El próximo 28 de Octubre la Asamblea General de las Naciones Unidas someterá una vez más a votación una resolución requiriendo del gobierno de Estados Unidos poner fin el bloqueo decretado contra Cuba a partir de 1961. Tal como ocurriera desde 1991 hasta la fecha esa resolución será aprobada casi por unanimidad, ratificando la condena de la comunidad internacional a Estados Unidos y la tremenda soledad en que se debate Washington por causa de una política que no sólo castiga brutalmente al pueblo cubano, sino que también constituye una amenaza para la humanidad en su conjunto.
Conscientes de su naturaleza violatoria de las más elementales normas del derecho internacional y de los derechos humanos, los publicistas del imperio y sus voceros locales han librado, como en tantas otras ocasiones, una pertinaz batalla semántica dirigida a confundir y engañar a la opinión pública mundial. Para ello recurren a un eufemismo: hablan de “embargo” y lo presentan como si fuera un asunto apenas comercial. Ocultan de ese modo que se trata de un bloqueo integral: económico, comercial, financiero y tecnológico, pero también internacional (al penalizar a las empresas de terceros países que comercien con Cuba y obstaculizar las relaciones diplomáticas de este país con el resto del mundo); informático (al impedir el acceso de los cubanos a banda ancha e Internet de alta velocidad); social (al imposibilitar o dificultar el reencuentro de las familias cubanas separadas por la emigración) y cultural, al impedir la libre circulación de artistas, escritores, intelectuales y científicos entre Cuba y Estados Unidos.
Se trata de un bloqueo no sólo ilegítimo a la luz de los más elevados valores de la civilización sino profundamente ilegal, diseñado para poner a Cuba de rodillas provocando hambre, enfermedades y desesperación en la población. En suma: se reitera la bárbara política de sitiar a una ciudad indefensa provocando entre sus pobladores toda suerte de privaciones e infortunios con la esperanza de debilitar su resistencia o precipitar una insurrección generalizada contra sus legítimas autoridades. Política cruel e inhumana, si las hay, que el imperio aplica sola y exclusivamente contra Cuba actualizando su antigua y enfermiza obsesión de querer apoderarse de esa isla, aún a costa de violar mil veces el derecho internacional y pisotear las más elevadas normas éticas que definen la convivencia civilizada de pueblos y naciones.
No existen antecedentes en la historia universal de algo lejanamente parecido al bloqueo contra Cuba, sostenido por Estados Unidos ininterrumpidamente a lo largo de 49 años. Nada siquiera remotamente semejante ha sido aplicado por Washington en contra de numerosos países que, por una u otra razón, mantienen (o tuvieron) serios diferendos con Estados Unidos: no lo hizo por obvias razones con la Unión Soviética y con China, pero tampoco con Vietnam, ni con la Libia de Kadhafi (aún luego de la voladura del vuelo Pan American 103, en Lockerbee, que mató a sus 259 ocupantes y 11 más al caer sobre tierra firme), ni con Corea del Norte, ni con Irán ni con ningún otro país. Sólo con Cuba, que de dulce sueño colonial pasó a ser, gracias a la gloriosa gesta emancipadora del 26 de Julio, dolorosa pesadilla que día y noche agita el sueño de los imperialistas.
Ofuscado por su patológica ambición de apropiarse de una isla irredenta que consideran suya, Estados Unidos incumple la Resolución 63/7, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de octubre de 2008, cuando 185 estados miembros votaron a favor del inmediato levantamiento del bloqueo.2 No sólo la administración de George W. Bush hizo caso omiso de la recomendación emitida por la Asamblea General de la ONU, sino que su sucesor ¡nada menos que el actual Premio Nóbel de la Paz! ha continuado con esa misma política al mantener en vigor las leyes, disposiciones y prácticas administrativas que sirven de sustento al bloqueo.
En efecto, nada se ha hecho, o siquiera se ha dicho, en relación a las leyes de “Comercio con el Enemigo” o de “Asistencia Exterior” que fueron las primeras piezas de legislación con las cuales se dio inició al bloqueo de Cuba. O de la “Ley de Administración de las Exportaciones” para ni hablar, ya que aludíamos a los eufemismos, de la “Ley para la Democracia Cubana”, más conocida como Ley Torricelli. Esta infame pieza legislativa fue promulgada por Bush padre en 1992 y gracias a ella Washington fue autorizado a reforzar las medidas económicas contra la isla, otorgando además sustento normativo a la extraterritorialidad del bloqueo, dado que dicha legislación prohíbe a compañías subsidiarias norteamericanas radicadas en el exterior realizar transacciones con Cuba o con nacionales cubanos, y a los barcos de terceros países que hubieran tocado puertos cubanos entrar a territorio norteamericano durante los 180 días siguientes, entre varias otras restricciones.
Párrafo aparte merece la también eufemísticamente denominada “Ley para la Solidaridad Democrática y la Libertad Cubana”, mejor conocida como la Ley Helms-Burton. Promulgada por Bill Clinton en Marzo de 1996, tiene por objeto extender el ámbito extraterritorial del bloqueo y colocar más trabas que dificulten las inversiones extranjeras en Cuba. La ley limita asimismo las prerrogativas de la Casa Blanca para suspender esa política al paso que establece la posibilidad de presentar demandas en los tribunales de Estados Unidos en contra de los directivos de empresas extranjeras (o sus familiares ) que inviertan en las empresas “confiscadas” por la revolución cubana.
Con estos antecedentes a la vista es evidente que el inocente “embargo” constituye un acto criminal: atendiendo a lo estipulado en el inciso “c” del artículo II de la “ Convención de Ginebra de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio ” el bloqueo califica como un genocidio. Si además se considera la “ Declaración Relativa al Derecho de la Guerra Marítima” (adoptada por la Conferencia Naval de Londres en 1909), el bloqueo estadounidense contra Cuba constituye un acto de guerra económica. En consecuencia: no se trata de un “embargo” sino de un conjunto de disposiciones y políticas que la legalidad internacional tipifica como genocidas y criminales. Por eso la condena al bloqueo es algo que no sólo concierne a los cubanos, sino que preocupa, y mucho, a la comunidad internacional. La pretensión de otorgarle extraterritorialidad a la legislación norteamericana, tan prepotente como absurda, es una amenaza a la paz mundial y un vicioso ataque a la autodeterminación y la soberanía nacionales de pueblos y estados. En línea con esta política la Casa Blanca ha penalizado a numerosas empresas norteamericanas y europeas por realizar transacciones comerciales con Cuba. A raíz de eso pacientes cubanos o de otros países que son atendidos en los centros médicos de la isla no pueden acceder a nuevos instrumentos de diagnóstico, tecnologías y medicamentos porque aún si son producidos (o se encuentren disponibles) en terceros países, las leyes del bloqueo prohíben que sean vendidos o transferidos a Cuba si sus componentes o programas, aunque sea en mínima parte, son originarios de los Estados Unidos.
Desde el punto de vista económico el bloqueo ha causado un enorme daño a Cuba. Cálculos muy conservadores (que subestiman su verdadero impacto) revelan que en términos del valor actual del dólar su monto ascendería a algo más de 236 mil millones de dólares. Esta suma es astronómica si se tiene en cuenta el tamaño de la economía cubana. No sólo eso: también es muy significativa por sí misma puesto que equivale aproximadamente al doble de las erogaciones ocasionadas por el Plan Marshall que Estados Unidos desembolsó para financiar la recuperación de Europa en los años de la posguerra.3 Esa cifra no incluye los daños directos ocasionados por los sabotajes y actos terroristas alentados, organizados y financiados desde los Estados Unidos. Conociendo los grandes adelantos que la revolución cubana obtuvo en terrenos como la salud, la cultura y la educación, es fácil imaginar todo lo que podría haber logrado si no hubiera tenido que lidiar con la tremenda hemorragia económica y financiera generada por el bloqueo. Pero ese era justamente el objetivo que se había propuesto el imperialismo: aplicar esa política para demostrar la inviabilidad de una vía no capitalista de desarrollo y la insanable “ineficiencia” de la planificación socialista y, de ese modo, provocar toda suerte de padecimientos y sufrimientos en la población. En sus alucinaciones los estrategas del imperialismo confiaban en que tales privaciones desencadenarían el tan ansiado “cambio de régimen” en Cuba. La historia se encargó de refutar tales expectativas. Esta misma pretensión desestabilizadora e insanablemente antidemocrática la encontramos en la decisión tomada por el presidente Richard Nixon la misma noche en que Salvador Allende obtenía la primera mayoría en las elecciones presidenciales de Chile en 1970: hacer fracasar a la economía chilena para luego, sobre la frustración y el resentimiento que esto produciría, crear las condiciones que prepararían el camino hacia el golpe militar de 1973.
¿Ha cambiado algo desde el advenimiento de Obama a la Casa Blanca? Muy poco. No se ignora que la nueva administración ha introducido una módica flexibilización en el bloqueo, pero esas medidas sólo modifican algunos aspectos marginales que no cambian el fondo de la cuestión. No obstante, se lanzó una fuerte campaña propagandística tratando de presentar a Obama como el mentor de una nueva política superadora del nefasto legado de los diez presidentes norteamericanos que le precedieron.4 Pero, de hecho, las innovaciones introducidas se limitaron a lo siguiente:
Eliminar las restricciones a las visitas familiares con un límite hasta el tercer grado de consanguinidad de los cubanos residentes en Estados Unidos.
Hacer lo propio con las restricciones al envío de remesas de los cubano-americanos a sus familiares en Cuba siempre con un límite hasta el tercer grado de consanguinidad y excluyendo a los miembros del Gobierno de Cuba y del Partido Comunista de Cuba.
Ampliar el rango de artículos que pueden ser enviados como regalos.
Otorgar licencias para que empresas norteamericanas amplíen determinadas operaciones de telecomunicaciones con Cuba.
En suma, se trata de iniciativas que si bien reparan en parte una grave injusticia, al devolver a los cubanos residentes en los Estados Unidos su derecho de visitar a sus familiares en Cuba el que les fuera arrebatado por el gobierno de George W. Bush son insuficientes y de alcance muy limitado, puesto que no van más allá de la intención de retornar a la situación existente en el año 2004, cuando ya el bloqueo económico estaba en pleno vigor y aplicación.
Por otra parte, y a pesar de que se derogan totalmente las limitaciones a la frecuencia y duración de las visitas arriba mencionadas y de que se incrementa el límite de gastos diarios en que pueden incurrir los visitantes, se mantiene la prohibición de viajar a cubanos residentes en los Estados Unidos que no tengan familiares en Cuba y el insólito atropello al derecho de los ciudadanos norteamericanos de viajar libremente a Cuba, único país del mundo al que su gobierno les impide visitar.
¿Qué se puede esperar de Obama? Lamentablemente poco o nada, y no sólo en el tema del bloqueo sino en las más diversas áreas de las políticas públicas. La razón, expuesta detalladamente en el libro ya citado, es que el actual inquilino de la Casa Blanca sólo controla las palancas marginales del aparato estatal norteamericano. El poder del estado descansa fuertemente en manos del “gobierno permanente” de Estados Unidos, ese entramado que en su formato incipiente mereciera la grave advertencia del presidente Dwight Eisenhower al denunciar, en su discurso de despedida, el ominoso papel que ya estaba desempeñando lo que denominara “complejo militar-industrial.” En nuestros días ese complejo ha crecido de una manera extraordinaria, a un grado tal que no era siquiera imaginable o pensable hace medio siglo atrás. No sólo creció en términos de su gravitación cuantitativa; cualitativamente perfeccionó el grado de articulación entre los diferentes miembros de la alianza y su capacidad de determinar las políticas públicas no sólo dentro de Estados Unidos sino, mediante sus aliados, a lo largo y ancho del imperio En todo caso, las declaraciones del Vice de Obama, Joe Biden, en la así llamada “Cumbre de líderes progresistas” celebrada en Santiago en Marzo del 2009 no permite alimentar demasiadas expectativas: en esa ocasión Biden aseguró que “EEUU mantendrá el bloqueo como herramienta de presión contra Cuba”. Sus palabras no fueron desmentidas ni por la Casa Blanca ni por el Departamento de Estado.
Tiene toda la razón el gobierno cubano cuando señala que “el bloqueo viola el Derecho Internacional. Es contrario a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Constituye una transgresión al derecho a la paz, el desarrollo y la seguridad de un Estado soberano. Es, en su esencia y sus objetivos, un acto de agresión unilateral y una amenaza permanente contra la estabilidad de un país. Constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos de todo un pueblo. Viola también los derechos constitucionales del pueblo norteamericano, al quebrantar su libertad de viajar a Cuba. Viola, además, los derechos soberanos de muchos otros Estados por su carácter extraterritorial.”5
No sólo Cuba reclama el fin del bloqueo. La abrumadora mayoría de los países apoyan su petición. Sin embargo, pese a las anunciadas promesas de iniciar una “nueva política” hacia Cuba y América Latina la administración Obama no ha dado indicio alguno de pretender levantar el bloqueo. Esto actualiza la pregunta que el presidente Chávez formulara en al marco de la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas: ¿cuál es el verdadero Obama? ¿El que dice frases bonitas o el que convalida el golpe de estado en Honduras? Agregaríamos: ¿el que quiere promover el multilateralismo y refundar sobre nuevas bases las relaciones de Estados Unidos con América Latina o el que persiste en sostener el bloqueo a Cuba? Hasta ahora el veredicto de la historia dice que el segundo. No se descarta que pueda cambiar, aunque cada vez parece menos probable. El paso del tiempo juega en su contra.
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1 Sobre los múltiples perjuicios ocasionados por el bloqueo en las más diversas áreas de la vida social, económica y cultural de Cuba véase el muy documentado “Informe de Cuba sobre la resolución 63/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, en http://embacuba.cubaminrex.cu/Default.aspx?tabid=11013.
2 Por cierto, no es la única resolución que Washington ignora. Para un examen detallado de este asunto ver Atilio A. Boron y Andrea Vlahusic, El lado oscuro del imperio. La violación de los derechos humanos por Estados Unidos (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009).
3 Según estimación realizada por el economista argentino Alex Kicillof, “El Plan Marshall estuvo en la base de la Unión Europea”, Página/12, 21 de Junio de 2007. http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/subnotas/6707-2229-2007-06-21.html
4 En realidad, no todos ellos tuvieron la misma actitud. En una de sus reflexiones el Comandante Fidel Castro Ruz sostuvo que “De los Presidentes de Estados Unidos y los aspirantes a ese cargo, solo conocí uno que por motivos ético-religiosos no fue cómplice del brutal terrorismo contra Cuba: James Carter. Esto supone, desde luego, otro Presidente que prohibió el empleo de funcionarios de Estados Unidos para asesinar a dirigentes cubanos. Se trata de Gerald Ford, que sustituyó a Nixon después del escándalo de Watergate.” En Septiembre de 1977 Carter abrió la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Cf. Fidel Castro Ruz, “La sumisión a la política imperial”, 27 de Agosto del 2007.
http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/reflexiones/esp-045.html
5 Ver el “Informe de Cuba sobre la resolución 63/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, ya citado en este trabajo.
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