¿Quiénes deberían elegir y revocar a dirigentes de las empresas de propiedad social?: ¿Los colectivos laborales, dueños de los medios de producción y propietario común en su condición de pueblo, o el Estado que representa al propietario y ejerce el papel rector en la economía? Este es un asunto políticamente concreto en el debate sobre el socialismo. No es nuevo ni se agotará en el futuro cercano, pero vive un momento singular al estar sobre la mesa la “conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista” que el Partido Comunista de Cuba propone a la Nación.
Si bien los “lineamientos” pretenden responder a la pregunta de qué cambios hacer, la “conceptualización” del modelo pretende responder desde qué referentes se encaminan las transformaciones. Si los “lineamientos” describen las formas de resolver los problemas, la “conceptualización” plantea las esencias de estas soluciones, puesto ahora a escrutinio público, permiten abrir una pregunta fundamental: ¿desde qué comprensión del socialismo se traza la ruta?
La “conceptualización” se posiciona en la comprensión de construcción del socialismo la que ha implicado, como práctica histórica, la consagración de un tipo de orden social con prevalencia del Estado. Se trata de un modelo de llegada, una estructura productiva y política poco movible; un orden histórico donde la abstracción de la propiedad social socialista de todo el pueblo se diluye en formas de representación y posesión que niegan esa condición en general, y la de dueña de la clase trabajadora en particular.
Esta comprensión refiere la “coexistencia” de varias formas de propiedad, al tiempo que mide el carácter del modelo por el porcentaje de propiedad socialista prevaleciente, y no por el contenido liberador u opresor de las relaciones sociales de producción que generan las diferentes formas de gestión. Se obvia los tipos de posesión implícitos en las formas de gestión de todo tipo de propiedad.
La “conceptualización” confiere condición de propietarios comunes a la ciudadanía bajo formas no estatales de producción. Esta visión obvia el carácter conflictivo de tal “coexistencia”, dada la apropiación del trabajo ajeno y la enajenación de unas, y los procesos socializadores del poder y los bienes de otras. Tampoco tiene en cuenta el aprendizaje histórico de que un tipo de relación social de producción, con sus formas de propiedad concomitantes, tiende a vencer a la otra. Por tanto, tal “coexistencia” es una ilusión con fecha de caducidad.
Frente a la comprensión que implica la construcción del socialismo se contrapone la de transición socialista. Esta apunta, no a una estructura social fija, sino a un proceso, a un período de contradicciones donde conviven de manera conflictiva relaciones sociales de producción, debido a su contenido antagónico. En él se transita hacia un orden social que no reproduce las estructuras de explotación y exclusión mediadoras entre quienes crean con su trabajo bienes y servicios, y su disfrute tanto de los beneficios materiales como de la gestión de los asuntos públicos. Orden social donde el ser humano, como productora/o y ciudadana/o, alcance su plenitud creadora. Transición de carácter socialista porque entraña políticas socializadoras del poder, la producción y el saber.
Ambas visiones bifurcan el camino, convierten en distintas las rutas políticas a trazar para el orden social cubano. Tómese como concreción práctica de esta diferencia el tema de la propiedad: ¿cómo se resolvería este desde ambas visiones?
En la construcción del socialismo, la propiedad social socialista asume la forma de propiedad estatal, donde el Estado actúa como representante del dueño, que es el pueblo. Desde esta comprensión, el poder económico del pueblo se garantiza en la nominalización misma de la propiedad, al tiempo que se reduce la socialización a la distribución de bienes que resultan del proceso productivo y no a la gestión directa de la propiedad por parte de la clase trabajadora.
Visto desde la perspectiva de la transición socialista, se potencian las condiciones necesarias para que el dueño participe de manera creciente en la gestión de su propiedad, en tanto elije, controla y revoca a sus representantes en el sistema productivo. Desde esta visión, el rol de servidor público del Estado se concreta en facilitar el proceso de socialización del poder para la gestión de la propiedad. Es decir, el asunto sería planteado en términos de propiedad y gestión socialista como par indivisible.
Volvamos a la pregunta de inicio ¿quiénes deberían elegir a la dirigencia de las empresas de propiedad social?
En la estructura cubana actual, la jerarquía en materia de decisión política sobre la producción, cuenta con tres actores fundamentales: el Estado (burocracia política), la dirigencia del sistema empresarial (burocracia económica), y las/os trabajadores (clase trabajadora). El Estado designa y revoca a los directivos, al tiempo que la clase trabajadora cumple las orientaciones. De igual manera, en su rol de representante del dueño, también es de facto poseedor con la capacidad de conceder esa posesión a otros actores en forma de usufructo, arrendamiento, asociación mixta, etc.
La propuesta de “conceptualización” permite ahondar en el debate sobre estas visiones del socialismo y concretar las salidas políticas de cada una de ellas. Veamos algunos ejemplos.
Al rescatar las diferencias entre ambas comprensiones se abren tres posibilidades: a) el Estado designa y revoca a los representantes del propietario para que administre la economía (socialismo de Estado); b) el Estado y los colectivos laborales en cada unidad productiva negocian quiénes serán las directivas/os y comparten el control sobre ellos (cogestión); c) los colectivos laborales eligen y revocan a los directivos/as (autogestión).
En cualquier modelo la representación sería necesaria. Lo distinto es quiénes eligen a las/os representantes, y en consecuencia, a qué intereses responden estas/os, ¿a los de arriba o a los de abajo? ¿A la burocracia, al capital o las trabajadoras/es?
Este rango de posibilidades debe aplicarse a otro énfasis que aparece en la “conceptualización”, el que remarca que el Estado, en su condición de representante del dueño, decide y controla las utilidades de las empresas de propiedad socialista. Añádase como posibilidad que, a) rinde cuenta a la dueña/o; b) administra las utilidades en consulta permanente con este; c) cumple los mandatos que para este fin defina el dueño.
Ante la propuesta de una sociedad socialista próspera – alcanzable a partir del trabajo, la productividad, la eficiencia y el ahorro -, añádasele, con la participación creciente en la gestión política de la producción por parte de los trabajadores/as, como modo inalienable de ejercer su condición de dueña/o de los medios de producción.
Ante el otorgamiento de especial relevancia a la formación de valores en los ámbitos de la actividad económica y social, añádasele, la formación para la práctica política de las/os productoras/es, con base en el bien individual, colectivo y social.
Ante la propuesta de desplegar iniciativas en función del desarrollo socialista que complementa la transformación del sistema empresarial de propiedad de todo el pueblo, con métodos de dirección participativos, sustitúyase por métodos de control directo de las/os trabajadoras/es en la gestión de las empresas.
Ante la propuesta donde las/os trabajadoras/es cumplen los planes, políticas y directivas definidas por el Estado, sustitúyase por la creación de las condiciones para la elaboración conjunta de las mismas.
Añádase como política del modelo la priorización de las formas de propiedad y gestión que aseguren la socialización del poder para la gestión económica, social y política por parte de la clase trabajadora. En las formas de propiedad y gestión planteadas, priorícese las cooperativas. Añádanse a las mismas la cogestión y la autogestión como pilares de la socialización.
La cogestión busca asegurar la participación de la clase trabajadora en la gestión económica, en igualdad de condiciones con el capital y la burocracia. Se organiza desde el puesto de trabajo, pasando por la fábrica y empresa, hasta los más altos niveles de política económica. No es un planteamiento meramente económico, sino esencialmente político, pues busca llevar a la actividad económica en general los mismos principios con los cuales ha de funcionar el sistema democrático en la sociedad. Apunta a sacar al ser humano de su reducida función instrumental de simple fuerza de trabajo, potenciando el derecho a la iniciativa y a la creatividad.
La autogestión constituye una fórmula que supera la cogestión pues con ella se remueven todas las mediaciones entre quienes producen bienes y servicios y el disfrute de sus beneficios. Con la autogestión el carácter de propietario del pueblo en general, y de la clase trabajadora en particular, se realiza a plenitud, entendiendo en la práctica que el propietario es quien posee los amplios poderes de disposición que acompañan a la propiedad. Desde esta perspectiva la política económica se estructura de abajo hacia arriba, en los espacios de integración micro, meso y macro sociales.
Todo este debate nos coloca delante de un asunto vital: la democratización económica. Las relaciones sociales de producción del capital y del socialismo estadocéntrico tienen pies de barro en este terreno. La transición socialista tiene en él un contenido determinante.
Parte importante de lo que podrá encaminar la transición socialista como superadora del dominio del capital está en la democratización de los procesos económicos. Al igual que sucede con la democratización política, no implica la eliminación del poder, de la autoridad, de las normas y los límites, sino la ampliación de sus bases y la transformación de sus formas jerárquicas, profesionales y excluyentes. Tampoco implica el desconocimiento de las líneas de decisión dentro del mundo económico, sino su legitimación democrática.
La democratización económica es el modo de transición socialista a la gestión directa de los productores/as que son dueños/as, sin mediaciones de ninguna índole, rompiendo las dinastías económicas del capital y las representaciones sin control desde abajo del modelo estatista de construcción del socialismo.
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