En su discurso de toma de posesión, Funes prometió la reconstrucción social y económica de El Salvador, con un “gobierno de unidad nacional”. Dos veces invocó el legado del obispo y mártir Oscar Romero, asegurando que el único sector privilegiado por su gobierno serán los pobres. Además se comprometió a luchar contra la corrupción y la evasión fiscal, a racionalizar las instituciones gubernamentales y a mantener una política exterior independiente. De hecho, uno de sus primeros actos como presidente fue reestablecer relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba, dejando a los Estados Unidos como el único país en el hemisferio, sin vínculos formales con La Habana.
El nuevo Presidente ha dicho que establecerá un “Consejo Socioeconómico”, compuesto con representantes tanto de movimientos sociales como del sector privado, encargado de desempeñar un papel consultivo permanente en su administración. También aseguró que este Consejo será un espacio para una real democracia participativa encaminada a la construcción de políticas públicas progresistas. Sin embargo, el peligro radica en que poderosos intereses empresariales podrían marginar la influencia de los sectores populares dentro de la nueva entidad.
Uno de los anuncios más audaces de Funes fue la creación de un “Plan Anticrisis” sobre 18 meses, que será respaldado con la creación de un Banco Estatal de Desarrollo. Éste se orientará a reactivar la agricultura y otros sectores vitales de la economía que están en dificultades. Otras promesas incluyen la creación de 100.000 nuevos puestos de trabajo, el suministro gratuito de uniformes y útiles escolares a un millón de estudiantes de primaria, la construcción de 25.000 hogares para personas de bajos ingresos, y la entrega de los medicamentos necesarios a todos los hospitales públicos y clínicas de salud.
Funes aún no ha elaborado un plan concreto para el fortalecimiento de estas áreas estratégicas a largo plazo y el financiamiento es incierto. Sólo la mitad de los US$ 475 millones del Plan Anticrisis está actualmente financiada, si bien el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha anunciado un préstamo de US$ 500 millones para ayudar a financiar las iniciativas sociales.
Funes ha generado confianza y esperanza en la población, como ningún otro presidente salvadoreño lo ha hecho, lo cual constituye el primer paso vital para “reinventar” El Salvador, como él propone. De hecho, el país necesita con urgencia transformaciones radicales, pero el mandatario no ha prometido, específicamente, cambios estructurales, ya que no sería capaz de cumplirlos. Tampoco será capaz de construir un gobierno de unidad nacional. Es posible que pueda aumentar nominalmente la inversión social en beneficio de los pobres, pero el poder de veto estructural que ejerce el capitalismo global sobre el cambio en El Salvador, junto con la oposición interna de la derecha, harán que la implementación de reformas significativas resulte sumamente difícil.
Para llevar a cabo estas reformas necesarias, Funes ha conformado un gabinete muy capaz y respetado con economistas, tecnócratas, líderes sociales, y funcionarios del FMLN. Pero las dificultades a los planes de su administración provendrán de afuera.
En el plano nacional, el FMLN controla la presidencia y poco más. La derecha todavía domina en la legislatura, en manos de ARENA en coalición con pequeños partidos de derecha. La gran mayoría de los jueces de la Corte Suprema son nombrados por ARENA, mientras que las instituciones gubernamentales clave, como el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría General de la República siguen allegados a la derecha. Es probable que las políticas progresistas se obstruyan sistemáticamente a cada paso.
Los grandes medios de difusión continuarán siendo los portavoces de ARENA y su máquina de propaganda, un arma fundamental para demonizar al gobierno del FMLN. En el ámbito económico, el FMLN se enfrenta a una catástrofe. Los veinte años de corrupción sistemática pesarán fuertemente sobre el nuevo gobierno, hecho que con valentía Funes destacó en su discurso inaugural. En sus últimos tres meses en el cargo, ARENA aceleró sus esfuerzos para vaciar las arcas públicas, dejando a Funes con un déficit fiscal de al menos US$ 1,2 mil millones, o cerca del 6% del PIB.
La recesión económica mundial ha intensificado seriamente la crisis interna actual provocada por años de mala gestión de ARENA. En los últimos seis meses, se han eliminado 40.000 empleos. Las importaciones e exportaciones, así como la recaudación de impuestos, han registrado caídas abruptas, mientras que las remesas de salvadoreños en el extranjero han disminuido en un 8%. En lo que va del año, la economía ya se ha contraído en el uno por ciento. Mientras tanto, las tasas de homicidio han llegado a un promedio de 13 víctimas por día, y los jóvenes salvadoreños se están quedando con menos posibilidades de supervivencia migrar a los Estados Unidos ya no es una opción atractiva.
La forma en que el FMLN enfrente a un país al borde del colapso, no está clara. Ciertos analistas han especulado sobre la supuesta división entre los “radicales” del FMLN y el “moderado” Funes, señalado que éste se verá sometido a la presión de las dirigencias radicales que tradicionalmente dominan el partido. Si bien el FMLN nunca ha sido una fuerza uniforme, Funes no es un ex guerrillero, ni siquiera incluso un militante del FMLN, pero ahora reclama al partido como suyo. Su liderazgo podría ser señal de una política de moderación en aquellas secciones del FMLN que apoyan en gran medida el camino de Funes hacia la reforma. Sin embargo, algunos izquierdistas dentro y fuera de El Salvador han calificado a Funes como un peón neoliberal una afirmación extrema, pero no completamente infundada.
El nuevo Presidente ha dejado en claro que no se interpondrá en el camino de una mayor consolidación neoliberal en El Salvador, particularmente en asuntos relacionados con el comercio. Un ejemplo de ello es el plan “Caminos a la Prosperidad en las Américas”, un esquema económico pro libre comercio para América Latina, elaborado por la administración Bush. En contraste con la tradicional oposición del FMLN al Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con EE.UU. (CAFTA), el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, el ex diputado del FMLN, Hugo Martínez, declaró el apoyo entusiasta de la administración de Funes hacia dicho plan económico estadounidense. La iniciativa, que algunos ven como un proyecto sucesor a la extinta Área de Libre Comercio de las Américas, saluda los “beneficios del libre comercio y de la apertura de la inversión”.
Algunos críticos de izquierda señalan el apoyo de Funes a tales iniciativas, vinculándolo a la influencia del grupo de los “Amigos de Mauricio Funes”. La victoria de Funes tuvo gran ayuda del grupo de Amigos, una especie de grupo de consejeros, que incluye una representación pesada de sectores de negocios que en el curso de los últimos años se alejaron de ARENA debido al clientelismo y el desprecio de los procesos institucionales. Funes y su equipo también han cooperado estrechamente con las instituciones financieras internacionales. A finales de abril, celebraron dos días de reuniones a puerta cerrada con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y el BID, para desarrollar estrategias contra la crisis económica en El Salvador.
Todo esto ha causado preocupación entre algunos sectores de la izquierda salvadoreña, pero esta preocupación parece, al menos parcialmente, equivocada. En medio de restricciones políticas nacionales y limitaciones económicas mundiales quizás aún más estrictas, Funes parece estar decidido a llevar a cabo un difícil acto de equilibrio para acercarse a la “unidad nacional”. El aumento de la inversión social para los pobres es una prioridad, pero El Salvador no goza de abundantes recursos naturales, como los que han contribuido para las inversiones en otros países de América Latina. Es más, el país se encuentra extremadamente dependiente de los mercados mundiales, y en particular de los Estados Unidos.
Así, la derecha transnacional, liderada por EE.UU., tratará de usar esta dependencia para influenciar y moderar las políticas de Funes, para evitar que El Salvador gire hacia la izquierda (en una estrategia que William Robinson califica de “righting of the Left”, o derechizar la izquierda). Esto parece ser parte de una estrategia integral de EE.UU. para afianzar todos los países de Centroamérica como uno de sus últimas esferas de verdadera influencia (a pesar de la presencia de presidentes de izquierda en la región), a través de la consolidación del libre comercio y de políticas de seguridad “integradas”, promovidas por el Plan Mérida, entre otras iniciativas.
Sin embargo, Funes ha prometido, en repetidas ocasiones, seguir una senda moderada en la onda trazada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que da prioridad a “la estabilidad macroeconómica”, junto con la inversión social. La administración de Lula no ha logrado las transformaciones sociales inicialmente esperadas por los movimientos sociales de Brasil, y podría ser que Funes se enfrente a las mismas limitaciones.
Aún así, su administración parece tener la intención de tratar de equilibrar su cercanía “estratégica” con Washington y las instituciones financieras internacionales, con una vinculación más autónoma con vecinos de América Latina. Lula ha ofrecido asistencia en energía y desarrollo y, actualmente, promueve las negociaciones sobre comercio regional y energía entre Centroamérica y el Mercosur. Y en una visita pre-inaugural a Venezuela, Funes y Hugo Chávez acordaron establecer una “comisión bilateral” para evaluar el ingreso de El Salvador a Petrocaribe, junto con la cooperación energética, económica y social entre los dos países. Mientras tanto, las relaciones restablecidas con Cuba podrían proporcionar ayuda urgente en la atención de la salud y campañas de alfabetización en el país centroamericano.
Esta histórica transferencia pacífica del poder en El Salvador refleja la consolidación de la democracia “formal”, pero el cambio social de fondo y la verdadera democracia están todavía un poco más allá del horizonte. Sus años como una organización guerrillera y décadas como un partido de la oposición han dejado al FMLN como una organización política predominantemente jerárquica. A partir de su enorme red de bases, el partido tendrá la posibilidad de trabajar para convertirse en una institución que facilite la participación democrática en la toma de decisiones gubernamentales.
Funes estará bajo una intensa presión de una multitud de intereses para reducir la influencia de los diversos movimientos sociales en El Salvador y para deshacerse de su prometida opción preferencial por los pobres. A pesar de inevitables errores, y los discursos “desestabilizadores” de los críticos, el pueblo salvadoreño tendrá que dar un apoyo masivo, si bien crítico, al gobierno de Funes, para el fortalecimiento de los caminos hacia el verdadero cambio.
Aun si Funes fuera capaz de aplicar las políticas que propone, corre el peligro de limitarse a dar estabilidad a un orden social injusto, sin desmantelar las causas profundas de la injusticia a través de reformas económicas estructurales y la democracia participativa. Si el país se acomoda al statu quo, existe el peligro de que ARENA vuelva al poder después del gobierno Funes.
Sin embargo, Funes y el FMLN tienen una oportunidad sin precedentes para construir un verdadero modelo salvadoreño de relaciones socio-económicas y políticas basadas en la solidaridad. Por ahora, este modelo es un sueño, pero el gobierno del actual mandatario ha proyectado al pueblo salvadoreño la esperanza de que este sueño, algún día, pueda hacerse realidad.
– Danny Burridge vive y trabaja en San Salvador como coordinador local para el Volunteer Missionary Movement (VMM).
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