El no gubernamental Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Cofadeh) presentó su primer informe al respecto desde el golpe de Estado contra el hoy depuesto presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio.
“Tras un plazo prudencial, decidimos hablar frente al silencio mantenido por este régimen de facto”, dijo a IPS Bertha Oliva, coordinadora de Cofadeh. “Podemos sustentar los hechos que presentamos. Estoy indignada y preocupada por lo que sucede en este país.”
“La democracia latinoamericana ha sido objeto de un zarpazo y nosotros no somos tumba de nadie”, agregó Oliva.
Al amparo del toque de queda impuesto el 28 de junio, y hasta el 11 de julio, se registraron 1.155 violaciones de derechos humanos, de las cuales 1.046 fueron detenciones ilegales, según el informe de Cofadeh.
Entre los hechos denunciados por la organización figuran amenazas, agresiones, lesiones y abusos que derivaron en al menos dos muertes. El informe menciona, además, atentados contra la libertad de expresión.
Oliva informó que su organización se apresta a solicitar medidas cautelares para la protección de la comunidad “Guadalupe Carney”, integrada por 400 familias en la región de Silín del departamento de Colón, en la costa del océano Atlántico (mar Caribe), donde “la intimidación militar es constante y en ascenso”.
“El toque de queda para nosotros fue de zozobra permanente”, dijo a IPS Erly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán. “Los militares nos pasan intimidando. En las celdas de Tocoa (principal ciudad de Colón) las personas detenidas no cabían y las llevaban a una cancha deportiva. Luego las soltaban. Eso es una intimidación.”
En Colón, el toque de queda comienza más temprano que el resto del país, pues, según la policía, el departamento sufre gran violencia e inseguridad por ser un corredor del narcotráfico. “Pero nosotros no somos narcotraficantes”, sostuvo Banegas.
Este jueves, el gobierno de facto dictaminó un nuevo toque de queda nocturno, ante los bloqueos de carreteras y otras medidas “radicales de presión” convocadas por simpatizantes de Zelaya agrupados en el Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado.
Juan Barahona, del Bloque Popular y miembro del Frente de Resistencia, dijo a IPS que estas acciones se prolongarán hasta este viernes, y que incluyen un “bloqueo solidario” con grupos campesinos de El Salvador y Nicaragua para cerrar el paso al transporte en la frontera.
Horas antes de las movilizaciones, Micheletti había condicionado su renuncia a la presidencia de facto a que su antecesor no retornara al poder.
“Estoy dispuesto” a renunciar “sin retorno (…) del ex presidente Zelaya” a su cargo, siempre que esa decisión sirva “para que haya paz y tranquilidad en el país”, dijo el miércoles de noche a la prensa en la sede de la presidencia.
Micheletti manifestó confianza en el diálogo entre la delegación del gobierno de facto y el depuesto, que se reanudará este sábado en Costa Rica con la mediación de Óscar Arias, el presidente de ese país.
Arias contradijo a Micheletti al reiterar este jueves que cualquier acuerdo deberá incluir el retorno de Zelaya a la presidencia hondureña.
La presidencia costarricense confirmó el miércoles en un comunicado la asistencia de las delegaciones, que se reunirán en la residencia de Arias. La reunión “podría extenderse” hasta el domingo, añadió.
En sus declaraciones de este jueves, el mandatario costarricense sostuvo que también se estudia la posibilidad de que Zelaya presida “un gobierno de conciliación” por los seis meses que le restan a su mandato, y que podría incluir a ministros opositores y dictar una amnistía a los golpistas.
Arias acotó que, de todos modos, Zelaya “deberá abandonar su pretensión” de someter a consulta popular la posibilidad de ser reelegido, posibilidad vedada por la Constitución hondureña.
La disposición anunciada por Micheletti a abandonar el cargo con la condición de que Zelaya se mantenga alejado del poder disparó en Tegucigalpa diversas versiones de una “tercera opción” como solución a la crisis política.
La “primera opción” consistía en el retorno condicionado de Zelaya, quien carece por completo de apoyo en el parlamento y otras instituciones del Estado, e incluso dentro de su propio grupo político, el gobernante Partido Liberal.
La “segunda opción”, descartada en el parlamento y por las autoridades electorales, implicaba adelantar los comicios generales y locales previstos para noviembre de este año, e incluía librar a Zelaya del juzgamiento por algunos delitos de los que se lo acusa. La “tercera opción” consistiría en la renuncia de Micheletti y el no retorno de Zelaya. El presidente del Poder Judicial asumiría la jefatura del gobierno hasta que se instale en enero próximo el que la ciudadanía elegirá en noviembre, tal como prevé la Constitución.
“Esa opción sería en caso extremo”, dijo a IPS un ex asesor de Zelaya que solicitó reserva sobre su identidad. “Todo va a depender de la mediación en Costa Rica. Esperamos que allí cedan las tensiones. Según la Constitución, la sucesión al presidente del Poder Judicial es legal, pero no resuelve el problema de fondo, que es el retorno a la institucionalidad.”
