El proceso de integración de los países de la región viene siendo impulsado con firmeza desde 2005, en especial después de la Cumbre de Mar del Plata, que enterró el Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA, promovida por los Estados Unidos. Esa derrota fue fruto de una amplia movilización y de las luchas de resistencia de los pueblos de la región. Es a partir de lo acumulado en estas luchas que nos vinculamos a la construcción de alternativas soberanas de integración de los pueblos. Este proceso tuvo su momento de síntesis en Cochabamba, en diciembre de 2006, cuando realizamos la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos y decidimos fortalecer los mecanismos de acompañamiento, incidencia y debate sobre los rumbos de UNASUR.
A pesar de que los pueblos obtuvieron esa victoria, las estrategias comerciales, militares, diplomáticas y financieras y políticas de los Estados Unidos continúan amenazando la integración soberana de la región, la cual sigue tensionada por las negociaciones de Tratados de Libre Comercio bilaterales y acuerdos de inversión con los Estados Unidos y la Unión Europea, sumados a los intereses de las corporaciones trasnacionales en la región, minando los esfuerzos de construcción de una complementariedad regional.
Después de la derrota del ALCA, la conformación de una comunidad de naciones, expresada en la UNASUR – Unión de Naciones de América del Sur – viene convirtiéndose en una de las estrategias de los gobiernos para la incorporación soberana de la región en los ámbitos globales y puede convertirse en un espacio de defensa de los sectores populares de los países involucrados. Ese proceso, aunque no tiene todavía una clara definición en favor de los intereses de los pueblos, indica la necesidad de disputarnos el rumbo del mismo, buscando alterar la lógica de los proyectos en curso en áreas como infraestructura, energía, transportes, telecomunicaciones e integración financiera, temas principales de la agenda de UNASUR y sobre los cuales se desarrollan hoy importantes luchas sociales de resistencia.
La constitución de UNASUR debe fortalecer la democracia y los intereses de los pueblos de la región. Las políticas comerciales y de inversión que se adopten regionalmente deben ser dirigidas por la transformación del modelo productivo primario exportador – que expande los monocultivos, agrava la concentración de la tierra, defiende los intereses del agronegocio y de las trasnacionales a ellos articuladas – en una estrategia de desarrollo al servicio de los pueblos, a partir de la construcción de infraestructura orientada por las necesidades locales, nacionales y regionales, garantizando así el equilibrio socio-ambiental y la intangibilidad de los territorios indígenas, de los afrodescendientes y de los pueblos tradicionales. Sobre energía, ratificamos los principios, políticas y programas que constan en la Declaración de Movimientos, Organizaciones y Redes Sociales y Sindicales emitida con ocasión de la Cumbre Energética Suramericana, realizada en Isla Margarita.
Sobre el Banco del Sur, recientemente creado, esperamos que UNASUR incorpore este debate en su agenda como un mecanismo orientado no solamente al financiamiento de un proyecto alternativo de desarrollo en la región sino también con la capacidad de establecer las bases para la superación de las asimetrías existentes entre los países de la región y al interior de los mismos.
Para ello es necesario que, además de los mecanismos efectivos de participación popular y transparencia, los países miembros hagan un esfuerzo proporcional al tamaño de sus economías para la composición del capital del banco, a la vez que establezcan mecanismos ecuánimes para la toma de decisiones. La participación de los países, sin embargo, no debe estar condicionada a la disponibilidad de recursos. En este sentido, cualquier iniciativa de financiamiento al desarrollo necesita romper con la lógica perversa del endeudamiento – sea ella Norte-Sur o Sur-Sur – que hiere la soberanía y auto-determinación de los pueblos. Para garantizar que eso ocurra hay que implementar una auditoría de las deudas de los países de América del Sur y de las Instituciones Financieras Multilaterales que deben ser responsabilizadas por los graves errores cometidos, por el crecimiento de las deudas financieras y de las deudas ecológicas, históricas y sociales de las cuales el Sur es acreedor, además
de rever los tratados de inversión y la participación en instancias como el CIADI.
Desde los movimientos y organizaciones sociales reivindicamos que los gobiernos hagan esa construcción no solamente con trasparencia y participación de la sociedad civil, sin embargo, más que eso, que reconozcan que los pueblos de la región vienen desarrollando procesos populares de integración que fortalecen la presencia de hombres y mujeres del campo y de la ciudad, campesinos, trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios, indígenas, juventud, en suma, toda la diversidad social, racial, étnica y de género de nuestro continente en esta lucha por la ansiada integración latinoamericana y caribeña.
Rechazamos de forma vehemente la violación del territorio de Ecuador por el gobierno de Colombia, que en alianza con el gobierno de Estados Unidos vulneró vergonzosamente la soberanía ecuatoriana y el Derecho Internacional. Por un lado, la utilización del argumento de la “guerra preventiva” y de tecnologías de uso militar norteamericano durante la invasión denuncian, sin sombra de dudas, la intervención del gobierno de Estados Unidos en este episodio. La desestabilización de la región y en particular de los gobiernos que buscan transformaciones profundas para los pueblos de la región, como también la regionalización del Plan Colombia, son algunos de los principales objetivos de la acción militar colombiana. Por otro lado, el rápido y claro apoyo de todos los gobiernos de la región al gobierno de Ecuador es demostración objetiva del rechazo unánime a la actitud de Álvaro Uribe y de los profundos lazos que tanto la historia común como también el proceso integrador van construye
ndo entre los países.
Creemos que las negociaciones de la UNASUR deben avanzar buscando profundizar los lazos históricos y políticos entre los países, lo que incluye la solución de los conflictos por medios pacíficos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y una salida política y de diálogo para la confrontación.
La oportunidad histórica para avanzar en la construcción de la verdadera integración soberana de los pueblos no puede ser desperdiciada, y para tal la transparencia y la participación social son cruciales. Resaltamos que a las vísperas de la firma del Tratado Constitutivo de la UNASUR los pueblos de la región continúan sin conocer su contenido y su Plan de Acción, contrariando la resolución firmada entre los gobiernos en diciembre de 2006, que afirma: “En la interacción con la sociedad civil será llevada especialmente en consideración la experiencia adquirida en la Cumbre Social de Cochabamba”.
A partir de la acumulación propositiva de nuestras luchas de resistencia, nos comprometemos con la urgente construcción de políticas alternativas.
Reafirmamos que la integración regional solidaria no solamente es necesaria, como también urgente.
