Declaración política de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular
Con el impulso del reciente Paro Nacional Agrario y Popular donde nos
movilizamos millones de personas a lo largo y ancho del país, hoy nos
reunimos para lanzar la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular. Nos
encontramos miles de hombres y mujeres, líderes de diversos sectores
populares, para compartir reflexiones sobre los logros de la reciente
movilización y para contribuir a la definición de las rutas de encuentro
para avanzar en la unidad del movimiento popular colombiano.
El Paro Nacional Agrario y Popular ha sido un avance para el movimiento
social colombiano, en especial para los sectores campesinos, indígenas y
afros. El Paro representa la movilización más importante y contundente de
los últimos años en el país. Podemos decir con orgullo que por primera vez
en mucho tiempo, las campesinas y los campesinos logramos mostrarle a la
sociedad colombiana nuestro poder de convocatoria para defender nuestra
dignidad y nuestros derechos.
Durante 24 días nos hemos movilizado en veintidós (22) departamentos del
territorio nacional, para expresar nuestra inconformidad por las políticas
de despojo, y desigualdad que se han lanzado contra los más humildes. A la
vez, hemos puesto en discusión democrática una serie de exigencias,
propuestas y soluciones, recogidas en diversos pliegos que recogen
nuestros planteamientos.
Como el país y el mundo bien lo saben, la respuesta del gobierno a
nuestras movilizaciones y planteamientos ha consistido en el excesivo uso
de la fuerza contra civiles desarmados. Frente a nuestros pliegos y justas
demandas, el gobierno respondió con la detención de nuestros líderes, con
la militarización de los campos y las calles, y dándole un tratamiento de
guerra a la justa protesta social. La represión gubernamental deja un
saldo desolador, que incluye la pérdida de 12 vidas humanas, 4 personas
desaparecidas, 660 casos de violaciones a los derechos humanos
individuales y colectivos en todo el país, 262 detenciones arbitrarias,
485 personas heridas, 21 personas heridas con arma de fuego, 52 casos de
hostigamientos y amenazas contra los manifestantes y líderes sociales y 51
casos de ataques indiscriminados a la población civil en diferentes
departamentos del país.
El Paro Nacional Agrario y Popular es una respuesta a la crisis del campo
y del país en general generada por políticas que han empobrecido en
especial a la población rural. Los gobiernos de turno han impulsado un
modelo económico diseñado para favorecer a terratenientes, ganaderos y
empresas transnacionales, desconociendo a las grandes mayorías campesinas,
indígenas y afro. Se han impulsado acuerdos de libre comercio que han
facilitado la importación de productos subsidiados que han quebrado a los
pequeños productores colombianos. Se ha puesto en marcha una política de
impulso a la gran minería transnacional que ha despojado a comunidades,
que ha golpeado a los pequeños mineros, que ha acaparado el agua en las
regiones y ha contaminado nuestros territorios.
Como si fuera poco, el gobierno persigue a los cultivadores que guardan
sus propias semillas para su producción, amenazando gravemente la
soberanía y autonomía alimentaria nacional, y favoreciendo a los grandes
monopolios globales que controlan las semillas y los insumos.
Nuestras propuestas han sido claras. Seguimos insistiendo en avanzar hacia
una política de reforma agraria integral que reconozca los territorios
colectivos indígenas y afro, que dote de la tierra y territorialidad
necesaria al campesinado, y que desmonte los grandes latifundios que han
concentrado la mayor parte de la tierra cultivable. También planteamos la
derogatoria de las leyes que han incentivado el despojo, que han
legalizado los robos de tierras, el desplazamiento, la apropiación
indebida de baldíos y los títulos de tierras falsos auspiciados por
notarios espurios. En lo inmediato, para buscar la salida a la crisis
agraria, insistimos en la necesidad urgente de implementar medidas y
acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria, que incluyan el
desmonte de las políticas de libre comercio, la anulación de los Tratados
internacionales que afecten a los productores nacionales y el avance hacia
una integración justa y solidaria entre los pueblos de América Latina y el
mundo.
En ese marco, nuestros procesos han redactado pliegos que recogen nuestras
propuestas para el campo colombiano. Exigimos tierras para los pueblos que
las trabajan y las cuidan, el acceso a la propiedad y tenencia de la
tierra, reconocimiento al territorio y la territorialidad campesina. Lo
anterior solo se lograra con la adjudicación y dotación de tierras a los
campesinos, indígenas y afrocolombianos. La compra directa de tierras en
cantidad suficiente y de buena calidad y la titulación inmediata de las
tierras baldías que ocupan los campesinos, que cumplen los requisitos para
ser adjudicatarios. También exigimos que se declaren nulas las compras
masivas de tierras que han hecho empresas nacionales y extranjeras
violando la ley 160 de 1994. Detener la política de extranjerización de
tierras y Detener la reformulación del tamaño de la Unidad Agrícola
Familiar (UAF), y en todo caso no disminuir la extensión que actualmente
está definida.
Exigimos que el Estado fije precios de sustentación para la producción
campesina, que se garantice una remuneración efectiva a los productores,
así como precios accesibles para los consumidores. Exigimos la reducción
de los precios de los combustibles, de los precios de fertilizantes,
insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios.
En materia de minería, nuestros pliegos rechazan la gran minería
transnacional, promueven consultas populares para la definición de
proyectos mineros, y la participación de los pequeños mineros en la
formulación de la política agraria. También se plantean condiciones para
la discusión pública de una ley marco de hidrocarburos que reoriente el
manejo de la política petrolera para el bienestar y la soberanía nacional,
y no para el lucro de las grandes empresas.
Exigimos una política de sustitución autónoma y concertada de cultivos de
uso ilícito. Exigimos que se detengan las fumigaciones y la erradicación
manual sobre los territorios, e insistimos que no se debe perseguir ni
criminalizar al campesino cultivador, campesino que no debe ser tratado
como delincuente, sino como víctima de los desaciertos de la política del
Estado.
Luchamos por el reconocimiento político del campesinado. Exigimos que se
adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los
derechos políticos de la población rural, la inversión social en la
población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos
y vías. Creemos que la consulta previa también debe ser un derecho para el
campesinado colombiano.
Las organizaciones, comunidades, pueblos, mujeres y hombres participantes
de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular, rechazamos el Pacto
Agrario impulsado por el gobierno de Santos. Consideramos que es la
reedición del nefasto Pacto del Chicoral que agrupó a los terratenientes
para detener una posible reforma agraria. La gran diferencia radica en que
hoy los grandes propietarios e inversionistas del campo quieren aliarse
con los pequeños productores para apropiarse de su trabajo y de su sudor.
Por esa razón desconocemos al nuevo Ministro de Agricultura, representante
de un modelo de agronegocios que ha sido agente de contaminación
ambiental, despojo, persecución al movimiento sindical y desmejoramiento
de las condiciones laborales de los trabajadores. No creemos que sea la
persona adecuada para impulsar la política agraria que necesita el país.
Seguiremos construyendo nuestros pliegos, mandatos y planes de vida como
camino a la defensa del campo y sus habitantes más humildes.
Hoy es el momento de que se consoliden propuestas desde los distintos
sectores de la sociedad, pero en concreto que el campesinado, los
afrodescendientes y por supuesto los indígenas, desde sus vivencias
construyan espacios y soluciones a sus problemas, es el momento en que
puedan opinar y decidir sobre su futuro. Hoy nuevamente debemos estar al
frente de nuestros problemas, y asumirlos con la valentía y compromiso que
nos da este momento histórico.
Es necesario avanzar en la construcción de la cumbre agraria y popular
teniendo en cuenta que la movilizacion no es algo que haya terminado, es
un proceso que esta en curso, como determinante del ejercicio de soberanía
popular, que siente las bases para el camino de construcción colectiva,
que contribuya a la UNIDAD en la acción de las diversas organizaciones que
confluimos en este espacio
Por lo tanto, buscamos construir el proceso de resistencia y movilización
social para recoger y articular los acumulados de lucha, anhelos y clamor,
de transformación social del pueblo colombiano, para traducirlos en una
propuesta alternativa. Así también buscamos elaborar a partir de políticas
democráticas y populares formuladas en mandatos o leyes, que sienten las
bases de construcción de un nuevo pacto social por la paz y la vida digna,
que recojan los deseos, sueños y anhelos de paz con justicia social de las
colombianas y colombianos de a pie, de la cuadra, el barrio, el pueblo,
municipio, vereda, corregimiento, región, gremio, convite, sector y/o
proceso organizativo.
Es por eso que hacemos un llamado a todos los campesinos y campesinas,
indígenas y afro descendientes de Colombia, organizaciones agrarias y
populares, como también al conjunto de la población colombiana, a que nos
juntemos en la cumbre agraria y popular a realizarse en el mes de octubre
de 2013 en Bogotá con la participación masiva de los diversos sectores
populares y sociales, que permitan construir las propuestas, soluciones
que darán respuesta al conflicto agrario y social que vivimos. Invitamos a
construir nuestra iniciativa de Paz con Justicia Social.
Bogotá, jueves 12 de septiembre de 2013.
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