Antes de las 52 liberaciones de presos anunciadas este miércoles, el diálogo entre el mandatario Raúl Castro y el cardenal Jaime Ortega había alcanzado la excarcelación de un retenido que se encontraba enfermo y el traslado de otros 12 a cárceles ubicadas en sus provincias de origen en Cuba, para que estuvieran mas cerca de sus familiares.
Un comunicado del Arzobispado de La Habana, precisó que “Ortega fue informado que en las próximas horas” cinco prisioneros “serán puestos en libertad y podrán salir en breve para España en compañía de sus familiares”.
“Los 47 prisioneros que restan de los que fueron detenidos en 2003, serán puestos en libertad y podrán salir del país. Esta gestión será concluida en un periodo de tres a cuatro meses a partir de este momento”, añadió el texto.
La liberación de los 52 prisioneros fue comunicada en un encuentro entre el presidente cubano Raúl Castro, el cardenal Jaime Ortega y el canciller español Miguel Angel Moratinos, de visita oficial a la isla.
Los 52 retenidos forman parte del llamado “Grupo de los 75” quienes fueron detenidos los días 18 y 19 de marzo de 2003 y enjuiciados los días 4, 5 y 7 de abril de ese año, en virtud de la Ley número 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba. En vista pública, los tribunales cubanos impusieron sanciones de privación de libertad entre 6 y 28 años.
Los miembros de este grupo han sido denominados como “disidentes”, “opositores políticos pacíficos”, “defensores de derechos humanos” o “periodistas, bibliotecarios y sindicalistas independientes”.
Las campañas anticubanas sostienen que fueron condenados “arbitraria e injustamente” por el simple hecho de “ejercer pacíficamente los derechos de libertad de expresión, opinión y asociación”.
En el 2003, Estados Unidos intensificó exponencialmente el reclutamiento, financiación y utilización de mercenarios en sus pretensiones de socavar la libre determinación del pueblo cubano. Estas acciones incluían el involucramiento directo de sus funcionarios diplomáticos estadounidenses en La Habana.
En vista del citado escenario, el gobierno de Cuba solicitó en reiteradas ocasiones a las autoridades estadounidenses que cesaran estas actividades ilegales, antes de enjuiciar a quienes actuaban ya como mercenarios, sin recibir respuesta a su demanda.
