1. El FNRP NO ha reconocido el régimen de facto de Porfirio Lobo Sosa en concordancia con los hechos graves que persisten desde el 28 de junio de 2009, y ante su propio testimonio de llamar golpe al golpe en comparecencia pública realizada en Madrid, en la última cumbre Europa – América Latina.
2. Tomando aquella declaración en su total contexto, la tarea principal de la Comisión de la OEA, antes de hacer cualquier recomendación de apresurado reconocimiento legal del Estado Hondureño, es acompañar el desmontaje de la estructura golpista que obstaculiza la lucha democrática del pueblo, crear las condiciones suficientes para el retorno de Manuel Zelaya Rosales y las personas expatriadas tras el golpe de Estado y, también, acompañar el proceso hacia la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que defina un nuevo Pacto Político en Honduras.
3. El 28 de Junio de 2009 el orden constitucional y democrático del país fue roto por una conspiración civil – militar, que violentó totalmente la jurisprudencia nacional y las normas del derecho internacional, como consta en las resoluciones de la Asamblea General de la OEA y de la ONU, que exigieron la reinstalación inmediata e incondicional del régimen democrático. Estas resoluciones no fueron revertidas por los Estados parte pero tampoco cumplidas por el régimen de facto que asumió el poder en Honduras.
4. Los derechos humanos fueron violados en forma sistemática a partir de la expatriación violenta del Presidente Constitucional de la Republica, José Manuel Zelaya Rosales, quien todavía a esta fecha no goza de condiciones mínimas de seguridad personal, jurídica y política para retornar a Honduras desde su exilio forzado en República Dominicana; del mismo modo, cerca de 200 hombres y mujeres no pueden hacer lo mismo por la persistencia de las condiciones de amenaza, persecución e intimidación en su contra, que impiden un retorno incondicional y seguro.
5. El régimen de Porfirio Lobo Sosa, resultante de un proceso ilegal e ilegitimo, de elecciones generales militarizadas, sin libertad de expresión para la oposición, sin observación internacional calificada de la OEA, ONU y UE, únicamente con supervisión de individuos y asociaciones regionales implicadas en la conspiración local, con claras motivaciones políticas e ideológicas para producirle legitimación al Golpe de Estado, ha burlado la buena fe de los países del mundo y de los organismos multilaterales.
6. Fue un grave crimen político haber impuesto elecciones en las condiciones descritas y más grave todavía es mantener la estructura golpista en la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía del Estado y el propio Poder Legislativo.
7. El Señor Porfirio Lobo Sosa en su condición de presidente de facto ha reconocido que en Honduras hubo un golpe de Estado el 28 de junio 2009 y, en consecuencia, admite que las elecciones del 29 de noviembre de 2009 no procedían, que su situación presidencial es de hecho y lo que es conducente, entonces, es una Asamblea Nacional Constituyente para refundar de forma pacífica la institucionalidad del país.
8. No haber actuado en coherencia agravó más la situación política, económica y social hasta nuestros días, pues no fueron relegados del gobierno los militares corresponsables del rompimiento institucional, más bien el régimen continuador del golpe les amplió sus poderes instalando a los jefes de la Junta de Comandantes en la Dirección General de Aeronáutica Civil, Dirección de Marina Mercante, Dirección General de Migración y Extranjería, Instituto de Mercadeo Agrícola y Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, garantizando con ello la impunidad en crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos.
9. El carácter sistemático de las violaciones de los derechos humanos desde junio 2009 hasta la fecha está documentado ampliamente por el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras (COFADEH), otras organizaciones de la Plataforma de Organizaciones de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), grupos especializados de trabajo de la ONU y organizaciones internacionales europeas y de América. Persisten las prácticas de eliminación física selectiva, detenciones arbitrarias, vigilancia y seguimiento, intimidación y amenazas contra integrantes del FNRP.
10. En este contexto, la estructura de facto que conduce el país pretende imponer la unidad nacional y la reconciliación con personas de todos los partidos que participaron en apoyo al golpe de Estado en el proceso electoral y, por ejemplo, el portavoz de Porfirio Lobo Sosa ante la Comisión de la OEA es el señor Arturo Corrales Álvarez, quien es uno de los principales promotores del Golpe de Estado y sirvió, al mismo tiempo, como emisario y representante del régimen espurio de Micheletti.
11. La Comisión oficial de la Verdad integrada para el esclarecimiento de los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio de 2009 NO es reconocida por el FNRP, porque tampoco fue reconocido el Acuerdo San José – Tegucigalpa del que pretenden derivarla. La única que el Frente reconoce es la Comisión de Verdad, constituida por la Plataforma de Organizaciones de Derechos Humanos, para dar voz a las víctimas del golpe de Estado.
12. La Corte Suprema de Justicia golpista, no conforme con el zarpazo a la democracia en nuestro país, despidió arbitraria e ilegalmente a magistrados y jueces por el solo hecho de manifestar su oposición a las actuaciones irregulares, manipulaciones, y malas acciones de los mismos magistrados que emitieron orden de captura contra el presidente constitucional a la 1:00 a.m. del 28 de Junio.
En consecuencia, expresamos lo siguiente:
a) Exigimos a la Comisión de la OEA que admita el presente posicionamiento y que antes de emitir juicios sobre la situación en Honduras y hacer recomendaciones a la Asamblea General, escuche a todos los actores relevantes para su investigación, entre ellos el Frente Nacional de Resistencia Popular, con el fin de que existan todos los elementos de juicio sobre este crimen del golpe de Estado y que los asesinatos no queden impunes.
b) Nos oponemos por principios éticos y políticos al reconocimiento del régimen de facto de Porfirio Lobo Sosa para su reincorporación a la Asamblea General como lo exige el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es promotor del golpe de Estado, por persistir todos los hechos condenables referidos en este posicionamiento y, además, por permitir este régimen la instalación de dos nuevas bases militares estadounidenses en nuestro territorio para lanzar su estrategia geopolítica imperialista contra países de la región.
c) Demandamos que la Organización de Estados Americanos, en el espíritu de su Carta Democrática y los fundamentos que la llevaron a suspender a Honduras de su seno el 4 de julio de 2009, exija como condición previa el pleno cumplimiento de la resolución que manda la restauración de la democracia en el país y evite tomar resolución sobre Honduras bajo presión de las mismas fuerzas que planificaron, ejecutaron y gerenciaron el golpe de Estado.
d) Rechazamos cualquier manipulación mediática, religiosa, diplomática o militar que tienda a ocultar el estado de indefensión en que vivimos los hondureños, y condenamos a aquellos países cuyos gobiernos o agencias de cooperación oficiales ejercen presiones para el reconocimiento legal del régimen represor y anti democrático, sin ocuparse de enmendar las condiciones que lo definen como tal.
e) Solicitamos, con todo respeto, que entre las recomendaciones que emanen de esta Comisión de la OEA , se incluya el desmantelamiento del aparato militar-policiaco-paramilitar que hoy asesina, desaparece, tortura, intimida y coacciona a los ciudadanos de este país; al mismo tiempo, que establezca como condición de obligatorio cumplimiento el regreso de Manuel Zelaya Rosales y todos los expatriados con garantías para su seguridad física y moral, en procesos que sean vigilados al menos durante un año por la comunidad internacional.
f) Al mismo tiempo, pedimos que la Comisión recomiende a la Asamblea General el respeto a todas las organizaciones y movimientos que conforman el Frente Nacional de Resistencia Popular, que cese la persecución por motivos políticos contra sus dirigentes y militantes, y que se ponga fin a la persecución judicial de los miembros del Gabinete de Gobierno de José Manuel Zelaya Rosales.
g) Nos oponemos rotundamente a que este gobierno, continuación del régimen de facto, sea reincorporado a ningún organismo internacional o multilateral, especialmente aquellos continentales y regionales, hasta que se haya cumplido con las resoluciones citadas en párrafos anteriores de este documento.
h) Pedimos a la OEA que denuncié sin temor y con toda claridad todas las presiones que está recibiendo, así como su procedencia, para legitimar al régimen continuador del Golpe de Estado, recordando que este organismo nunca puso en duda la naturaleza del acto de fuerza que cercenó la posibilidad del pueblo de Honduras de participar libremente en la construcción de su historia.
Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Popular
