21 nov. CI.- En medio de un plantón realizado a las afueras del Búnker de la Fiscalía General de la Nación, voceros del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, solicitaron al Gobierno Nacional protección a los líderes sociales. El último fin de semana fueron asesinados 3 campesinos mientras otros 3 sufrieron atentados.
Según el documento radicado por la Marcha Patriótica, en el país se preseta una media de 30 asesinatos por año: 124 militantes de ese movimiento fueron asesinados en 4 años de existencia. Las autoridades no responden.
David Flórez, vocero de esa organización, aseguró que en Colombia se está presentando un nuevo genocidio político: “Hay un elemento sistemático de exterminio, los 124 crímenes demuestran que quieren acabar con nuestro movimiento político”.
De igual manera, Flórez señaló que el país asiste a la reactivación de grupos paramilitares , elemento que se relaciona directamente con la persecusión a la Marcha: “En el norte del Cauca, en límites entre Caquetá y Meta, en Antioquia, en Chocó, los paramiltares están atentando contra las organizaciones sociales”.
Flórez llamó al General Jorge Hernando Nieto, comandante de la Policía, y al viceministro del Interior Guillermo Rivera, a no negar la sistematicidad de los crímenes: “Queremos acciones concretas para frenar el genocidio, nos hemos reunido en múltiples ocasiones con el presidente Juan Manuel Santos, con el ministro Juan Fernando Cristo, con el Fiscal General, pero aún no tenemos soluciones reales”, aseguró.
La estigmatización gubernamental
Los voceros de la Marcha Patriótica denunciaron que el alcalde de San Vicente del Caguán, Caquetá, Humberto Sánchez, hizo falsas acusaciones sobre Erley Monroy, líder campesino de la Zona de Reserva de Lozada-Guayabero asesinado este fin de semana.
Sánchez, integrante del partido de derecha Centro Democrático, acusó sin prueba alguna a Monroy de pertenecer a las FARC y de liderar las extorsiones en la zona.
Aida Avella, presidenta de la Unión Patriótica, responsabilizó a Sánchez del asesinato. Así lo manifestó en su cuenta de Twitter:
_Aída Avella Esquivel @AidaAvellaE
El responsable de la masacre de campesinos en San Vicente del Caguan es el Alcalde del Centro Democrático. Estigmatiza a los pobladores
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La estigmatización gubernamental
Los voceros de la Marcha Patriótica denunciaron que el alcalde de San Vicente del Caguán, Caquetá, Humberto Sánchez, hizo falsas acusaciones sobre Erley Monroy, líder campesino de la Zona de Reserva de Lozada-Guayabero asesinado este fin de semana.
Sánchez, integrante del partido de derecha Centro Democrático, acusó sin prueba alguna a Monroy de pertenecer a las FARC y de liderar las extorsiones en la zona.
Aida Avella, presidenta de la Unión Patriótica, responsabilizó a Sánchez del asesinato. Así lo manifestó en su cuenta de Twitter:
Las FARC se pronuncian
En un comunicado de prensa, el Secretariado del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC rechazaron los asesinatos que se presentan a pocas horas de la firma del Acuerdo Final: “El dolor y la indignación nos han obligado dirigirle esta carta pública, para que usted, también públicamente, haga claridad y siente su posición y compromiso, no con las FARC, sino con el pueblo colombiano en general, con relación al “Plan Pistola” que se viene ejecutando contra dirigentes populares en todo el país”, aseguraron.
El Secretariado agregó que se trata de una situación dramática y preocupante. Este es el consolidado de los hechos relevantes de la última semana:
—Atentado contra Argemiro Lara de Fensuagro en Sincelejo.
—Asesinato de Erley Monroy dirigente Ascal-G en San Vicente Del Caguán, Caquetá.
—Atentado contra Danilo Bolaños, líder de Astracan en Nariño, cuando se disponía a participar en un Cabildo por la Paz.
—Asesinato de Didier Losada Barreto, dirigente campesino en San Juan del Losada, área de San Vicente del Caguán.
—Atentado contra Víctor Hugo Cuéllar en San Vicente del Caguán, Caquetá.
—Acaban de asesinar a Rodrigo Cabrera, hermano del líder de víctimas de Policarpa, Nariño.
El telón de fondo de las amenazas y los asesinatos es la firma del acuerdo final que tendría lugar en la Quinta de Bolívar el miércoles.
