En uno de los temas de debate hay una discusión de fondo que merece un
análisis de mayor alcance. Se trata de la posible inclusión de criterios
de desarrollo sustentable y los sistemas de monitoreo para ciertas
actividades que podrían darse en los futuros acuerdos.
Mitigación nacional
Uno de los nuevos mecanismos que están en la agenda del debate son las llamadas NAMAs, acrónimo en inglés de las Acciones de Mitigación
Adecuadas al País. De acuerdo a este nuevo esquema, los países en vías
de desarrollo podrán recibir recursos financieros de fondos
internacionales a ser creados a tal fin, además de aquellos obtenidos
por los conocidos “mercados de carbono”.
No hay definiciones muy precisas aún respecto de la arquitectura final
de estos nuevos procedimientos pero algo puede adelantarse. Las NAMAs se traducirán en planes o programas nacionales de mitigación (reducción de emisiones de gases de efecto invernadero), y que incluirán acciones y
medidas a ser formulados por los países en vías de desarrollo, y que
deberán registrar ante la Convención. Este nuevo mecanismo se está
creando en función de la recomendación realizada por el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático, en el sentido de que los países
en desarrollo logren una desviación sustancial de la trayectoria de
emisiones esperadas hacia el futuro.
Estos planes nacionales de mitigación podrán incluir tres tipos de
medidas o acciones en función de la fuente de su financiamiento. En
primer lugar estarían las medidas autofinanciadas, es decir, aquellas
que los países lograrán en base a sus propios recursos y esfuerzos
nacionales. En un segundo escalón, las medidas de mitigación propuestas podrían recibir recursos de un fondo internacional especialmente creado para este fin, para financiarlas total o parcialmente (su costo incremental). Finalmente, un tercer nivel incluye las acciones
propuestas en el plan por encima de un cierto umbral de compromiso, y
que podrán generar certificados de reducción de emisiones para ser
comercializadas a través del mercado de carbono.
Estos planes nacionales deberán ser registrados ante la Convención, y
estarán sujetas a un sistema externo de revisión y monitoreo para
asegurar su cumplimiento. Hay dudas respecto a si todas las medidas
tendrán este tratamiento (las establecidas en los tres escalones) o
solamente las que reciban financiamiento internacional por la vía del
fondo especial. En cualquier caso es claro que habrá un control
internacional sobre todas o algunas de las medidas establecidas.
Las fallas del pasado
Uno de los temas cruciales de la estructura de las NAMAs es que, al
igual que como ocurre hoy con el Mecanismo de Desarrollo Limpio, se
requiere que contribuya al desarrollo sustentable del país, o demuestren
co-beneficios ambientales y sociales. En el caso del Mecanismo de
Desarrollo Limpio, se estableció que la evaluación de la contribución a
la sustentabilidad es una decisión nacional. Es decir, es el propio país
anfitrión quien decide cuáles proyectos son elegibles o no, y de acuerdo
a sus propios criterios.
Sin embargo, la fragilidad de los procedimientos establecidos por la
mayoría de los países para determinar esta condición resultó en que
muchos de los proyectos aprobados no resultaran en una contribución al
desarrollo sustentable. Muchos gobiernos, con el ánimo de obtener
recursos adicionales para emprendimientos que se fueran a instalar en
sus países, han otorgado aprobaciones sin análisis demasiado profundos.
En virtud de esto, renace el debate sobre la necesidad de imponer, o no,
estándares internacionales bajo el marco de la Convención. Estos
servirían para determinar cuales proyectos son o no elegibles, o cuales
criterios serán aplicables para esta selección.
Las preguntas
Sumando las dos condiciones –el monitoreo externo de las medidas más la decisión sobre la contribución al desarrollo sustentable- podríamos
estar ante una nueva forma de control internacional sobre parte de los
planes y medidas que adoptan los gobiernos de los países en desarrollo.
Esto abre las puertas a un debate mayor: ¿pueden países soberanos
someterse a un procedimiento de decisión y control internacional acerca
de las medidas que adoptan en sectores estratégicos para su desarrollo,
como puede ser la energía, el transporte o la agricultura? ¿Podría
hacerse en todos los “escalones” o solamente en aquellos en los que las
medidas o acciones reciben el apoyo de fondos internacionales para su
implementación?
Y en caso de una respuesta negativa: ¿cómo van a asegurar los países en
desarrollo que sus actividades en este marco van a contribuir
verdaderamente al desarrollo sustentable, garantizando beneficios
sociales y ambientales?
Desafortunadamente muchos gobiernos de los países en vías de desarrollo no han demostrado ser capaces de asegurarlo bajo el mecanismo de desarrollo limpio, ya que los fondos adicionales obtenidos por esta vía solo han servido para aumentar las ganancias de inversores y empresas, muchas de ellas multinacionales, y sin beneficios adicionales para sus propios gobernados.
¿Será necesario, para garantizar que los beneficios de los fondos
internacionales lleguen a buen destino, que exista un mecanismo de
control internacional como el que se vislumbra en las NAMAs?
Y si llegáramos a la conclusión que sí: ¿estaremos ante las puertas de
un nuevo sistema de gobernanza mundial que vigile la senda del
desarrollo sustentable de los países en desarrollo?
Por ahora no hay urgencia de responder a estas preguntas. En estos días
en Bonn no se estará resolviendo esto definitivamente. Pero sí hay que
irlo pensando porque es posible que en diciembre, cuando se celebre el
encuentro clave sobre cambio climático en Copenhague, se llegue a una
decisión en torno a la arquitectura final de las NAMAs.
– Gerardo Honty es analista de temas energéticos en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). En exclusiva para ALAI desde Bonn (Alemania).
