de tierras ociosas en usufructo, el crecimiento del sector privado en un número ampliado de actividades, el reordenamiento de los servicios de salud y educación, y las aperturas en las políticas migratorias y de inversión extranjera, entre otros.
Para ello, el gabinete de Raúl Castro, que en 2008 sucedió a su hermano Fidel Castro (en el poder desde 1959), informó que hasta abril había aprobado 130 políticas específicas. También fueron emitidas 344 nuevas normas legales de diferentes rangos, se modificaron 55 y derogaron otras 684.
Esa vorágine legislativa se enfoca en diversificar la estatalizada economía cubana, que ahora sufre un bajón porque su principal suministrador de petróleo, su aliado Venezuela, afronta graves problemas internos y contrajo 40 por ciento los envíos de 90.000 barriles diarios de petróleo a precios preferenciales a esta isla caribeña.
Mientras más se aleja el ansiado despegue económico, los activistas de causas como la lucha contra la violencia de género, los derechos de las personas no heterosexuales o la discriminación racial, ven disiparse las posibilidades de que el parlamento analice varios anteproyectos pendientes con antiguas demandas de la sociedad civil.
Para los promotores de los derechos humanos y sociales, resulta decisiva la adecuación a los nuevos tiempos de la Ley de Asociaciones, que califican de “limitada”, “obsoleta” y “burocrática”.
“Es muy difícil el trabajo de cualquier colectivo independiente en Cuba. La imposibilidad de existir como una asociación de la sociedad civil legal obstaculiza crecer en número y que las personas se sientan cómodas en las actividades”, indicó un activista del tema ambiental y de los derechos sexuales, que pidió reserva de su nombre.
Al no tener personalidad jurídica, los grupos fuera del Registro de Asociaciones no pueden tener cuentas bancarias, aspirar a obtener licencias comerciales sin fines de lucro, optar por un sello editorial, comprar locales propios ni contratar el servicio de Internet y correo electrónico al monopolio estatal.
Tampoco sus voces son reconocidas como legítimas por parte de instituciones estatales y gubernamentales, y se les prohíbe el acceso a fondos de la cooperación internacional, precisó el activista, su nombre bajo reserva.
La norma vigente solo permite crear sociedades científicas o técnicas, culturales y artísticas, deportivas, religiosas, de amistad y solidaridad y otras que “se propongan fines de interés social”.
La inscripción puede ser negada cuando las acciones propuestas “pudieran resulta lesivas al interés social” o ya exista otra con objetivos similares.
Personas que han presentado portafolios a la Dirección de Asociaciones remarcaron a IPS que hoy resulta muy difícil lograr la inclusión en el registro.
“Cuando se modifique la Constitución (de 1976 y reformada en 1992), habrá cambios en todo el sistema”, apuntó Vania Rivero, jefa de la Dirección de Relación con Asociaciones del Ministerio de Justicia.
A su juicio, la reforma constitucional anunciada, aunque sin fecha, por el presidente Castro tendrá un efecto de derrame en las otras leyes.
“El principal reclamo de las asociaciones se relaciona con hacer más sencillos los trámites bancarios y tener más ingresos. Quieren ampliar las licencias comerciales, alquilar locales y prestar servicios. La ley hoy permite fuentes como la cuota de los asociados, donativos y pocas tienen permitida la actividad comercial sin lucro”, indicó.
“Las personas a las que se les que se ha negado el registro, tienen algunas opiniones e inconformidades”, apuntó a IPS.
Por el panorama complejo, especialistas divergen a la hora de definir a la sociedad civil cubana.
Los conceptos más amplios incluyen las asociaciones fraternales, culturales y deportivas; sociales de masas; iglesias y congregaciones religiosas; organizaciones no gubernamentales de desarrollo; centros de investigación y publicaciones académicas; movimientos comunitarios; cooperativas, nuevos actores económicos y grupos disidentes.
Se desconocen cifras confiables sobre las iniciativas independientes en activo y las opositoras al gobierno socialista, que de alguna manera son toleradas pero ilegales en el este país con sistema de partido único.
El Ministerio de Justicia tiene inscritas actualmente más de 2.000 asociaciones, de las cuales más de 400 son de carácter deportivo, más de 200 culturales y 1.200 fraternales. Y, en cuanto a su alcance, se reportan 210 asociaciones nacionales, con 411 filiales provinciales y más de 1.600 municipales.
Dentro de otra clasificación, tiene asentadas más de 600 instituciones religiosas, de las cuales más de 500 son espiritistas, 55 evangélicas y protestantes, seis hebreas, cuatro de origen yoruba (religiosidad de origen africano), una islámica y una budista.
La Dirección de Asociaciones atiende actualmente 20 nuevas solicitudes que cumplen con los requisitos de la ley que sigue vigente.
tomado de www.ipscuba.net
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