Haití, se sabe, es el país más pobre del hemisferio. La renta per cápita es una décima parte de la de sus vecinos del Caribe. Fue una de las colonias más rentables para Europa y constituyó en buena medida la fuente de la riqueza de Francia en el siglo XVIII. No ha cambiado su suerte, sólo el amo.
En junio del 2009, el Parlamento haitiano aprobó por unanimidad un aumento del salario mínimo: de 1,75 dólar diario a 5 dólares por jornada de ocho horas. Los propietarios de las fábricas de ropa que maquilan para grandes empresas estadounidenses del ramo como Fruit of The Loom, Hane y Levi’s se opusieron al aumento de 62 centavos de dólar por hora que eso entrañaba. Los documentos filtrados por Wikileaks revelan que el rechazo de esas compañías tuvo el apoyo consistente de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) y de la embajada norteamericana.
Los dueños maquileros comunicaron al Parlamento de Haití que estaban dispuestos a dar un aumento de nueve centavos de dólar la hora a quienes trabajan en la confección de playeras, corpiños y ropa interior para gigantes como Dockers y Nautica. El Departamento de Estado presionó al entonces presidente René Préval para que interviniera. Un cable de la embajadora Janet Sanderson, fechado el 10 de junio del 2009, advierte a Washington: “Una intervención más visible y más activa de Préval puede ser determinante para arreglar la cuestión del salario mínimo y las protestas que se producirán, pero se corre el riesgo de perder completamente el control de los medios políticos”. Dos meses después, Préval negoció con el Parlamento dos niveles de aumento del salario mínimo: 3,13 dólares diarios para los trabajadores de la industria textil y 5 dólares para los de los demás sectores industriales y comerciales.
Tampoco esto satisfizo a la embajada. David E. Lindwall, jefe adjunto de la misión, señaló que un salario mínimo de 5 dólares por día “no toma en cuenta la realidad económica” –¿del país, de las empresas?– y que se trataba de una medida populista para complacer “a la masa de desempleados y mal pagados”. Cabe reconocer que el señor Lindwall algo sabía de la enorme tasa de desocupados del país: 85 por ciento de la fuerza de trabajo.
Tal vez no le interesara el fenómeno “clorox”, nombre de un conocido producto de limpieza, que aludía al dolor estomacal provocado por el hambre que asoló a Haití en el 2008, como si los afectados hubieran ingerido ese líquido. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas estima que 3,3 millones de haitianos, un tercio de la población, viven “en estado de inseguridad alimentaria”. Según un estudio de la Workers Rights Corporation, una familia obrera típica –padre, madre, dos hijos– necesita al menos 13,75 dólares diarios para cubrir los gastos indispensables del hogar. A la Usaid, al Departamento de Estado y a las grandes empresas norteamericanas del vestido les parece muchísimo.
Los cables de Wikileaks testimonian la prolija atención que la Embajada de EE.UU. prestó a la cuestión del salario mínimo a lo largo de 20 meses, de febrero del 2008 a octubre del 2009. En ellos se arguye sobre el supuesto peligro que el aumento salarial entraña para la asistencia de la Usaid a las fábricas de ensamblaje, destinada a aumentar la productividad, no los sueldos. El encargado de negocios Thomas C. Tighe justifica en un cable de fecha 17 de julio del 2009 la negativa de los industriales textiles al aumento: afirma que, según un análisis financiero de la Usaid, “forzaría a las fábricas a cerrar”.
También preocupó a la embajada el impacto político de la batalla por el salario mínimo, en particular las violentas manifestaciones de obreros y estudiantes del 2009. La policía y unos nueve mil soldados de la llamada Misión Estabilizadora de las Naciones Unidas en Haití, que ocupan el país desde el 2004, las reprimieron con idéntica violencia. Con razón, desde luego: las ganancias de Levi’s son intocables.
Las protestas lograron que en octubre del 2010 se estableciera un salario mínimo de 5 dólares diarios en las ensambladoras y de 6,25 en las demás actividades industriales y comerciales. La Usaid, la Embajada de EE.UU. en Puerto Príncipe y la Cámara de Industria y Comercio de Haití siempre agitaron el mismo fantasma: el aumento del salario mínimo conduciría al cierre inmediato de la industria del país y aumentaría el desempleo. Pareciera que no. Como la plataforma Haitiana por un Desarrollo Alternativo declaró en un comunicado de junio del 2009, “las dos cosas son mentiras”.
Por: Juan Gelman
